En un informe de mayo de la organización de la sociedad civil británica Debt Justice (DJ), anteriormente llamada Jubilee Debt Campaign, se constató que el gasto público en los países más endeudados está cayendo o estancado, “a pesar de la necesidad de que los países aumenten su gasto en respuesta a los aumentos de los precios de los alimentos y la energía” (véase el Observador de Verano de 2022).
Utilizando datos del FMI de 41 países de ingreso bajo para los que hay información disponible, el informe señala que “los países con los pagos de deuda más altos, de más del 15% de la recaudación pública, enfrentaron una caída en el gasto público del 3% entre 2019 y 2023, en comparación con un aumento del 14% para los países con los pagos de deuda más bajos”.
Actualmente, el único mecanismo internacional para el alivio de la deuda al que los países tienen acceso es el Marco Común para los Tratamientos de la Deuda del G20 (véase el Observador de Invierno de 2020). Esto ha demostrado ser ineficaz, ya que ninguno de los tres países que han presentado la solicitud ha obtenido la cancelación de ninguna deuda y la participación de prestamistas privados en este esquema aún no está clara, a pesar de varios llamamientos por parte de organizaciones de la sociedad civil (OSC) y líderes tanto del FMI como del Banco Mundial (véase el Observador de Invierno de 2021).
La priorización del pago de la deuda en este contexto está generando deuda social bajo una recuperación desigual. Los países de ingreso bajo y medio que están expuestos a vulnerabilidades económicas, sociales y climáticas necesitan una cancelación de la deuda, no solo un aplazamiento, así com un proceso justo de reestructuración de la deuda.Patricia Miranda, Latindadd
Tess Woolfenden, de DJ, destacó que dada la falta de un plan efectivo de alivio de la deuda, “los países de ingreso bajo se ven obligados a priorizar los pagos de la deuda sobre el gasto público en atención médica o acceso a alimentos, justo en un momento en que el gasto se necesita con tanta urgencia … Los pagos de la deuda a los prestamistas ricos no deben tener prioridad sobre las necesidades de las personas en un momento de crisis múltiples”.
Se agrava la crisis de desigualdad ante la falta de soluciones al aumento de la deuda
Los expertos en deuda y derechos humanos han expresado su preocupación por la continua austeridad ordenada por el FMI, advirtiendo que la crisis de desigualdad se verá exacerbada por los aumentos en los precios de los alimentos y de la energía (véase el Observador de Verano de 2022) y el alto nivel de pagos de la deuda externa que, según DJ, es hoy el más alto desde 2001.
Un documento de 2021 de Isabel Ortiz y Matthew Cummins, que se centró en las proyecciones del gasto futuro hasta 2025, advirtió sobre un “shock de austeridad fiscal posterior a la pandemia … mucho más prematuro y grave que el que siguió a la crisis financiera mundial”. En un blog de julio de 2021, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, señaló las preocupaciones del FMI sobre “un agravamiento de la recuperación dispar, impulsada por diferencias dramáticas en la disponibilidad de vacunas, las tasas de infección y la capacidad de proporcionar apoyo de políticas” y pidió “una acción urgente del G20 y los responsables de la formulación de políticas en todo el mundo”.
Sin embargo, la propia promoción del FMI de medidas de austeridad en países muy endeudados (véase el Observador de Invierno de 2021) y otras políticas como los sobrecargos del FMI (véase Al interior de las instituciones, ¿Qué son los sobrecargos del FMI? y el Observador de Primavera de 2022), están obligando a los países a priorizar el pago de sus deudas sobre el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
En julio el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, destacó la necesidad de aliviar inmediatamente la deuda en los países de ingreso bajo. Además señaló que “también se necesitan esfuerzos para crear mecanismos de renegociación de la deuda soberana que puedan reducir significativamente la carga desproporcionada impuesta a los países en desarrollo y que sienten a todos los acreedores a la mesa”.
Mecanismo de renegociación de la deuda bajo los auspicios de las Naciones Unidas, una solución clave
Siguen siendo apremiantes los viejos llamamientos a favor de un mecanismo de renegociación de la deuda con sede en las Naciones Unidas que garantice préstamos responsables en los que todos los actores, incluido el sector privado, participen de conformidad con las normas internacionales en materia de derechos humanos (véase el Observador de Primavera de 2022). La posibilidad de una 4ª Conferencia sobre el financiamiento para el desarrollo (FfD4, por su sigla en inglés) podría brindar la oportunidad de establecer dicho marco en las Naciones Unidas. Tal como destacó el Civil Society Financing for Development Group, este mecanismo sería clave para “abordar la deuda insostenible e ilegítima, incluso a través de una cancelación extensiva de la misma” y avanzar hacia un sistema económico que “funcione para las personas y el planeta”.
Recientemente, Sri Lanka sufrió el colapso de su economía, lo que produjo la suspensión de manera unilateral del pago de USD 25.000 millones de su deuda externa. Las protestas masivas desde marzo debido a los altos niveles de deuda, el impacto de la pandemia de Covid-19 y el aumento de los costos de los productos básicos llevaron a la renuncia del presidente en julio. Sin medidas urgentes para hacer frente a la crisis de la deuda, Sri Lanka es ampliamente considerada el presagio de más cesaciones de pagos futuras por parte de otros países.
