La Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del sector privado del Banco Mundial, anunció el 8 de junio que no reanudaría sus inversiones en escuelas primarias y secundarias privadas con fines de lucro, tras un informe crítico del Grupo de Evaluación Independiente (GEI) del Banco Mundial publicado en enero.
Esto significa que la suspensión temporal por parte de la CFI de todas las inversiones directas e indirectas en escuelas con fines de lucro anunciada en 2020 es ahora permanente (véase el Observador de Verano de 2020). La suspensión siguió a una campaña montada por organizaciones de la sociedad civil (OSC), en particular en África, y un anuncio en marzo de que la CFI estaba desinvirtiendo en el proveedor de educación con fines de lucro New Global Schools, anteriormente conocido como Bridge International Academies (BIA) (véase el Observador de Primavera de 2022).
En respuesta a la evaluación del GEI, la CFI señaló en una declaración del 8 de junio que “existe potencial” para que la inversión en escuelas privadas exacerbe la desigualdad y tenga consecuencias no deseadas para el sistema escolar del sector público.
La medida fue muy bien recibida por las OSC, que han criticado durante mucho tiempo el financiamiento de la educación con fines de lucro por parte de la CFI (véase el Observador de Primavera de 2018). En una declaración de las OSC, Magdalena Sepúlveda, de la Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, pidió al Grupo Banco Mundial que brinde “un mayor respaldo a los gobiernos para construir sistemas de educación pública más fuertes y equitativos, a través de su apoyo al sector público”.
Hoy se reconocen ampliamente los impactos negativos de la inversión de capital privado en proveedores de educación con fines de lucro, como BIA. El derecho a una educación de calidad inclusiva y equitativa está consagrado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4) y, el año pasado, el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (GEM, por su sigla en inglés) 2021-2022 de la UNESCO señaló que “la obtención de beneficios es inconsistente con el compromiso de garantizar la educación preescolar, primaria y secundaria gratuita”.
