El 26 de agosto nueve expertos independientes y relatores especiales de la ONU enviaron una carta al director gerente del FMI expresando su preocupación “por el impacto de la política de recargos en el respeto de los derechos humanos en los países afectados”. La carta fue enviada bajo los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Hasta la fecha, el FMI ha considerado que la comunicación no merece respuesta. Un grupo de 350 organizaciones de la sociedad civil (OSC) y expertos enviaron una carta de seguimiento el 22 de noviembre pidiendo al directorio del FMI que garantice una respuesta y aborde la contradicción entre “su apoyo declarado a una transición justa y sus acciones”.

Esta carta formaba parte de una campaña más amplia de las OSC destinada a poner fin a la política de recargos del FMI, que, en línea con lo que se afirma en el comunicado del G24 de las Reuniones Anuales 2022 del FMI y el Banco Mundial (véase el Dispatch Annuals 2022), ha demostrado ser contraproducente, injusta, innecesaria y contraria a la legislación internacional en materia de derechos humanos (véase el Observador de Primavera de 2022). Esto es especialmente cierto en el contexto actual, donde un número creciente de países vulnerables al clima pueden recurrir al Fondo en busca de ayuda para recuperarse de los desastres climáticos.

El ex Experto Independiente de la ONU sobre Deuda y Derechos Humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, señaló que “el FMI tiene la obligación de responder a los requisitos de los titulares de mandatos, ya que es parte del sistema de las Naciones Unidas … No puede permitirse no responder si las preguntas que se le hacen son difíciles de responder, como lo sería la solicitud de justificar los recargos”.

Argentina y Barbados ya están pidiendo una revisión de la política, mientras que la declaración de Indonesia del G20 de noviembre también expresó su apoyo a continuar “la discusión de la política de recargos del FMI”.