A medida que empeoran las consecuencias del colapso económico de Sri Lanka y de la severa respuesta a la austeridad, una carta abierta de 82 sindicatos de agosto disparó las alarmas sobre el último plan para desmantelar las políticas de seguridad social del país al someter al Fondo de Previsión de los Empleados y al Fondo Fiduciario de los Empleados a la reestructuración de la deuda interna. Con una inflación galopante, que incluye una inflación del 95% en los alimentos, las medidas exigidas por el FMI, como duplicar el impuesto al valor agregado (IVA), eliminar los subsidios a los combustibles y aumentar los precios de la electricidad en un 165%, han dejado a la población tambaleándose. El Fondo afirma que estos impactos serán compensados por un nuevo programa de asistencia llamado Aswesuma, diseñado junto con el Banco Mundial, que reemplazará el actual sistema de protección social de Sri Lanka. Sin embargo, los críticos temen que este esquema de transferencias monetarias focalizado exhiba todos los fracasos de programas similares “sujetos a la comprobación de recursos”, incluidos los errores de focalización, la exclusión, la corrupción, la burocracia costosa y el estigma social (véase el Observador de Invierno de 2022, el de Verano de 2019, el de Primavera de 2018 y el de Verano de 2017).

En respuesta, en octubre se lanza una nueva campaña de la sociedad civil encabezada por miembros de la Coalición Mundial para los Pisos de Protección Social, en la que se pide al Banco y al Fondo que se comprometan a apoyar los sistemas públicos universales de seguridad social en lugar de desmantelarlos.