Este año, se espera que el 85% de la población mundial viva bajo medidas de austeridad, lo que probablemente amplíe aún más la desigualdad. A los ciudadanos se les dice que no hay dinero, incluso si durante la pandemia el 38% de los fondos de intervención beneficiaron a las grandes empresas en lugar de financiar la protección social y apoyar a los trabajadores informales. Los países efectivamente rescataron a las empresas afectadas, mientras que no gravaron impuestos a las que obtuvieron ganancias excesivas.
A pesar de la volatilidad económica generalizada en los últimos años, las mil empresas más grandes del mundo registraron un exceso de ganancias de USD 1,15 billones en 2020 y 2021, un aumento del 68,5% con respecto al período anterior a la pandemia. Gravar las ganancias inesperadas empresariales, especialmente de las compañías de combustibles fósiles, e imponer impuestos a las personas ricas habría permitido un mayor gasto para la recuperación, el cual solo llegó a una media del 2,4% del PIB en 21 países del Sur Global en 2020-2021.
En cambio, el Monitor Fiscal del FMI de octubre de 2022 advirtió que “uno debe sopesar cuidadosamente si los impuestos sobre las ganancias inesperadas de la extracción de combustible son apropiados”, alegando preocupaciones de que podrían reducir las inversiones en el sector energético a largo plazo.
Los impuestos regresivos y la austeridad son la opción predeterminada para los países con restricciones, una tendencia peligrosa que empeora con las políticas del FMI y el Banco Mundial.Matti Kohohen, Financial Transparency Coalition, y Klelia Guerrero, LATINDADD
Los países del Sur Global que consideran gravar las ganancias inesperadas también enfrentan otros obstáculos. Tal como señaló el vicepresidente de Guyana, “en el acuerdo del contrato petrolero de Guyana, sería una violación imponer el impuesto sobre los rendimientos masivos de los que disfrutan las empresas”. En este sentido, el Banco Mundial debería ayudar a los países a salir de esas amenazas jurídicas en lugar de reforzarlas (véase el Observador de Verano de 2021).
Es necesario un cambio de rumbo en el enfoque de las IBW
Un ejemplo de las consecuencias de las políticas de las instituciones de Bretton Woods (IBW) se puede ver en Ecuador, donde un préstamo del FMI condujo a la consolidación fiscal, la desregulación y recortes de la atención médica combinados con el regresivo impuesto al valor agregado (IVA), lo que contribuyó a una de las tasas más altas de exceso de mortalidad por la pandemia (véase el Observador de Verano de 2020). Esto contrasta, por ejemplo, con la introducción de Chile de mayores regalías mineras para financiar su respuesta a la crisis con el objetivo de aumentar la recaudación de impuestos en un 3,6% del PIB (alrededor de USD 10.000 millones anuales).
Para empeorar las cosas, el FMI estima que la propuesta de impuesto mínimo mundial del 15% a las empresas multinacionales, liderada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)/G20, de 2021 no ayudará a los países del Sur Global. El Fondo calcula que los ingresos adicionales recaudados de este impuesto son inferiores al 0,2% del PIB mundial, al tiempo que afirma que las reformas fiscales internas en los países de bajos ingresos podrían aumentar los ingresos en un 8%. De esta manera, no solo se asume implícitamente que el Acuerdo Fiscal Global no puede mejorarse sino que, además, se pone la responsabilidad en los países en desarrollo. Tal como muestra el consejo del FMI a Kenia, esto significa desmantelar impuestos progresivos innovadores, lo que incluye la eliminación de impuestos nacionales sobre los servicios digitales sin ofrecer fuentes alternativas de ingresos.
Tal cosa se produce en el contexto de una resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 2022 que reforzará el papel de la ONU en la gobernanza fiscal, que conducirá posiblemente a una Comisión Tributaria de la ONU. Sigue siendo incierto si esta propuesta tendrá éxito a pesar de su importancia, ya que las negociaciones en curso en la OCDE, respaldadas por el FMI, pueden obstaculizar el progreso.
Por su parte, el Banco Mundial ha hecho declaraciones públicas que vinculan la tributación progresiva con la lucha contra la desigualdad. Sin embargo, en la práctica, sus clasificaciones de entornos de negocio, ya sea el antiguo Informe Doing Business (que otorgaba puntos por impuestos bajos y menos protección social) o el nuevo Proyecto de Clima Propicio para los Negocios (donde los impuestos más bajos se registran como parte de las medidas, pero ya no forman parte de la clasificación), recompensan lo contrario. Su consejo sigue sosteniendo que los impuestos más bajos generan crecimiento e inversión.
El Financiamiento de Políticas de Desarrollo (FPD) del Banco Mundial también tiende a sugerir el regresivo IVA, al tiempo que respalda acciones para combatir la elusión y la evasión fiscales. Sin embargo, las condiciones de los préstamos rara vez respaldan los impuestos a la riqueza o las ganancias inesperadas (véase Antecedentes, What is World Bank Development Policy Financing?). Hay otra incoherencia: si el Banco realmente apuntara a una agenda tributaria ecológica y sostenible, su consejo a los países debería ser reducir los incentivos fiscales a las industrias extractivas y no lo contrario.
Un ejemplo pertinente proviene de Brasil, donde una de las mayores minas de bauxita, Mineração do Rio Norte, recibió una exención del impuesto sobre la renta de las sociedades del 75% que costó USD 76 millones entre 2020 y 2021, más que los ingresos combinados recaudados por la municipalidad regional a través de impuestos, tasas y cargos locales durante el mismo período. Eliminar tales exenciones, al tiempo que podría provocar casos de Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS) (véase el Observador de Verano de 2020), serían formas muy progresivas de aumentar los ingresos públicos.
Los impuestos regresivos y la austeridad ya son la opción predeterminada para los países con restricciones, una tendencia peligrosa empeorada por las políticas del FMI y el Banco Mundial. Mientras que las poblaciones pobres y marginadas no son capaces de movilizar sus causas de manera efectiva en los ámbitos político o judicial, las empresas y los ricos sí lo son, y lo han hecho históricamente.
Las políticas tributarias progresivas son imprescindibles para abordar de manera equitativa la crisis actual y las organizaciones multilaterales deben fomentar su incorporación en las esferas local y mundial en lugar de poner obstáculos a su implementación o etiquetarlas como indeseables o técnicamente inviables.
