La crisis climática exige una movilización sustancial de recursos financieros internacionales. Sin embargo, el poder de un país en el sistema financiero mundial no está ligado a su parte de responsabilidad en la crisis climática y, de hecho, está inversamente relacionado con ella. Con el objetivo de aumentar el poder de decisión de los países más afectados por el cambio climático e incentivar a todos los países a reducir las emisiones, proponemos una necesaria actualización de la fórmula de cuotas del Fondo Monetario Internacional (FMI) agregando una variable que represente la participación de los Estados miembros en las emisiones acumuladas (es decir, históricas) de dióxido de carbono (CO2). El FMI se encuentra actualmente en su 16ª Revisión General de Cuotas, un proceso que está programado para concluir el 15 de diciembre de 2023 (véase el Observador de Otoño de 2022).
Los mayores emisores acumulados mundiales de CO2 son también los países más poderosos, en cuanto a su derecho a voto dentro del FMI. Las economías avanzadas (36 países de ingreso alto según la clasificación del FMI) son responsables de aproximadamente el 44% de las emisiones mundiales acumuladas de CO2 desde 1944 (el año en que se fundó el FMI), según datos del Potsdam Institute for Global Climate (PIK). Estos países tienen aproximadamente el 59% de los votos en el FMI. La fórmula de cuotas, también utilizada para determinar el poder de voto de un país en el FMI, recompensa el tamaño económico, la apertura comercial y la acumulación de reservas (véase Al interior de las instituciones, IMF and World Bank decision-making and governance), pero ignora las contribuciones de los países a la emergencia climática. Para que el FMI proporcione soluciones adecuadas de financiamiento climático, su estructura de gobernanza debe considerar la responsabilidad diferenciada de los países miembros y su vulnerabilidad ante la crisis climática. Este es un aspecto que falta en la estrategia climática del personal técnico del FMI (véase el Observador de Otoño de 2021).
Tal como deja claro la Iniciativa Bridgetown propuesta por la primera ministra de Barbados, Mia Mottley en septiembre, una de las fuentes más importantes y concretas de financiamiento climático que no genere deuda ni impuestos es una nueva emisión de Derechos Especiales de Giro (véase Antecedentes, ¿Qué son los Derechos Especiales de Giro (DEG)?). Los llamamientos para una nueva asignación de DEG de USD 650.000 millones han sido respaldados por más de 150 organizaciones de la sociedad civil (véase el Observador de Otoño de 2022). La emisión es una decisión que toma la Junta de Gobernadores del FMI. Además, los DEG vinculados al clima beneficiarían más a los países vulnerables del Sur Global, pero el poder de voto necesario para llegar a esa decisión recae en las economías avanzadas del Norte Global. Más precisamente, Estados Unidos ejerció su poder de veto para bloquear, durante más de un año después de la pandemia, la última emisión de DEG (véase el Observador de Otoño de 2021).
Las instituciones financieras y monetarias internacionales de hoy debe permitir nuevas configuraciones de toma de decisiones organizadas en torno a una acción climática equitativa como una prioridad urgente.Andrés Arauz e Ivana Vasić-Lalović, CEPR
Las condiciones de los préstamos afectan directamente la capacidad fiscal de los países de ingreso bajo y medio para combatir el cambio climático, y su escaso poder de voto les impide influir en la forma en que el FMI incorporará los riesgos relacionados con el clima en sus operaciones. Desde una perspectiva fiscal, el aumento de las cuotas aumentaría el financiamiento a través de DEG sin crear deuda de los países en desarrollo en una nueva asignación y aumentaría su acceso a préstamos rápidos de emergencia sin condicionalidad.
La integración de la responsabilidad climática en la revisión de las cuotas del FMI
La distribución del poder de voto en el FMI comienza con una “cuota parte calculada” (CQS, por su sigla en inglés) determinada por la fórmula del FMI. Sin embargo, la “cuota parte real” (AQS, por su sigla en inglés) se determina mediante complejas negociaciones durante una Revisión General de las Cuotas. Las negociaciones de la 14º Revisión dieron como resultado que la participación de Estados Unidos siguiera estando por encima del umbral de veto del 15% y una dilución significativa de la participación de China.
En un documento reciente presentado en el Foro de Políticas Relativas a la Sociedad Civil de las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el FMI de 2022 (véase el Dispatch Annuals 2022), realizamos una simulación del recálculo de la participación con derecho a voto del FMI con la adición de una variable climática, que representa las emisiones acumuladas de CO222 por país desde 1944 hasta 2019.
La inclusión de esta variable climática reduciría significativamente la proporción de votos de los mayores emisores de CO2 y aumentaría la del Sur Global. Si asumimos que los países adoptan plenamente nuestra propuesta de fórmula (es decir, sin negociaciones opacas posteriores), los principales ganadores serían 36 Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID): Su porcentaje de votos crecería del actual aproximadamente el 2,5% a casi el 21%, lo que refleja la necesidad de aumentar su poder de decisión en el FMI dada su vulnerabilidad al cambio climático, en especial al aumento del nivel del mar. La participación de Estados Unidos disminuiría del 16,5% al 5,64% y la de China del 6,1% al 5,36%. A cuanto a las regiones, 141 países del Sur Global aumentarían su porcentaje de votos del 37,0% al 56,4% y, en particular, los porcentajes de voto de 48 países del África subsahariana aumentarían del 4,9% al 9,0%. El 12% de los votos de las 36 economías avanzadas se redistribuiría entre 154 economías emergentes y en desarrollo.
Nuestra propuesta de reforma de la estructura de gobernanza del FMI necesitaría del improbable escenario en el que las partes interesadas dominantes cedan gran parte de su actual poder de voto. Sin embargo, creemos que las reformas de “responsabilidad común pero diferenciada” son críticas en nuestra emergencia climática.
En las Reuniones Anuales de 2020 de la Junta de Gobernadores del FMI, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, hizo un llamado a la acción: “En la actualidad nos enfrentamos a un nuevo ‘momento’ de Bretton Woods. Así como la pandemia ha demostrado que ya no podemos ignorar las precauciones necesarias en materia de salud, tampoco podemos permitirnos ignorar el cambio climático, el tercer imperativo. Nos centramos en el cambio climático porque es una cuestión crítica en términos macroeconómicos que plantea graves amenazas para el crecimiento y la prosperidad. También es una cuestión crítica para las personas y para el planeta”.
Así como las estructuras de gobernanza de las instituciones de Bretton Woods fueron necesarias para la reconstrucción de la posguerra, una prioridad urgente de las instituciones financieras y monetarias internacionales de hoy debe permitir nuevas configuraciones de toma de decisiones organizadas en torno a una acción climática equitativa. Si la emergencia climática debe tomarse en serio como un riesgo crítico en términos macroeconómicos para la economía mundial, se necesita urgentemente un cambio importante en la gobernanza económica mundial. El FMI es el lugar para comenzar.
