La liberalización financiera implica diluir o desmantelar los controles regulatorios sobre las estructuras institucionales, los instrumentos y las actividades de los agentes en diferentes segmentos del sector financiero. Esta ha tenido un profundo impacto en Uganda, así como en otras economías africanas en los últimos 40 años, pero no ha impulsado la transformación económica.
Los problemas de liberalización financiera y controles de capital en Uganda, como en el continente en general, han pasado a primer plano debido a las crisis en curso, es decir, el cambio climático, los altos déficits comerciales, los impactos negativos en la salud (incluidas las altas tarifas, la dependencia de vacunas y productos farmacéuticos), los problemas de endeudamiento y la contracción económica. En muchos países la pandemia de Covid-19 intensificó los desafíos estructurales preexistentes, ejemplificados por la dependencia de los productos básicos, debido a la limitada transformación económica (véase el Dispatch Annuals 2022 y Springs de 2022).
África necesita recursos para hacer frente a todos estos desafíos. Habida cuenta de la disminución de los niveles de asistencia oficial para el desarrollo proporcionada por los países ricos y de la creciente carga de la deuda, los ingresos internos pueden contribuir muchísimo a hacer frente a los desafíos actuales. Por lo tanto, para los países africanos, el debate sobre la liberalización financiera y los controles de capital está inextricablemente ligado a la búsqueda urgente de movilizar recursos mediante la captura del posible superávit invertible para la inversión. Por ello, la mayoría de los gobiernos africanos posteriores a la independencia instituyeron medidas para minimizar la proporción de ganancias extranjeras repatriadas y maximizar lo que se retenía en sus economías. Entre ellas figuraban regulaciones sobre la repatriación de beneficios e impuestos sobre la inversión extranjera y los beneficios. Los gobiernos también apoyaron directamente sus economías a través de empresas estatales, que capturan las ganancias que, de otro modo, habrían sido acumuladas por el capital extranjero y se habría repatriado y perdido para la economía nacional.
Sin embargo, los Programas de Ajuste Estructural (PAE) impuestos a África por el FMI y el Banco Mundial en la década de 1980 desmantelaron todas estas políticas y las reemplazaron con políticas neoliberales, es decir, la liberalización económica y financiera mediante la reformulación del papel del Estado para que simplemente proporcione un ‘entorno propicio’ para que el sector privado prospere y la promoción del desarrollo económico liderado por el sector privado. Debido a la debilidad del sector privado nacional en Uganda, y en muchos otros países africanos en ese momento, los gobiernos africanos desarrollaron una nueva lista de políticas para incentivar la inversión extranjera directa (IED). Entre ellas figuraban los incentivos fiscales y la flexibilización o el desmantelamiento total de las regulaciones relativas a los flujos financieros que entraban y salían de la economía nacional.
El duradero legado negativo de la liberalización financiera
Los efectos de la liberalización financiera han variado de un país a otro. Sin embargo, la literatura ha demostrado que, aunque los flujos financieros aumentaron en algunos países, la liberalización financiera y la liberalización de la cuenta de capital han presentado una serie de problemas para los países africanos (véase el Dispatch Springs de 2022). Estos incluyen: aumento de la volatilidad y la vulnerabilidad a las perturbaciones externas debido a la exposición a flujos de capital volátiles; inestabilidad en los sistemas financieros de los países y presión sobre el tipo de cambio con impactos negativos en la estabilidad macroeconómica y el crecimiento económico; apreciación de la moneda nacional debido al aumento de las corrientes de capital, lo que hace que las exportaciones sean menos competitivas; debilitamiento del sector financiero nacional.
En el caso de Uganda concretamente, la liberalización de su cuenta de capital en 1997 fue parte de una serie de políticas de estabilización y reforma emprendidas desde 1987 en el marco de los PAE del FMI y del Grupo Banco Mundial. El gobierno, entre otras medidas, permitió el libre flujo de capital entre Uganda y el resto del mundo, permitiendo a los residentes y no residentes mantener cuentas denominadas en divisas en el sistema bancario nacional y a los residentes mantener cuentas e instrumentos denominados en divisas fuera del país. La liberalización de la cuenta de capital en Uganda se justificó con el argumento de cerrar la brecha ahorro-inversión para promover un crecimiento sostenible a largo plazo y abordar su déficit fiscal para financiar proyectos de infraestructura.
Desde la liberalización de su economía, Uganda no ha visto un aumento de los flujos de capital, pero los indicadores macroeconómicos clave se han deteriorado. Según datos del FMI, por ejemplo, en 1998 los flujos entrantes representaron el 3,19% del PIB mientras que, en 2020 y 2021, representaron el 2,32% y el 2,82% del PIB, respectivamente. El déficit fiscal también aumentó del 7,1% del PIB en 1998-1999 al 9% en 2020-2021; mientras que la relación deuda pública/PIB aumentó del 45,1% en 1998 al 52,2% en 2022. El déficit comercial también creció de una balanza comercial del 6,8% del PIB en 1964 a un déficit del 10,1% del PIB en 2021.
Estas cifras adversas ocultan un profundo cambio estructural que se ha producido en Uganda desde la liberalización de su sector financiero que incluye el colapso de los bancos locales con la reducción de los préstamos a los sectores rural e informal, tasas de préstamo persistentemente altas de entre el 18% y el 20% y la reorientación de las inversiones fuera de los sectores productivos de la economía. Por lo tanto, la liberalización financiera no ha logrado impulsar la inversión hacia sectores que podrían transformar estructuralmente la economía ugandesa. De hecho, ha perpetuado el subdesarrollo económico al tiempo que facilita la extracción de beneficios por parte de los inversores extranjeros. Así pues, Uganda sigue siendo una de las economías más pobres del mundo.
La experiencia de Uganda demuestra la necesidad urgente de que los gobiernos africanos – y el FMI – reconsideren la eficacia de la liberalización de la cuenta de capital, sobre la base de una evaluación del costo de estas políticas neoliberales en sus economías, especialmente teniendo en cuenta las actuales crisis múltiples (véase el Dispatch Springs 2023).
