En agosto de 2021 el FMI emitió la mayor asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) de la historia: alrededor de 456.000 millones de DEG, el equivalente a USD 650.000 millones. Los DEG son un activo de reserva internacional, creado por el FMI en 1969 para complementar las reservas oficiales de sus países miembros (véase Al interior de las instituciones, ¿Qué son los derechos especiales de giro?). Estos sirven como unidad de cuenta del FMI (véase el Observador de Otoño de 2021).
Aunque los USD 650.000 millones no alcanzaron la asignación de USD 3 billones por los que abogaron las redes mundiales de deuda en febrero de 2021, los DEG han ayudado en gran medida a los países de ingreso bajo y medio a financiar su recuperación económica de los impactos económicos, sanitarios y sociales producidos por la Covid-19. Muchos países de África, como Ghana, Malawi y Senegal, han podido utilizar sus asignaciones de DEG para financiar programas para enfrentar el Covid-19, adquirir vacunas, abastecer sus reservas de divisas y apoyar a sus sectores económicos productivos.
Sin embargo, los DEG se distribuyen en proporción a la participación de los países miembros en las cuotas del FMI (véase Al interior de las instituciones, La toma de decisiones y la gobernanza del FMI y el Banco Mundial). Utilizando este sistema desigual, los países del G20 recibieron el 70% de los DEG, mientras que los países en desarrollo, que necesitaban urgentemente liquidez, recibieron sólo el 30%. La región de África recibió solo USD 32.300 millones de la asignación de USD 650.000 millones. Esta situación grotesca es la razón por la que el Sur Global continúa pidiendo una reforma del FMI, especialmente del sistema de cuotas y las reglas de reparto de DEG desiguales (Dispatch Annuals 2021).
Los actuales debates opacos sobre el diseño y la puesta en práctica entre los países contribuyentes al FFRS y el FMI, que se han caracterizado por la falta de consultas con la sociedad civil, no inspiran confianza de que los países necesitados se beneficien de los DEG canalizados.Tirivangani Mutazu, AFRODAD
Las propuestas de ‘canalización’ de los DEG requieren un enfoque equitativo
En octubre de 2021 el G20 se comprometió a ‘canalizar’ USD 100.000 millones de sus DEG a países de ingreso bajo, pequeños estados insulares en desarrollo y países de ingreso medio vulnerables al clima. Las propuestas actuales de canalización incluyen el Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (FFCLP) del FMI, su nuevo Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad (FFRS) propuesto, los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y los acuerdos bilaterales, en los que los países ricos prestarán sus DEG directamente a otros países.
La creación del nuevo FFRS administrado por el FMI es recibida con beneplácito, pero sus deficiencias de diseño socavan su propósito principal. El FMI ha hecho público que se espera que el FFRS esté operativo antes de finales de 2022, con un capital inicial propuesto de USD 50.000 millones, aunque el hecho de que Estados Unidos no apruebe la reasignación de sus DEG en un proyecto de ley de gastos para este ejercicio fiscal genera dudas sobre el cumplimiento de este objetivo. A pesar del apoyo de muchos países ricos, el FFRS no es una solución adecuada para la canalización de DEG y sus características propuestas son problemáticas para los ciudadanos del Sur Global.
Los actuales debates opacos sobre el diseño y la puesta en práctica entre los países contribuyentes al FFRS y el FMI, que se han caracterizado por la falta de consultas con la sociedad civil, no inspiran confianza de que los países necesitados se beneficien de los DEG canalizados. Los países más ricos están buscando un mecanismo que preserve el valor de los activos de sus DEG prestados.
El diseño del FFRS socava el principio de apropiación nacional debido a su enfoque en las reformas estructurales, la condicionalidad y el cambio climático, interfiriendo en la formulación de políticas de los países. Las condiciones de elegibilidad propuestas del FFRS para calificar para el apoyo también son problemáticas. Estas incluyen un paquete de políticas que refleje los objetivos del FFRS, un programa existente del FMI y un perfil de deuda sostenible que sea adecuado para pagar al Fondo. Las características de diseño propuestas del FFRS son incompatibles con el apoyo a una recuperación sostenible y equitativa y no se alinean con los principios de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) para una canalización justa y transparente de los DEG.
Para un nuevo FFRS efectivo e impactante, la sociedad civil y los grupos ambientalistas hacen las siguientes demandas:
- El propósito del FFRS debe ser apoyar a los países de ingreso bajo y medio vulnerables para que se recuperen de la pandemia y aborden los desafíos estructurales económicos y relacionados con el clima.
- El diseño del FFRS debe priorizar y equilibrar las necesidades de los países prestatarios y los contribuyentes de los DEG. Las demandas y las voces de los países de ingreso bajo y medio vulnerables deben informar el diseño final del FFRS.
- El diseño del FFRS debe alinearse con las propias prioridades de los países prestatarios, en lugar de crear nuevos tipos de condicionalidad liderada por el Norte.
- El diseño del FFRS debe basarse en consultas inclusivas y profundas con la sociedad civil mundial.
- El FFRS no debería ser un instrumento para aplicar duras políticas de austeridad a expensas de los servicios sociales en los países prestatarios.
- La financiación del FFRS no debe poner en peligro la sostenibilidad de la deuda y debe proporcionar financiamiento libre de deuda, sin condicionalidad política.
- El FFRS debe ser accesible para los países de ingreso medio, contar con salvaguardias de transparencia y rendición de cuentas, garantizar que las contribuciones de los DEG sean adicionales a los compromisos existentes en materia de AOD y financiamiento climático y proporcionar subvenciones que promuevan la justicia climática y aborden la desigualdad económica y de género.
- Todos los países vulnerables deberían recibir apoyo en el marco del FFRS y esto no debe depender de contar con otro programa respaldado por el FMI.
El FFRS debe ser parte de reformas más amplias de la arquitectura financiera internacional
El debate sobre la canalización de los DEG refleja mecanismos financieros mundiales injustos, especialmente en tiempos de crisis. Ningún nuevo instrumento financiero tendrá éxito hasta que se reforme la actual arquitectura financiera y la deuda mundial. Los países africanos se enfrentan a riesgos de crisis de deuda recurrentes en medio de una fuerte resistencia de los acreedores, especialmente de los acreedores privados, a un nuevo mecanismo independiente de reestructuración de la deuda. La comunidad internacional debe abordar los flujos financieros ilícitos y apoyar iniciativas que estimulen la movilización de recursos nacionales para permitir una lucha exitosa contra la pandemia.
La declaración de resultados inaugural de la Conferencia Africana sobre la Deuda y el Desarrollo de AFRODAD 2021, conocida como la Declaración de Harare, pidió “reformar la arquitectura de la deuda mundial de una manera que iguale los procesos de contracción de los préstamos, incluida la reforma de los marcos de sostenibilidad de la deuda y la evaluación de las calificaciones crediticias, y el establecimiento de un Mecanismo Africano de Rendición de Cuentas que actuará como base para una mejora en la transparencia, la rendición de cuentas y la gobernanza de la arquitectura de la deuda de África”. Por lo tanto, el diseño y la operativa del FFRS debe centrarse en las personas, lo que requerirá un abandono de otros instrumentos de financiamiento del FMI existentes.