En julio, el FMI aprobó cerca de USD 1.000 millones en nuevos préstamos a Kenia, para recompensar al gobierno por una serie de nuevas medidas fiscales asesoradas por el Fondo. Los ciudadanos salieron a las calles en protestas generalizadas en las que murieron alrededor de 30 personas y cientos fueron arrestadas, mientras las nuevas subidas de impuestos amenazan con profundizar una crisis del coste de la vida ya de por sí grave. Una carta pública de la campaña Okoa Uchumi, que representa a 19 organizaciones de la sociedad civil keniana, advirtió que “la flagrante falta de consideración de los efectos de las medidas de austeridad en la creciente desigualdad, el hambre y la pobreza en el país” estaba “perjudicando a los más vulnerables de nuestra población” (véase el Dispatch Springs 2021).
El nuevo régimen fiscal, consagrado en la Ley de Finanzas del presidente Ruto, incluye duplicar el impuesto al valor agregado (IVA) sobre los combustibles del 8% al 16%, aumentar los impuestos sobre los alimentos, las transferencias de dinero móvil, la creación de contenidos digitales y los salarios, “racionalizar” el empleo en el sector público, así como cobrar un gravamen a todos los empleados y empleadores para financiar una problemática asociación público-privada para viviendas “asequibles” (véase el Observador de Primavera de 2019). La Ley de Finanzas ya fue impugnada en los tribunales y suspendida, pero las medidas del IVA fueron aprobadas. Sin alternativas asequibles de energía verde disponibles, el aumento de los precios del combustible afecta más gravemente a los consumidores pobres y a los propietarios de pequeñas empresas, especialmente a las mujeres, ya que se incrementan los precios del transporte, la cocina y muchos productos asociados (véase el Observador de Otoño de 2021 y el Informe, The IMF, Gender Equality and VAT). Los precios de alimentos básicos como el maíz se han más que triplicado. Por otro lado, la riqueza privada, la propiedad de la tierra y las grandes empresas siguen sin ser afectadas por las reformas. Mientras tanto, la violenta represión policial contra los manifestantes ha provocado protestas de Amnistía Internacional y de las Naciones Unidas.
Aumentar los impuestos a los pobres para pagar la deuda socava el crecimiento y la productividad
Okoa Uchumi advirtió que el “enfoque del FMI en la estabilización en lugar del crecimiento y el desarrollo” amenaza no solo con perjudicar a los pobres y la prestación de servicios públicos con perspectiva de género, sino que se hace a expensas del crecimiento económico y la productividad, ya que los impuestos excesivos ‘socavan los esfuerzos empresariales’”. Los aumentos de impuestos propuestos para los pequeños agricultores no solo amenazan la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de los más pobres, sino que también suponen una carga adicional para un sector que ya opera con márgenes reducidos y desafíos ambientales.
Las consultas [con la sociedad civil] se están utilizando para legitimar un proceso que continúa poniendo a la mayoría de los kenianos en mayor riesgo de hambre y pobreza.Okoa Uchumi campaign
La supuesta justificación de este vasto régimen tributario es que restablecerá el equilibrio fiscal y reducirá la dependencia de Kenia de la deuda externa. Alrededor de la mitad de los ingresos proyectados se destinará al pago de la deuda. Irónicamente, solo seis meses después del inicio de la presidencia de Ruto, la deuda ya se había disparado de unos USD 28.700 millones a USD 35.000 millones en abril de 2023. La prioridad no parece ser apoyar la transformación económica o incluso la reducción de la deuda a largo plazo, sino reformas de austeridad que consagren un modelo extractivo en el que cada vez más ingresos de los ciudadanos se canalicen a los acreedores internacionales (véase el Observador de Primavera de 2023).
