Este año se celebra el 75º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). El aniversario tiene lugar en el contexto de un retroceso en materia de derechos humanos, que se debe en parte a las consecuencias del aumento de la deuda. La capacidad de la comunidad internacional de responder a las crecientes preocupaciones se ve considerablemente obstaculizada por la falta de una política de derechos humanos por parte del FMI y la consiguiente falta de voluntad para atender los llamamientos a integrar las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos en sus Evaluaciones de la Sostenibilidad de la Deuda (DSA, por su sigla en inglés), las cuales llevan a cabo conjuntamente con el Banco Mundial (véase el Observador de Otoño de 2022).

Tal como se documenta en un informe de julio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la inacción ante la crisis de la deuda, combinada con el deterioro de las condiciones económicas mundiales, tiene importantes costes humanos (véase el Observador de Primavera 2023 y el de Invierno de 2020). Human Rights Watch informó en abril de 2022 que su análisis de 16 países “constató que los programas focalizados [respaldados por el FMI] excluyeron a millones de personas que necesitaban seguridad social para proteger sus derechos, dejándolas sin una alimentación adecuada”. Del mismo modo, un análisis de Oxfam de 2022 sobre la programación del FMI reveló que “13 de los 15 programas de préstamos del FMI negociados durante el segundo año de la pandemia… podría poner en riesgo servicios públicos vitales. El FMI está alentando, además, a otros seis países a adoptar medidas similares” (véase el Observador de Otoño de 2023).

Expertos en derechos humanos de la ONU piden que se renueve el análisis de la sostenibilidad de la deuda para ir más allá de la sostenibilidad financiera

El papel central que desempeñan las DSA en el contexto actual queda claro en el informe UN Global Crisis Response Group’s A World of Debt, publicado en julio, en el que se subraya que el aumento de la carga de la deuda y el “sistema injusto” aumentan las vulnerabilidades de los países de ingreso bajo y medio. El informe señala que “en total, 48 países albergan a 3.300 millones de personas, cuyas vidas se ven directamente afectadas por la falta de inversión en educación o salud debido a las grandes cargas de pago de intereses”.

Los acreedores multilaterales –el FMI y el Banco Mundial– permiten que se aplique indebidamente la etiqueta de “sostenible”Attiya Warris, experta independiente de la ONU sobre deuda y derechos humanos

Las pruebas citadas anteriormente corroboran los llamamientos a la inclusión de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en las DSA. Attiya Warris, actual experta independiente de la ONU sobre Deuda y Derechos Humanos, destacó en su informe de agosto de 2021: “La práctica actual examina la sostenibilidad de la deuda a través de un enfoque económico estrecho… Las evaluaciones de la sostenibilidad de la deuda realizadas por los acreedores multilaterales –el FMI y el Banco Mundial– permiten aplicar de forma indebida la etiqueta de ‘sostenible’, en contextos en los que el servicio de la deuda puede estar privando a un Estado de los recursos necesarios para garantizar los derechos humanos”. Waris se basa en el informe de 2016 de su predecesor, que argumentó que las DSA deben incorporar “los derechos humanos y las dimensiones sociales y ambientales de la sostenibilidad”.

La integración de variables de derechos humanos en las DSA indicaría la voluntad del FMI y de sus accionistas más poderosos de honrar verdaderamente el 75º aniversario del establecimiento del sistema internacional de derechos humanos. Sería un paso significativo en la voluntad del FMI de prestar atención a los viejos llamamientos de la sociedad civil para que la institución elabore una política de derechos humanos que sustente toda su programación y garantice que sus políticas y programas sean coherentes con los principios en materia de derechos humanos en la política fiscal y se beneficien de la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las evaluaciones del impacto de las reformas económicas en los derechos humanos.