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A finales de agosto, la reunión de los BRICS+ en Johannesburgo, Sudáfrica, suscitó una preocupación casi universal (y hasta la desesperanza) de que algunos de los regímenes más tiránicos del mundo se estén uniendo y potencialmente enfrentándose a ‘Occidente’, en parte debido a las duras condicionalidades de los préstamos de las IBW. Cinco de los seis nuevos miembros proceden de Medio Oriente y el Cuerno de África, incluyendo a los peligrosamente endeudados Egipto y Etiopía, mientras que otro nuevo miembro, Argentina, se encuentra bajo el pulgar de la austeridad de Washington. Y esa percepción probablemente obligará a un compromiso más activo de los regímenes BRICS+ por parte del nuevo presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva (véase Al interior de las instituciones, ¿Qué es el pacto de caballeros?).
La propia historia de Banga en el municipio de Soweto, en Johannesburgo, incluyó una asociación de Mastercard con una firma de ‘inclusión financiera’ propiedad del Banco (Cash Paymaster Services), que en 2020 se vio obligado a declararse en quiebra después de no pagar multas por fraude generalizado contra el Estado (a través de un ministro de bienestar corrupto) y millones de los más pobres de la sociedad (véase el Observador de Verano de 2023). Del mismo modo, Georgieva fue alta funcionaria del Banco Mundial antes de trasladarse al Fondo en 2019, y se la ha recordado principalmente por su presunto papel en la ‘manipulación de información‘ en el Doing Business Report del Banco en nombre del programa de inversión extranjera directa de China. El presunto fraude estadístico fue tan grave que estuvo a punto de verse obligada a dimitir de la dirección del FMI en 2021 (véase el Observador de Otoño de 2021). Con el mismo espíritu, sus predecesores en el FMI como director gerente incluyen a Rodrigo Rato, quien fue encarcelado por fraude financiero en 2017, Christine Lagarde, que fue condenada por un caso de soborno político en 2016, y Dominique Strauss-Kahn, que renunció después de su agresión sexual en un hotel de Nueva York en 2011 y fue procesado (aunque el caso fue abandonado, una demanda civil de la víctima, una limpiadora de hotel, se resolvió más tarde fuera de los tribunales).
[El Banco Mundial y el FMI] intentaron utilizar el momento posterior a 2011 para mantener la características esenciales de la práctica pasada, al tiempo que emplean un discurso que profesa un nuevo rumbo y simpatía con los objetivos de justicia social de los levantamientos.Adam Hanieh, politólogo
¿Qué hay en los sagrados pasillos financieros internacionales de Washington que hace que sea tan difícil para los burócratas de las IBW romper el patrón de corrupción dentro de la élite? Sin duda, la presión extrema de la geopolítica a menudo sofoca la ética financiera, ya que, tal como el economista Rudiger Dornbusch comentó en 1998, “El FMI es un juguete de Estados Unidos para continuar su política económica en el extranjero”, un problema que no desaparecerá mientras Washington conserve el poder de veto sobre las políticas y proyectos del Banco y el Fondo y apuntale a los dictadores favorecidos (véase Al interior de las instituciones, El Banco Mundial, la gobernabilidad del FMI y la toma de decisiones). El reciente escándalo en el que Estados Unidos ejerció su poder en el FMI para acelerar un préstamo de USD 2.000 millones a Pakistán, a cambio del suministro urgente de armas por USD 900 millones a Ucrania, es solo el último caso.
Pero hay una razón más profunda para la corrupción sostenida: la ideología neoliberal. Desde el norte de África hasta Sudáfrica, los acuerdos financieros con gobiernos explícitamente corruptos están integrados en el Banco y el FMI, incluso cuando la propia institución ‘alternativa’ de los BRICS, el Nuevo Banco de Desarrollo, parece tener exactamente el mismo problema en relación con su docena de carteras de créditos sudafricanas. Además, el Acuerdo de Reservas Contingentes de los BRICS (todavía teórico) empodera al FMI porque si un país quiere pedir prestado más del 30% de su cuota, primero debe suscribir un programa de ajuste estructural, diseñado en la 18th & H Streets NW en Washington DC. Al fin y al cabo, las instituciones de los BRICS no son en realidad alternativas, sino amplificadoras de la mala gobernanza, dada la presión política para ajustarse a los deseos de ambos prestatarios -por ejemplo, el capitalismo de amiguetes de Vladimir Putin o el servicio de agencias paraestatal sudafricano al complejo minero-energético- y a la inevitable contracción de las agencias de calificación crediticia de Nueva York (véase el Observador de Verano de 2020). A su vez, esto irónicamente obligó al Nuevo Banco de Desarrollo a acompañar las sanciones financieras occidentales contra su propio accionista del 18% en Moscú inmediatamente después de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, y que se mantienen incluso bajo la presidencia del Banco de 2023 de la aliada de Putin, Dilma Rousseff.
