Tras una década de austeridad después de la crisis financiera mundial, el mundo se dirige a una nueva recesión económica. Desde 2008, tanto la crisis financiera como la pandemia de Covid-19 han dado lugar a breves períodos de expansión fiscal, seguidos de largos períodos de austeridad fiscal socialmente dolorosa promovida, en especial, por el FMI a través de sus programas de préstamos condicionales. Un informe de Isabel Ortiz y Mathew Cummins publicado en septiembre advertía que, esta vez, los peligros del shock de austeridad posterior a la pandemia son mucho más graves. Su análisis indica que en 2021, 134 países contrajeron sus presupuestos en un 3,5% del PIB, en comparación con el 2,4% del período posterior a la crisis financiera de 2008.
Esta contracción del gasto público se suma al gasto desigual de estímulo para la Covid-19 en todo el mundo. Un informe de la Financial Transparency Coalition publicado en septiembre, destacó que los países del Sur Global proporcionaron medidas de estímulo equivalentes al 2,4% de su PIB durante el periodo 2020-2021 en comparación con un promedio del 28,4% del PIB en los países de ingreso alto. El informe constató, además, que los paquetes de estímulo beneficiaron principalmente al sector empresarial, con aproximadamente el 40% de los fondos de recuperación dirigidos a grandes empresas. Como resultado de esta respuesta inadecuada a la crisis, tanto en tamaño como en composición del gasto fiscal, se espera que entre 75 millones y 95 millones de personas más caigan en la pobreza en comparación con los niveles anteriores a la Covid-19.
La crisis, que amenaza con más dificultades futuras, está lejos de terminar
El informe de Ortiz y Cummins, publicado como parte de una campaña de #EndAusterity recientemente lanzada compuesta por 500 organizaciones de la sociedad civil (OSC), destacó que para el próximo año, el 85% de la población mundial vivirá bajo medidas de austeridad. La intensificación del impulso hacia la austeridad es preocupante a medida que se implementan medidas durante los nuevos aumentos repentinos de Covid-19, las presiones inflacionarias y la inseguridad alimentaria exacerbada por la guerra en Ucrania (véase el Dispatch Annuals 2022 y el Observador de Verano de 2022). Las políticas más comunes que promueve el FMI incluyen la racionalización de los programas de protección social; la reducción de los salarios del sector público y la reforma de las leyes laborales; la reducción de los subsidios a los productos básicos a medida que los precios alcanzan niveles récord; la privatización de los servicios públicos, que provoca despidos. El hecho de que el Fondo no haya apoyado una recuperación genuina contradice las declaraciones hechas por el director gerente del FMI en abril sobre que la crisis es una oportunidad para “forjar juntos un futuro diferente y mejor”.
Las crisis obligan a los países a repensar las políticas, y la pandemia de Covid-19 es una oportunidad para crear un nuevo contrato social, para priorizar los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la estabilidad política, con el fin de lograr la prosperidad a largo plazo para todos.Isabel Ortiz y Mathew Cummins
Los impactos sociales y económicos negativos de la austeridad están bien documentados, incluso por el propio FMI. Los académicos y las OSC también han registrado sus impactos adversos sobre la pobreza, la desigualdad, los derechos humanos, así como sobre el empleo y la actividad económica (véase el Observador de Otoño de 2020). A corto plazo, la austeridad deprime los ingresos y la demanda interna. A largo plazo, el desempleo y el exceso de capacidad perjudican la actividad económica, lo que socava los esfuerzos de recuperación. Entonces, ¿por qué el FMI sigue promoviendo la consolidación fiscal? La intención es garantizar la sostenibilidad de la deuda para que los países con programas del FMI puedan llevar a cabo reembolsos oportunos de préstamos a sus acreedores, incluso en detrimento del bienestar de los ciudadanos. Se trata de una compensación creada artificialmente.
Aunque el FMI argumenta a menudo que los recortes de austeridad son inevitables, Ortiz y Cummins enfatizan que existen alternativas a la austeridad. El aumento de los ingresos fiscales puede lograrse mediante el gravamen de las ganancias empresariales, las actividades financieras y la riqueza. Si la legitimidad de la deuda es cuestionable o si el costo de oportunidad en términos de empeoramiento de las privaciones de la población es alto, debería ser posible la reestructuración de la deuda. Erradicar los flujos financieros ilícitos y reasignar el gasto público de inversiones de alto costo y bajo impacto, como la defensa, a aquellas con mayores impactos sociales son alternativas para combatir la corrupción y la mala gestión de los fondos públicos.
En una época de austeridad y crisis, la necesidad de crear espacio fiscal nunca ha sido mayor. Ortiz y Cummins destacan que “las crisis obligan a los países a repensar las políticas, y la pandemia de Covid-19 es una oportunidad para crear un nuevo contrato social, que priorice los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la estabilidad política con el fin de lograr la prosperidad a largo plazo para todos”.
