El hecho de que el FMI haya reconocido que cuestiones como las pandemias, el cambio climático, la discriminación de género y la desigualdad influyen en la estabilidad macroeconómica es bien recibido. También lo es el hecho de que el Fondo haya comenzado a incorporar estas cuestiones en su investigación y en sus consultas periódicas con sus Estados Miembros y que proponga incluirlas en el ámbito de los mecanismos de financiamiento, como el Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad (véase el Observador de Primavera de 2022).
Sin embargo, es preocupante que el FMI aún no haya reconocido plenamente cómo estas cuestiones son discordantes con su forma habitual de hacer negocios.
Requieren que el FMI interactúe directa y sistemáticamente con los actores no públicos en sus Estados Miembros para comprender cómo estos problemas afectan a las comunidades, organizaciones e individuos y cómo pueden responder a las propuestas de política particulares del FMI. Esto aumenta el riesgo de que las propias actividades del FMI afecten directa y negativamente a estos actores no estatales. Los principios de la buena gobernanza exigen que el FMI rinda cuentas de estos efectos.
Directorio Ejecutivo del FMI debe nombrar a un defensor del pueblo ... [con] la autoridad para recibir e investigar reclamos de partes interesadas externas que afirmen que han sido perjudicadas por el incumplimiento por parte del personal y la administración del FMI de sus propias políticas y procedimientos operacionales.Danny Bradlow, University of Pretoria
Este artículo argumenta que el FMI debe nombrar un defensor del pueblo que pueda recibir e investigar reclamos sobre la forma en que ha ejercido su poder. Esto ayudará al FMI a abordar los desafíos operacionales que plantean estas nuevas cuestiones.
Tres desafíos que enfrenta el FMI
En primer lugar, estas cuestiones desdibujan los límites entre los impactos macro y micro de las políticas económicas, sociales y ambientales. Por ejemplo, una comprensión completa de los impactos de las políticas climáticas incluye la evaluación tanto de sus implicaciones financieras y fiscales a nivel macro, como de sus impactos diferenciales en los gobiernos subnacionales, las empresas, las comunidades, las regiones y los grupos sociales. Tales impactos, y la respuesta de estos grupos a ellos, pueden afectar al éxito de las políticas en materia climática y tener consecuencias sobre la desigualdad y la discriminación en el Estado Miembro. Por lo tanto, el FMI sólo puede hacer una evaluación completa del éxito probable de las políticas propuestas si consulta con todos estos grupos sobre la política.
En segundo lugar, las políticas que abordan estas nuevas cuestiones operan durante períodos de tiempo más largos que las operaciones habituales del FMI. Por lo tanto, al desarrollarlas, el personal técnico del FMI debe considerar más variables. Además deben consultar directamente con una amplia gama de actores estatales y no estatales, que ahora dispondrán de tiempo para ajustar su conducta a las políticas, lo que tendrá influencia en su éxito o fracaso.
En tercer lugar, el personal técnico del FMI y el Estado Miembro no pueden abordar todas estas cuestiones en una misión o un acuerdo de financiamiento de un país en particular. Tendrá que decidir cuáles priorizar. Por lo tanto, deberá decidir a quién consultar sobre estas opciones y qué información debe facilitar en esas consultas. Es decir que estas nuevas cuestiones exigen necesariamente que los funcionarios del FMI tomen decisiones que pueden tener un impacto sustancial en la vida y el bienestar de los residentes de sus Estados Miembros.
El FMI ha respondido a tales desafíos solo de manera parcial. Por ejemplo, sus actuales notas orientativas prevén que el personal pueda celebrar consultas, pero no establecen procedimientos oficiales que el personal deba seguir para decidir a quién consultar ni sobre qué cuestiones. Tampoco ofrecen al personal una orientación clara sobre el alcance de las evaluaciones de impacto que deben realizar (véase el Observador de Verano de 2021).
El FMI necesita una orientación obligatoria para el personal técnico y un defensor del pueblo
En primer lugar, la administración debe formular un conjunto de políticas obligatorias y públicamente disponibles que expliquen cómo debe gestionar el personal los aspectos ambientales y sociales de la política macroeconómica. El personal debe tomar decisiones basadas en datos fiables, consultas adecuadas con todas las partes interesadas y no temer ni favorecer a ninguna parte interesada en particular. Las políticas deberían dejar clara la visión del FMI sobre la divulgación de la información. Deben estipular los criterios para evaluar la idoneidad de las consultas con todas las partes interesadas pertinentes y los impactos ambientales y sociales de la política macroeconómica actual y propuesta.
En segundo lugar, el Directorio Ejecutivo del FMI debe nombrar a un defensor del pueblo independiente de la administración del FMI que informe al Directorio y exija cuentas al personal y a la administración del FMI por su cumplimiento de las políticas.
Este funcionario debería tener la autoridad para recibir e investigar reclamos de partes interesadas externas que afirmen que han sido perjudicadas por el incumplimiento por parte del personal y la administración del FMI de sus propias políticas y procedimientos operacionales. Una vez concluida la investigación, el defensor del pueblo debe presentar al Directorio un informe de acceso público en el que se documenten sus conclusiones y se formulen recomendaciones sobre la manera de hacer frente a cualquier daño causado por el incumplimiento por parte del personal técnico del FMI de las políticas y procedimientos aplicables. El defensor del pueblo debería, además, publicar un informe anual que, cuando proceda, analice las lecciones que ha aprendido sobre las operaciones del FMI a partir de sus investigaciones.
Actualmente, el FMI es la única institución financiera internacional que carece de un mecanismo de rendición de cuentas independiente. Es hora de que corrija esta deficiencia y nombre un defensor del pueblo independiente.