Lecciones de la Primavera Árabe no aprendidas en Washington
Hace una docena de años, el clientelismo del FMI y el Banco parecía estar al borde del colapso en el norte de África. En 2011 millones de manifestantes a favor de la democracia en Túnez, Egipto, Libia y Argelia se enfrentaron a la brutalidad infligida por regímenes tiránicos y ultracorruptos. Tras bambalinas, en cada caso, había funcionarios del Banco Mundial y del FMI que apoyaban (y a menudo financiaban) la injusticia económica, incluso cuando la austeridad ejercía una presión insoportable sobre la sociedad. El más notorio fue Strauss-Kahn, quien en 2008 fue agasajado por el tirano tunecino Zine El Abidine Ben Ali. Al director del FMI se le dio la Orden de la República Tunecina por su “contribución al fortalecimiento del desarrollo económico a nivel mundial”. A cambio, Strauss-Kahn fue efusivo al expresar que la política económica de Ben Ali era “el mejor modelo para muchos países emergentes… Túnez está haciendo progresos impresionantes en su agenda de reformas y sus perspectivas son favorables”.
Codificando los elogios de Strauss-Kahn a Ben Ali, dos de sus economistas –Joël Toujas-Bernate y Rina Bhattacharya– mostraron su entusiasmo en IMF Survey Magazine en 2010, por cómo el dictador tunecino había promovido “amplias reformas estructurales destinadas a mejorar su entorno empresarial y mejorar la competitividad de su economía”. Elogiaron su “prudente gestión macroeconómica”, una “estrategia de promoción de las exportaciones”, varios acuerdos de libre comercio y, en finanzas, movimientos hacia la liberalización que “transformarían a Túnez en un centro de servicios bancarios y un mercado financiero regional”.
En política social, Toujas-Bernate y Bhattacharya aplaudieron a las autoridades tunecinas por las “reformas en las políticas del mercado laboral, el sistema educativo y los servicios públicos de empleo que servirán para facilitar la movilidad laboral y reducir los desajustes entre la demanda y la oferta en el mercado laboral. La implementación de estas reformas será respaldada por varios préstamos del Banco Mundial para políticas de desarrollo” (véase Al interior de las Instituciones, What is World Bank Development Policy Financing?). En el “ sistema de reforma de la seguridad social” (es decir, recortes que podrían “apuntalar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones”) y el intento de recortar “los subsidios a los alimentos y los productos combustibles”, Ben Ali recibió elogios por “emprender reformas para hacer que el régimen fiscal sea más favorable a las empresas”, incluidos los compromisos “para reducir las tasas impositivas sobre las empresas y compensar esas reducciones aumentando la tasa estándar del Impuesto al Valor Agregado (IVA)”, es decir, un enfoque profundamente regresivo de la tributación (véase el Observador de Invierno de 2020).
El 17 de diciembre de 2010, el suicidio por inmolación de Mohamed Bouazizi, un comerciante informal inmensamente frustrado, después de que su puesto de frutas y verduras fuera confiscado, siguiendo las instrucciones de Washington de exprimir los ingresos tributarios de los pobres, catalizó la revuelta de la Primavera Árabe que expulsó a Ben Ali apenas un mes después. WikiLeaks reveló cómo incluso el Departamento de Estado de EE.UU. estaba horrorizado por las familias de Ben Ali y su esposa Leila Trabelsi, que controlaban la mitad de la economía nacional y que, tal como explicó Rob Prince, estaban “dominando las privatizaciones impuestas por el FMI que han marcado la transición económica del país”. En julio de 2019 la Comisión de la Verdad y la Dignidad de Túnez envió memorandos al Banco Mundial y al FMI, así como a Francia, en los que solicitaba reparaciones para las víctimas tunecinas de violaciones de derechos humanos, alegando que el FMI y el Banco Mundial tenían “una parte de la responsabilidad” en los disturbios sociales vinculados a las políticas de ajuste estructural (véase el Observador de Otoño de 2019).
