Ha crecido el impulso a los llamamientos de la sociedad civil para alejarse de las muy criticadas asociaciones público-privadas (APP). Tras la conferencia “Nuestro futuro es público” en Chile en diciembre de 2022, el 26 de enero se publicó una “Declaración de Santiago por los Servicios Públicos”, respaldada por más de 200 organizaciones, abogando por “una audaz acción nacional colectiva a favor de reformas fiscales y económicas progresistas y ambiciosas, transformadoras de las relaciones desiguales de género, que amplíen masivamente el financiamiento de los servicios públicos universales”.

La declaración enfatizó el papel del FMI y el Banco Mundial en el despojo de servicios públicos cruciales, destacando los recortes de austeridad en los presupuestos del sector público y las facturas salariales promovidas por el FMI, que fomentan la dependencia y la deuda insostenible (véase el Observador de Otoño de 2022).

A pesar de la evidencia de que el financiamiento privado es más caro que los préstamos del Estado – ya que los Estados asumen un papel de ‘eliminador de riesgo’ para el sector privado – menos eficiente y crea sistemas opacos a menudo exentos de regulaciones, el Banco parece comprometido a promover este enfoque. El mismo parece verse reforzado por la nominación en Estados Unidos del ex director ejecutivo de Mastercard, Ajay Banga, como el próximo presidente del Banco Mundial, lo que indica una posible profundización del sesgo del sector privado del Banco (véase el Observador de Primavera de 2023).