Un informe de noviembre de 2021 del Center for Human Rights and Global Justice de la New York University (NYU), titulado Wrong Prescription: The Impact of Privatising Healthcare in Kenya proporciona una imagen condenatoria del papel en rápida expansión de la atención médica privada en Kenia promovido por el Banco Mundial bajo su enfoque de Maximizar el Financiamiento para el Desarrollo (MFD) (véase el Observador de Primavera de 2022 y el de Verano de 2017). En el informe se constata que la privatización puede comprometer el acceso universal a la atención médica (un derecho humano tanto en virtud de la Constitución de Kenia como de las leyes internacionales de derechos humanos) al desviar recursos del sector público y priorizar los servicios con fines de lucro. La sociedad civil ha señalado la tendencia de la financierización, tanto en general como de los servicios públicos esenciales en particular, como una preocupación para los países que cumplen con sus obligaciones en materia de derechos humanos (véase el Observador de Primavera de 2022).

A pesar de las bien fundadas preocupaciones, los responsables de la formulación de políticas de Kenia, instados por actores del desarrollo como el Banco Mundial, han adoptado políticas para aumentar la participación del sector privado en el sistema de salud del país mediante la subvención de la atención privada, la búsqueda de Asociaciones Público-Privadas (APP) (véase el Observador de Otoño de 2015) y la oferta de incentivos fiscales a los inversores. El informe de la NYU concluye que la privatización de la atención médica en Kenia es un mal negocio para los contribuyentes y ha tenido graves impactos negativos en los derechos humanos de los kenianos, ya que resulta cara para las personas y el gobierno, al tiempo que empuja a los kenianos a la pobreza y a una deuda abrumadora.

El informe se suma a las preocupaciones de la sociedad civil sobre la promoción de soluciones privadas por parte de las instituciones financieras internacionales. En el documento se afirma que los actores privados están “aislados de las obligaciones y los procesos democráticos asociados con el sector público”, mientras que los actores internacionales que influyeron en Kenia para privatizar su sistema de salud “posiblemente rinden incluso menos cuentas” que los actores privados. El Banco Mundial y otros no respondieron a las preguntas de los autores sobre si evalúan el impacto de su apoyo a la atención médica del sector privado en los derechos humanos, los riesgos sociales o el acceso a la atención médica.

La coautora Rebecca Riddell comentó: “El Banco Mundial ha presionado agresivamente para una mayor participación del sector privado en la atención médica en Kenia, a pesar de las preocupaciones generalizadas sobre el aumento de los costos, la desigualdad en el acceso y la calidad desigual de la atención. Estos no son solo problemas menores que pueden ser minimizados o achacados a los reguladores, sino que realmente evidencian la cuestión de fondo de si el enfoque de MFD es adecuado para su propósito”.