En cuanto al reinado de Muamar el Gadafi en Libia, en octubre de 2010 el FMI celebró el régimen por “reducir el empleo en la administración pública” en 340.000 trabajadores, al tiempo que recomendó “que se acelerara el programa de reducción de personal”. En febrero de 2011 el FMI promovió “un ambicioso programa para privatizar los bancos” y “elogió a las autoridades por su ambicioso programa de reformas, y expresó su deseo de que se apliquen de manera efectiva las numerosas e importantes leyes aprobadas en el último año, complementadas con políticas destinadas a adaptar la fuerza laboral a la transformación económica”.
Los reporteros del New York Times Pierre Briancon y John Foley observaron cómo “la misión del Fondo en Trípoli había omitido comprobar si la ‘ambiciosa’ agenda de reformas tenía algún tipo de apoyo popular. Libia no es un caso aislado. Y el FMI no queda bien parado después de sus críticas entusiastas a muchos de los países sacudidos por las revueltas populares en las últimas semanas”, incluidos Bahréin, Argelia y Egipto. La preocupación de los reporteros del NY Times era que “el derrocamiento de regímenes impopulares dificultará que sus sucesores adopten las mismas políticas. En el futuro, el FMI podría querer agregar otra casilla a marcar en su lista de criterios: el apoyo democrático” (véase el Observador de Invierno de 2019).
Pero debido a que ese concepto era completamente extraño, ni el FMI ni el Banco parecían tener idea de que promover tan abiertamente el neoliberalismo en regímenes corruptos generaría inestabilidad política. Un informe del Banco Mundial de febrero de 2011, Africa’s future and the World Bank’s support to it, indicó que tanto Túnez como Libia eran de ‘bajo riesgo’ en un mapa de “Estados frágiles y afectados por conflictos”, incluso después de que Ben Ali fuera derrocado por demanda popular y Libia se desintegraba.
Y en Egipto, donde la dictadura y el régimen militar-capitalista de Hosni Mubarak se endeudaban mucho, la Consulta del Artículo IV del FMI elogió a El Cairo en 2010 por “reformas fiscales clave: introducción del impuesto a la propiedad, ampliación del IVA y eliminación gradual de los subsidios a la energía”. “Las políticas fiscales y monetarias de Mubarak del año pasado han estado en línea con los consejos del personal. Las autoridades mantienen su compromiso de reanudar la consolidación fiscal en términos generales, de conformidad con las recomendaciones anteriores para abordar las vulnerabilidades fiscales”. El FMI argumentó que todavía era necesaria una “acción decisiva” para “reanudar la privatización y aumentar el papel de las asociaciones público-privadas cuidadosamente estructuradas y con precios adecuados”.
Del 25 de enero al 11 de febrero de 2011, millones de ciudadanos enfurecidos salieron a las calles y a la plaza Tahrir, lo que obligó a Mubarak a dimitir. Luego fue repetidamente condenado y encarcelado por descarada malversación de fondos estatales a través de los “palacios presidenciales”, que de alguna manera había pasado desapercibida para el FMI y el Banco.
Pero debido a los procesos contrarrevolucionarios de los meses y años siguientes, ninguno de los países elogiados por el FMI y el Banco Mundial en 2010 fue testigo de una democratización duradera. Y si bien una declaración de la Alianza de Deauville del G8 “prometió apoyo a ‘reformas que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y la buena gobernanza’ en el mundo árabe”, tal como el destacado politólogo Adam Hanieh informó en 2015, el Banco Mundial y el FMI “intentaron utilizar el momento posterior a 2011 para mantener las características esenciales de la práctica pasada, al tiempo que empleaban un discurso que profesaba un nuevo rumbo y simpatía con los objetivos de justicia social de los levantamientos”.
La adhesión al dogma neoliberal significó que en el año en que el presidente egipcio democráticamente electo Mohamed Morsi (2012-2013) estuvo en el cargo, antes de un golpe militar, el FMI volviera a exigir que El Cairo eliminara los subsidios a los alimentos y el combustible a cambio de un préstamo de USD 4.800 millones. Morsi se dio cuenta de que si daba ese paso se arriesgaría a un reinicio de la Primavera Árabe. Incluso su sucesor golpista, el general Abdel Fattah El-Sisi (que en 2018 fue elegido formalmente), recibió tres préstamos de rescate del FMI. En 2023, los USD 3.000 millones solicitados por el tirano al FMI estuvieron supeditados a la futura privatización y desregulación del control de cambio.
