La primera serie de acuerdos de préstamo del nuevo Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad (FFRS) del FMI, que entró en funcionamiento en octubre (véase el Dispatch Annuals 2022), ha duplicado el apoyo de las instituciones de Bretton Woods a la captación de financiamiento privado, una agenda también respaldada firmemente por sus accionistas del Grupo de los Siete (G7) y un pilar clave del proceso emergente de la hoja de ruta de la evolución del Banco Mundial (véase el Observador de Primavera de 2023).
El FFRS, un nuevo fideicomiso capitalizado por los Derechos Especiales de Giro prestados por los países miembros más acomodados del FMI, está diseñado para respaldar cambios de política que aborden posibles problemas futuros de balanza de pagos relacionados con el cambio climático (véase Al interior de las instituciones, ¿Qué son los Derechos Especiales de Giro (DEG)?). El directorio del FMI ha aprobado cinco paquetes de financiamiento desde noviembre para Bangladesh, Barbados, Costa Rica, Jamaica y Ruanda, respectivamente, que superan los USD 3.300 millones en total.
Los programas de préstamo del FFRS exigen que los países cuenten con otro programa de financiamiento del FMI, lo que significa que los países que acceden al fideicomiso deben negociar un conjunto más amplio de condicionalidades macroeconómicas con el FMI, que generalmente se basan en la consolidación fiscal, lo que podría limitar su espacio fiscal y de políticas para abordar su vulnerabilidad a los impactos climáticos (véase el Observador de Verano de 2022 y el de Primavera de 2022).
No hay evidencia que respalde la justificación del FFRS de que un "entorno propicio" puede cerrar la brecha en el financiamiento climático a través de un financiamiento privado volátilFederico Sjaba, Recourse
APP para el clima: ¿Apertura del espacio fiscal u oro de tontos?
La condicionalidad acordada entre el FMI y los países miembros para asegurar el financiamiento del FFRS hasta ahora favorece fuertemente un uso ampliado de las asociaciones público-privadas (APP) para la acción climática. Esto genera preguntas sobre si las reformas de políticas del FFRS son adecuadas para ayudar a los Estados a mitigar posibles problemas de balanza de pagos relacionados con el cambio climático, dados los riesgos asociados con el modelo de financiamiento de las APP, que la sociedad civil ha destacado repetidamente en los últimos años (véase el Observador de Otoño de 2022 el de Primavera de 2019 y el de Invierno de 2017-2018).
Por ejemplo, los USD 1.400 millones en financiamiento FFRS de Bangladesh, aprobados por la junta ejecutiva del FMI el 30 de enero, se basan en ayudar a “aprovechar el financiamiento climático del sector privado”, incluido un plan para “actualizar la política y el marco de las APP para reflejar los riesgos climáticos”. Del mismo modo, las ‘reformas calificadas’ del FFRS de Ruanda, vinculadas a USD 319 millones en financiamiento, incluyen esfuerzos para aumentar el ‘espacio fiscal’ a través de APP, mientras que el programa FFRS de USD 189 millones de Barbados señala que el país buscará “aumentar significativamente el financiamiento climático privado en los próximos tres años”, incluso a través de reformas a su sistema de licencias del sector eléctrico para permitir APP de energía renovable. En el programa FFRS de USD 710 millones de Costa Rica, el primero aprobado bajo el fideicomiso, las reformas acordadas incluyen “simplificar los procedimientos administrativos para la participación privada en la generación de energía a partir de energías renovables”.
El paquete de financiamiento FFRS de USD 764 millones de Jamaica, aprobado por la junta ejecutiva del FMI el 2 de marzo, también señala que “el marco de APP se modificará nuevamente para incluir requisitos climáticos en los acuerdos de APP, desde la identificación del proyecto hasta la gestión del contrato”.
En contraste con la reciente oleada de condicionalidad de los préstamos FFRS, una nota del personal técnico del FMI publicada en agosto advirtió que “la inversión de las asociación público-privada implica aumentos potencialmente grandes de la deuda pública a través de la cristalización de pasivos contingentes” (véase el Observador de Otoño de 2022). “No hay evidencia que respalde la lógica del FFRS de que un ‘entorno propicio’ puede cerrar la brecha en el financiamiento climático a través de un financiamiento privado volátil”, dijo Federico Sjaba de la CSO holandesa Recourse. “El FMI debería garantizar más DEG libres de condicionalidad para los países del Sur Global afectados por la deuda para abordar los problemas de balanza de pagos que surgen de las transiciones justas”.
