Con el proceso de la Hoja de Ruta de Evolución del Banco Mundial en marcha, aumenta la preocupación de que el Banco amplíe su enfoque de financiamiento privado para abordar el cambio climático (véase el Observador de Verano de 2023). El Banco ha estado a la vanguardia de la promoción de “falsas soluciones” centradas en el sector privado, incluido el comercio de carbono y las llamadas compensaciones de biodiversidad, que intentan compensar la destrucción de hábitats naturales y especies a través de la conservación en otros lugares. Si bien la ineficacia del sistema de comercio de carbono ha sido ampliamente documentada, el irregular historial de compensaciones de biodiversidad ha escapado casi siempre al escrutinio público, y fueron incluidas en el marco de biodiversidad de la ONU del año pasado.
La Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo de inversión del sector privado del Banco, ha financiado al menos 19 proyectos relacionados con compensaciones de biodiversidad. Una investigación reciente en Guinea publicada por el medio de noticias ProPublica demuestra la naturaleza problemática de este enfoque, donde una empresa minera cofinanciada por la CFI desplazó a personas y destruyó el hábitat de simios en peligro de extinción, los que a su vez atacaron a los aldeanos en una lucha compartida por alimentos y agua. Mientras tanto, el proyecto de “compensación”, un parque nacional que protege a los chimpancés en una lozana más lejana, ya está siendo socavado por otra mina de bauxita y una represa planificada que también podría matar a la mitad de la población de simios del lugar. Estos problemas no son nuevos: en 2013, expertos de la sociedad civil ya plantearon su preocupación a la junta del GBM por las problemáticas compensaciones de biodiversidad de otra mina financiada por la CFI en Guinea, también en relación con los chimpancés (véase el Boletín de Diciembre de 2013).
Las compensaciones de biodiversidad se basan en pruebas escasas sobre su efectividad, ya que los ecosistemas frágiles rara vez pueden ser desarraigados y recreados en otros lugares. Tal como señaló un panel del Foro de Políticas de la Sociedad Civil en las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial de abril, la sostenibilidad del componente de compensación de conservación rara vez es monitoreado a largo plazo, por lo que la protección ni siquiera puede extenderse más allá del plazo de un proyecto (véase el Dispatch Springs 2023). En cualquier caso, las empresas ambientalmente destructivas siguen utilizando las compensaciones para continuar con sus enfoques comerciales habituales con financiamiento público del Grupo del Banco Mundial, algo que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) ambientales, como Global Witness, han calificado como lavado verde.
Se acabó el tiempo para soluciones falsas y más de lo mismo: necesitamos un cambio real que apoye los derechos e intereses de los más afectados por la pérdida de biodiversidad.Hannah Greep, BankTrack
Sin mantener estándares y soluciones creíbles, la CFI establece un estándar bajo para los demás.
Las inversiones de la CFI y el Banco Mundial en megaproyectos extractivos y de infraestructura se han vinculado regularmente a la deforestación, el desplazamiento, la pérdida de medios de vida, los abusos de los derechos humanos y la degradación ambiental (véase el Observador de Invierno de 2021, el de Otoño de 2020, el de Otoño de 2019 y el Boletín de Diciembre de 2013). Sin embargo, el impacto de estos casos va más allá del proyecto en sí, ya que las normas y prácticas del GBM sobre rendición de cuentas, reparación y protección ambiental establecen el estándar para otras instituciones de desarrollo y proporcionan un sello de legitimidad para las empresas extractivas, tal como se muestra en un informe de 2018 de Human Rights Watch, que constató que el gobierno de Guinea señala los estándares de la CFI como buenas prácticas.
Presionada por su junta y un panel de expertos después de la muy publicitada demanda Jam vs. la CFI (véase el Observador de Verano de 2022), la IFC se ha comprometido a crear un marco de reparación. Sin embargo, un primer borrador publicado a principios de este año fue severamente criticado por una alianza de 48 OSC, incluyendo Accountability Counsel, Recourse, Oxfam y el Center for International Environmental Law, por su “abyecto fracaso” en el reconocimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos o, de hecho, en proporcionar un plan para algún tipo de remedio (véase el Observador de Verano de 2022). La reforma del mecanismo de rendición de cuentas y reparación de 2022 del Banco Mundial fue denunciada por un grupo similar de OSC por ser incluso peor que la CFI, al carecer de la opción de suspender proyectos que producen daños inminentes e irreversibles (véase el Observador de Otoño de 2022).
En el contexto de una transición industrial y energética verde que verá una mayor extracción de minerales necesarios para el almacenamiento de energía renovable y otras tecnologías “verdes”, los riesgos de degradación ambiental y el daño humano en los países ricos en recursos del Sur Global como Guinea seguirán siendo temas urgentes. Tal como se destacó en un informe de expertos de junio respaldado por 74 OSC y co-escrito por BankTrack, Amigos de la Tierra, Bank Information Center y Rainforest Action Network: “Es fundamental que los financistas eviten los enfoques de compensación de biodiversidad y de carbono … y la dependencia de tecnologías vagas y no probadas, ya que hay una gran cantidad de evidencia acumulada de que estos enfoques no son efectivos para resolver los problemas fundamentales de la pérdida de biodiversidad y el cambio climático”.
