Si bien más de 150 organizaciones de la sociedad civil se han unido a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y a la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, para pedir una nueva asignación general de USD 650.000 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) (véase Al interior de las instituciones, ¿Qué son los derechos especiales de giro (DEG)?) para apoyar la acción climática y la recuperación de la pandemia, se ha prestado poca atención a la posible contribución de la propuesta a la prevención de conflictos violentos. Debido a los costos del malestar social y la inestabilidad política, particularmente en los países de ingreso medio económicamente importantes, una nueva asignación de DEG contribuiría en gran medida a los esfuerzos mundiales de prevención de conflictos y al mandato del FMI de garantizar la estabilidad financiera mundial, ya que permitiría a los Estados con problemas de endeudamiento y restricciones fiscales actuar para prevenir el creciente descontento con, entre otras cosas, el agravamiento de las crisis alimentarias y energéticas mediante el aumento o el mantenimiento del gasto en protección social.
En febrero el FMI publicó su tan esperada Estrategia para los Estados Frágiles y Afectados por Conflictos (véase el Observador de Otoño de 2022 y el de Verano de 2018). La estrategia destaca que “el apoyo a los Estados frágiles y afectados por conflictos (EFAC) es una prioridad importante en la agenda política internacional” y destaca que “el impacto económico de la pandemia de Covid-19 ha sido más grave en los EFAC … La deuda y las presiones inflacionarias también han aumentado. Los EFAC corren un riesgo significativo de quedarse atrás en su recuperación posterior a la pandemia [y] en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Reflejando la importancia de este tema en la agenda internacional, el lanzamiento de la estrategia para los EFAC del FMI siguió a la publicación en febrero de 2020 de la estrategia del Banco Mundial 2020-2025 sobre Fragilidad, Conflicto y Violencia (FCV), que se basó en el informe conjunto de las Naciones Unidas y el Banco Mundial 2018 Pathways to Peace.
Los tres informes subrayan la limitada capacidad y legitimidad del Estado como posibles causas profundas de la fragilidad y la violencia. Tanto las estrategias del Banco Mundial como las del FMI enfatizan, además, los vínculos entre el cambio climático y la fragilidad, mientras que el Fondo subrayó que “la mayoría de los 35 países más pobres clasificados según su vulnerabilidad al cambio climático y su disposición para mejorar la resiliencia son EFAC”. La estrategia del FMI añade que “las mujeres y las niñas enfrentan vulnerabilidades específicas y mayores en contextos de EFAC, lo que profundiza la fragilidad”. Teniendo en cuenta estos factores diversos e interrelacionados, el documento refleja el acuerdo del Directorio Ejecutivo del FMI con la afirmación de la estrategia de que “las implicaciones de la fragilidad y el conflicto son críticas en términos macroeconómicos y relevantes para el mandato del FMI, tanto en términos del impacto económico a largo plazo en los países miembros, como de los efectos de contagio originados en los EFAC que pueden socavar la estabilidad macroeconómica y las perspectivas de crecimiento en los países y regiones vecinos”.
El gasto en bienestar condujo a reducciones en los conflictos en América Latina entre 1970 y 2010Patricia Justino, Institute of Development Studies y Bruno Martorano, United Nations University
El empeoramiento de las perspectivas económicas y la crisis de desigualdad exacerban los riesgos de fragilidad e inestabilidad
En mayo una evaluación del FMI sobre las tendencias mundiales de disturbios sociales dejó claro que el aumento de las protestas y las tendencias a la inestabilidad social se han acelerado una vez más después de una disminución durante la pandemia, impulsadas por las restricciones a la movilidad y las reuniones masivas. La evaluación señaló que, si bien las causas del malestar social son complejas, “los fuertes aumentos de precios de los alimentos y el combustible se han asociado con protestas más frecuentes en el pasado” y agregó que “cualquier crecimiento del malestar social podría representar un riesgo para la recuperación de la economía mundial, ya que puede tener un impacto duradero en el desempeño económico”.
Las preocupaciones del FMI son compartidas por la consultora de riesgo político Verisk Maplecroft, cuyo informe de junio destacó que “los países de ingreso medio serán los más afectados por el descontento social” derivado de las actuales condiciones económicas. Además, un documento de 2018 de Patricia Justino y Bruno Martorano constató que “el gasto social condujo a reducciones en el conflicto en América Latina entre 1970 y 2010” y que “aumentar la capacidad del Estado para ofrecer programas de bienestar social puede mejorar la estabilidad política”.
Un blog de noviembre de Oxfam fue claro sobre las consecuencias de la crisis de la deuda en la capacidad de los Estados para satisfacer las necesidades y expectativas de sus ciudadanos. El blog destaca que “tres cuartas partes de todos los países del mundo están planeando nuevos recortes [del gasto social] por un total de USD 7,8 billones”.
A la luz de las tendencias actuales, una nueva asignación de DEG apoyaría las estrategias y los objetivos de prevención de conflictos de los principales accionistas del FMI, como Estados Unidos y la Unión Europea. Una nueva asignación de DEG apoyaría, además, la Aspiración 4 de la Agenda 2063 de la Unión Africana, una África pacífica y segura, y los esfuerzos del G7 para mitigar la “amenaza que plantean las crisis del cambio climático y la biodiversidad … a la paz y la estabilidad internacionales”.
