En el período previo al nombramiento de Ajay Banga como nuevo presidente del Banco Mundial no era ningún secreto que muchos observadores del Banco eran muy críticos con la elección del candidato (véase el Observador de Primavera de 2023). Su falta de experiencia en desarrollo internacional, su condición de veterano en el mundo de las finanzas empresariales y su preferencia expresada por las asociaciones público-privadas (APP) (véase el Observador de Otoño de 2022) dispararon las alarmas para muchos, en particular para aquellos preocupados por la igualdad de género.
La reciente pandemia mundial puso de manifiesto el papel esencial de los servicios públicos, incluidos la atención médica, la asistencia social y la educación, y la importancia de mantener los esquemas de protección universal, especialmente para las mujeres (véase el Informe Learning lessons from the Covid-19 pandemic: The World Bank’s macroeconomic policies and women’s rights). Esto, y un flujo constante de evidencia que destaca la necesidad de servicios esenciales financiados con fondos públicos, así como los efectos de las medidas de austeridad sobre el género, no fue suficiente para evitar que las Instituciones de Bretton Woods (IBW) volvieran a las prácticas habituales y a recomendar a los ‘países clientes’ recetas políticas que alientan la austeridad perjudicial y evitable.
Un nuevo informe de ActionAid UK, lanzado en mayo, con evidencia de Ghana, Kenia, Malawi y Sudáfrica, destaca la importancia crítica de servicios públicos que sean sensibles al género. Tomando nota del papel del Banco Mundial en la privatización en curso de los servicios y los recortes del gasto público en estos países. La guía ilustrada establece cómo los derechos de las mujeres y las niñas se ven afectados cuando los servicios públicos son de mala calidad, privatizados o recortados, particularmente en situaciones como las actuales crisis intersectantes: desigualdad, clima, salud, educación, conflicto y deuda, junto con la pandemia de Covid-19. El informe subraya que debemos “mantener los servicios públicos resistiendo la presión de privatizar”.
La privatización es motivo de preocupación
El Banco Mundial, a través de su brazo del sector privado, la Corporación Financiera Internacional (CFI), ha sido criticado repetidamente, incluso por expertos en derechos humanos de la ONU, por los daños causados por sus inversiones en servicios sociales con fines de lucro, incluidos la atención médica y la educación (véase el Observador de Verano de 2022). Por ejemplo, el propio Grupo de Evaluación Independiente (GEI) del Banco y otros constataron que el apoyo de la CFI a Bridge International Academies, escuelas K-12 con fines de lucro, tuvo como consecuencia una educación de mala calidad, acusaciones de abuso sexual y abuso de poder, falta de transparencia y condiciones inadecuadas para alumnos y maestros. Un informe de Oxfam de junio expuso los daños de la inversión del Banco Mundial en modelos de atención médica con fines de lucro, particularmente para las mujeres, señalando que “los objetivos de maximización de ganancias en la atención médica conllevan riesgos inherentes a la salud pública y los derechos de los pacientes” y destacando la evidencia de que, “en países de todo el mundo, cuanto mayor es la proporción de financiamiento privado para la salud, mayor es la tasa de muertes de mujeres”.
El pronóstico económico posterior a la pandemia sigue siendo sombrío y los líderes mundiales y los movimientos sociales se unen cada vez más a los llamamientos para reformar la arquitectura financiera internacional (véase el Dispatch Springs 2023). El nuevo presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, cree que la respuesta está en movilizar más financiamiento privado, a pesar de la gran cantidad de evidencia que subraya que este enfoque no ha generado los billones prometidos ni ha tenido resultados de desarrollo inclusivos (véase el Observador de Primavera de 2020).
Con el proceso formal de consulta para la nueva estrategia de género del Banco que, después de varios retrasos, finalmente comienza en julio, las organizaciones de derechos de las mujeres están preocupadas por la duplicación de soluciones privatizadas para la prestación de servicios sociales bajo el liderazgo de Banga. Estas temen sus consecuencias sobre las décadas de lucha de la sociedad civil para que el Banco reconozca los daños de género de sus políticas macroeconómicas y que se enfoque en la privatización (véase el Informe, Gender Just Macroeconomics, the World Bank’s Privatizatisation Push). Chikumbutso Ngosi, de ActionAid Malawi, destacó lo importante que es para las mujeres “comprender las formas desiguales en que operan las políticas macroeconómicas y cómo esto se conecta con sus derechos a acceder a servicios públicos sensibles al género”.