La historia fue inicialmente similar en Túnez, donde después de que Lagarde engatusara a sus nuevos líderes en 2012, se impusieron las condicionalidades del FMI a los préstamos de 2013 (USD 1.700 millones) y 2016 (USD 2.800 millones). Sin embargo, en 2023, como los gremios se opusieron a la reestructuración de 100 empresas estatales ordenada por el FMI y los recortes en los subsidios sociales, el dictador Kais Saied (quien en 2021 disolvió el parlamento y gobernó por decreto) finalmente rechazó otro rescate del FMI de USD 2.000 millones debido a la pérdida de soberanía. Pero el régimen securócrata de Saied es apreciado por los funcionarios de la Unión Europea, que repartió generosa ayuda para cerrar la brecha a los préstamos del FMI, con el fin de frenar el paso de migrantes africanos a través de Túnez.
La corrupción en Sudáfrica continúa, con más financiamiento del FMI y del Banco Mundial que nunca
En el extremo sur de África, el FMI y el Banco fueron extremadamente generosos prestamistas del régimen del apartheid –con ganancias que promovían los intereses mineros de los sudafricanos blancos y de las empresas multinacionales– y, en 1993, un préstamo del Fondo de USD 850 millones de dólares típico de las políticas neoliberales que desvió completamente al gobierno de Nelson Mandela de su Mandato democrático de 1994. Los economistas del Banco Mundial fueron cruciales en la redacción del programa de ajuste estructural interno de Mandela de 1996, así como un sesgo posterior de la investigación con el objetivo de encubrir la consecuente desigualdad, la peor del mundo.
En 2010, el préstamo de USD 3.750 millones de Eskom para una central eléctrica de carbón de 4.800 MW permitió el financiamiento crucial de la captura de estado del partido gobernante del fabricante Hitachi, aunque el presidente del Banco entre 2007 y 2012 Robert Zoellick era plenamente consciente de esa corrupción (que a finales de 2007 ya era un escándalo) y la presión ciudadana contra el préstamo no tuvo precedentes (véase el Observador de Invierno de 2022). Cuando Hitachi fue procesado en 2015 en virtud de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero por parte de la Comisión de Valores y la Comisión de Cambios, el vicepresidente de integridad del Banco, Leonard McCarthy (un controvertido sudafricano) afirmó, contra toda lógica, que los fondos del Banco no habían sido afectados. Por otra parte, mientras se revelaba una corrupción estructural extrema, dentro del Estado de la República Sudafricana, que incluía a un Ministerio de Salud plagado de fraudes– el FMI y el Banco ofrecieron importantes préstamos en 2020-2022 aparentemente para el alivio de la Covid-19, que despertaron las protestas en la oficina del Banco en Johannesburgo.
Irónicamente, fue hace un cuarto de siglo cuando el Banco Mundial comenzó a preocuparse regularmente por la captura del Estado, particularmente sobre la base de las desastrosas transiciones políticas de Europa del Este. En 2006, el entonces presidente Paul Wolfowitz, él mismo depuesto un año después debido a la mala gobernanza, dio su apoyo a la Iniciativa para la Transparencia de las industrias extractivas del Banco. Sin embargo, las condiciones prevalecientes entre algunos de sus prestatarios más pobres –especialmente en África– significa que en el curso de la promoción dogmática de “reformas” neoliberales duras, el Banco y el FMI han eludido regularmente la correlación obvia entre la reducción del Estado y el empoderamiento de los compinches.
En las Reuniones de Primavera del FMI de abril de 2011, durante la última rueda de prensa, un periodista preguntó sobre el levantamiento del norte de África: “¿Tiene algún temor de que tal vez haya un movimiento de extrema izquierda que surja de estas revoluciones? Un engreído Strauss-Kahn comentó: “Buena pregunta. Siempre existe este riesgo, pero no estoy seguro de que se materialice”. Mientras no suceda, el sistema parece impermeable a una reforma genuina.
Patrick Bond es Profesor Distinguido en el Departamento de la Universidad de Johannesburgo de Sociología, donde dirige el Centro para el Cambio Social. De 2020 a 2021 fue profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad del Cabo Occidental y de 2015 a 2019, Profesor distinguido de Economía Política en la Escuela de Gobierno Witwatersrand Wits de la Universidad de Witwatersrand. Anteriormente, desde 2004, fue profesor titular en la Universidad de KwaZulu-Natal, donde dirigió el Centro para la Sociedad Civil. El trabajo de Bond se enfoca principalmente en la economía política de África, las finanzas internacionales, el desarrollo ecosocial y la ecología política, y los problemas de desarrollo en la Sudáfrica contemporánea. Ha lanzado fuertes críticas contra los regímenes de gobierno neoliberales en Sudáfrica y más allá, y los fracasos de los países capitalistas para abordar la justicia social y la degradación ambiental.
