Según lo informado por Al Jazeera, el Senado argentino votó el 18 de marzo para proceder con un acuerdo de Servicio Ampliado del FMI (SAF) de 30 meses de USD 45.000 millones (el 1000% de la cuota del país). El programa se acordó días antes de un pago de USD 2.800 millones al FMI como parte de un préstamo récord de USD 57.100 millones acordado en 2018 (véase el Observador de Invierno de 2018 y el de Verano de 2018). El directorio ejecutivo del Fondo aprobó el programa el 25 de marzo, lo que allanó el camino para el desembolso inicial de USD 9.700 millones. Sin embargo, haciéndose eco de las preocupaciones sobre el programa de 2018, un comunicado de prensa del FMI del 25 de marzo destacó que “los riesgos para el programa son excepcionalmente altos y los efectos de contagio de la guerra en Ucrania ya se están materializando…la recalibración temprana del programa, incluida la identificación y adopción de medidas apropiadas…será fundamental para lograr los objetivos del programa”. El acuerdo permite a Argentina pagar el anterior Acuerdo Stand-by-By (SBA) de 2018, que tiene reembolsos de USD 39.000 millones con vencimiento en 2022-2023, y fortalecer sus reservas internacionales.

Una demanda legal alega que préstamo del FMI violó la ley argentina y los derechos humanos

El 10 de marzo un grupo de más de 120 personas presentó una demanda colectiva para impugnar la validez y constitucionalidad del SBA en un Tribunal Federal, argumentando que la falta de aprobación legislativa “tal como lo establece la Constitución…viola el derecho [a la participación] reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos en su art. 21, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su art. 25 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su art. 23”. El 29 de marzo los senadores del Frente de Todos propusieron una legislación para crear un fondo nacional, proyectado para ascender a hasta USD 20.000 millones, para pagar al FMI con fondos recuperados de aquellos que tienen activos no declarados en el extranjero y contribuyeron a la fuga de capitales durante el SBA de 2018.

La sociedad civil califica de odiosa la deuda del FMI y exige su cancelación

Un blog del 11 de marzo del movimiento para la suspensión e investigación de la deuda informó sobre las protestas de decenas de miles de personas en todo el país contra el nuevo acuerdo. El movimiento sostiene que la deuda de 2018 con el Fondo no debe pagarse, ya que es ilegítima. Enfatiza que la evaluación del Fondo sobre el cumplimiento del acuerdo por parte del país cada tres meses implica “aumentos de impuestos e inflación, precarización laboral, aumento y daño de las actividades extractivas, pérdida de soberanía… y empeoramiento… del acceso a los derechos humanos básicos”.

La deuda [con el Fondo] es odiosa, contraída contra el interés de la nación y sus ciudadanos.Eric Toussaint, Committee for the Abolition of Illegitimate Debt

El 14 de marzo, hablando en una audiencia pública organizada por la bancada parlamentaria del Frente de Izquierda, Nora Cortiñas, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo de Argentina, describió el acuerdo como “fraudulento y odioso, contraído contra el interés de la nación y sus ciudadanos”. Llamó a los legisladores a “votar en contra del nuevo préstamo para no traicionar al pueblo”.

Una nueva investigación afirma que el programa violó el Convenio Constitutivo del FMI

En un artículo del 7 de marzo publicado en Social Science Research Network, Karina Patricio Ferreira Lima, de la Universidad de Leeds (Reino Unido), y Chris Marsh, de Exante Data, argumentaron que “el SBA de 2018 violó los propósitos centrales del FMI según su Convenio Constitutivo y, por lo tanto, constituye un acto ultra vires”, lo que lo vuelve inválido y nulo. Entre las violaciones figuraban la falta de salvaguardias adecuadas para el suministro de los recursos generales del Fondo a la luz de la deuda insostenible y la inacción en materia de controles de capital, por ejemplo, para garantizar que el programa no contribuyera a una extensión y gravedad de la crisis de la balanza de pagos de Argentina. El análisis está respaldado por un artículo del Congreso de américa del Norte sobre América Latina, de diciembre de 2021, que describe las numerosas irregularidades y motivaciones políticas del programa.

Cuestionada la neutralidad política del programa de 2018

El propio análisis del FMI en su Evaluación Ex Post (EPE, por su sigla en inglés) del SBA 2018 señala que “El programa fue bien entendido como de alto riesgo: desde el principio, la deuda pública se evaluó como ‘sostenible pero no con alta probabilidad’ … [la] reintroducción de medidas de gestión de flujos de capital, podría haber entregado un programa más robusto”. La respuesta oficial del gobierno argentino a la EPE destacó que “la discrepancia entre las opiniones técnicas del personal y las decisiones tomadas por el FMI refuerzan la visión de que el programa constituyó… un préstamo que significaba apoyar las posibilidades electorales de la administración en funciones”. Esta interpretación está respaldada por un artículo de Forbes de diciembre de 2021 que hace referencia a los comentarios del exdirector ejecutivo del FMI de Estados Unidos, Mauricio Claver-Carone, de que “Argentina, bajo Macri, fue vista como un aliado clave de Estados Unidos…Un retorno del peronismo…conduciría a una erosión del apoyo a los intereses de Estados Unidos en la región”.

En respuesta a la aprobación en el Congreso el 11 de marzo, varios diputados de la coalición de gobierno que votaron en contra de la moción produjeron un documento que detalla el legado perjudicial del Fondo en el país, en el que señalan las tendencias positivas en el empleo, la pobreza y la desigualdad durante la ausencia del Fondo en el período posterior al incumplimiento de Argentina en 2001. En el documento se critica al FMI por “desarrollar un programa [en 2018] plagado de ‘irregularidades’”, que “no solo se debieron al exceso de la cuota que determina el monto máximo de financiamiento que el país puede obtener del FMI (alrededor de USD 18.000 millones) sino también al hecho de que este crédito se utilizó para financiar la fuga de capitales al exterior”. Los autores del documento subrayaron que el Acuerdo “no” garantiza “la sostenibilidad de la deuda después de 2025, cuando… el reembolso…comienza”. Agregaron que el país necesita un plazo de pago más largo y denunciaron el hecho de que el programa no abordara el tema del pago de recargos, que dos ex expertos independientes de la ONU sobre Deuda Externa han argumentado que son contrarios al derecho internacional y son ampliamente considerados contraproducentes y procíclicos (véase el Observador de Primavera de 2022 y el de Invierno de 2021).