En julio las protestas masivas sacudieron Sri Lanka, a medida que el endeudado país se hundía más profundamente en la crisis. Dos meses después, el FMI anunció un paquete de USD 2.900 millones para Sri Lanka y, poco después otro préstamo de USD 1.300 millones a Zambia, que había incumplido sus deudas en 2020. Este último llega con duras condiciones: Según el acuerdo de préstamo, los zambianos tendrán que asumir “una consolidación fiscal grande, anticipada y sostenida”. Pero es posible que pronto se necesiten más intervenciones del Fondo. Sobre la base de las últimas cifras del FMI del 29 de agosto, ocho países de ingreso bajo ya se encuentran en dificultades de endeudamiento y 29 en alto riesgo. Mientras tanto, el desastre climático de Pakistán amenaza con desmoronar su reciente reinicio de préstamos del FMI (véase el Observador de Otoño de 2022).

En este contexto, el 8 de agosto el FMI publicó una nota de orientación del personal técnico para poner en práctica su nuevo Marco de Sostenibilidad de la Deuda y del Riesgo Soberano para las economías avanzadas y de mercados emergentes, un proceso que es clave para determinar si la deuda de los países es “sostenible” a medida que empeoran las condiciones de la economía mundial (véase el Observador de Primavera de 2021). Con el aumento de la inflación y las tasas de interés que agravan las crisis económica, climática, de salud, alimentaria y de combustibles, es más urgente que nunca el establecimiento del largamente exigido mecanismo integral multilateral de renegociación de la deuda soberana. Sin embargo, con la creciente complejidad del panorama de los acreedores, la arquitectura de la deuda soberana internacional sigue siendo una mezcla de intentos inadecuados e insuficientes, incluida la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (ISSD) ya expirada y el Marco Común del G20, apenas utilizado (véase el Observador de Verano de 2022 y el de Primavera de 2022).

Si bien es posible que las soluciones multilaterales integrales no sean políticamente viables hoy, se necesitan medidas decisivas para evitar un dominó de incumplimientos. Sin embargo, el optimismo infundado del FMI sobre la capacidad de los países para pagar las deudas, junto con los objetivos poco realistas de consolidación fiscal y la resistencia de los grandes acreedores privados y multilaterales a los recortes de la deuda, hizo que la reestructuración de la deuda se quedara corta.

El exceso de optimismo del FMI puede implicar fingir que los países enfrentan falta de liquidez y no insolvencia, permitir que los acreedores eviten pérdidas iniciales significativas y disimular alegremente que la deuda puede simplemente renovarseMark Sobel, ex director ejecutivo estadounidense del FMI

La determinación de la crisis de liquidez frente a la solvencia es altamente política

Si bien el FMI ha publicado su marco general para el análisis de la sostenibilidad de la deuda (DSA, por su sigla en inglés), su metodología precisa sigue siendo “estrictamente confidencial”, con el argumento de que es “sensible para el mercado” y la no divulgación “evita reacciones disruptivas … sobre todo si se necesita una decisión». Esta continua falta de transparencia es problemática, ya que el marco del DSA está “legal y macroeconómicamente sesgado hacia … la subestimación de los problemas de insolvencia soberana», según la Dra. Karina Patricio de la Universidad de Leeds (véase el At Issue de Otoño de 2022), lo que resulta en un “patrón persistente … que sustenta la tendencia generalizada de austeridad post-pandemia en el Sur Global”. Este sesgo ha creado una historia de “heróico” exceso de optimismo autoadmitido, que “puede implicar fingir que los países enfrentan iliquidez y no insolvencia, lo que permite a los acreedores evitar pérdidas iniciales significativas y disimular alegremente que la deuda simplemente se puede renovar y extender”, escribió el ex representante del FMI de Estados Unidos Mark Sobel en el Financial Times en agosto. Como resultado, se ha pagado repetidamente a los prestamistas del sector privado con fondos públicos respaldados por el FMI, mientras que la población local soporta la carga de la austeridad resultante y la profundización de la desigualdad (véase el Dispatch de Primavera de 2022 y el Observador de Otoño de 2020). Tal como ha señalado el propio FMI, estas dinámicas contribuyen al malestar social.

La investigación realizada por el Global Development Policy Center de la Universidad de Boston también ha demostrado que el DSA está lejos de ser políticamente neutral: Los países prestatarios con alta inversión extranjera directa de prestamistas privados de Europa occidental enfrentan condiciones de austeridad más duras, mientras que aquellos cuyo comercio y diplomacia se alinean con Europa se vuelven más ligeros. Además, la falta de una reestructuración temprana adecuada extiende una crisis de deuda, lo que lleva a un sufrimiento prolongado y al fracaso frecuente de los programas posteriores del FMI, tal como lo demuestran la revisión de 2018 del FMI y un informe de 2022 de la organización de la sociedad civil (OSC) Erlassjahr, con sede en Alemania. Si bien el anuncio de Zambia pidió una reestructuración de la deuda a gran escala, no está claro cuánto se cancelará o simplemente se reprogramará por diez años, tal omo lo destacó en Twitter Tim Jones, de la CSO británica Debt Justice.

Un DSA efectivo necesita transparencia y un enfoque de desarrollo

La falta de transparencia de la deuda soberana es un obstáculo importante para evaluaciones más realistas, algo que han subrayado los principales economistas del FMI y el Banco Mundial. Los argumentos para no divulgar su análisis parecen entonces engañosos, especialmente dado el importante poder de señalización de la evaluación de la sostenibilidad de la deuda del FMI como “prestamista de última instancia”. Hacer públicos sus criterios y evaluaciones más conservadoras aumentaría la legitimidad y mejoraría la rendición de cuentas. También podría permitir al FMI hacer una afirmación creíble de que no rescatará a un país sin una reestructuración seria de la deuda, incluso por parte de acreedores privados, evitando así la actual expectativa de que el alivio de la deuda oficial facilitado por el FMI eventualmente permitirá el pago de la deuda privada, algo que más de 100 expertos denunciaron en septiembre.

Un DSA adecuado para el contexto mundial actual requiere “una visión de la sostenibilidad de la deuda que sea propicia para las estrategias de desarrollo a largo plazo y se base en políticas macroeconómicas consistentes y la sostenibilidad de la balanza de pagos a largo plazo, en lugar de hacerlo en objetivos de servicio de la deuda a corto plazo”, escribe Patricio. De lo contrario, existe un riesgo significativo de que muchos países de ingreso bajo y vulnerables al clima permanezcan atrapados en una espiral de deuda, austeridad y rescates de los que es poco probable que escapen (véase el Observador de Otoño de 2022), mientras que las perspectivas de recuperar el espacio fiscal necesario para lograr el desarrollo sostenible, el respeto de los derechos humanos y la respuesta al cambio climático se desvanecen efectivamente en la distancia.