A medida que el coste de la vida, la inflación y la desigualdad se disparan en el mundo, las medidas de austeridad se extienden a niveles récord y los servicios públicos se enfrentan a recortes, con consecuencias nefastas. En este contexto, están aumentando las preocupaciones preexistentes sobre el enfoque del Banco Mundial y el FMI en las soluciones basadas en el mercado, incluido su impacto en la rendición de cuentas del Banco Mundial.

Las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el FMI celebradas en octubre en Marruecos fueron una oportunidad para que las Instituciones de Bretton Woods (IBW), el Banco Mundial y el FMI, respondieran a las advertencias de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y otros críticos sobre el impacto de las medidas de austeridad en la prestación de servicios públicos básicos esenciales para miles de millones de personas. A pesar de las pruebas, los testimonios y las alternativas viables que se ofrecieron, el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, se mantuvieron firmes durante las reuniones en la idea de que el financiamiento privado es esencial para cerrar lo que consideran una brecha de financiamiento importante (véase el Dispatch Annuals 2023). Se pasaron por alto soluciones como el aumento de las finanzas públicas, la reforma tributaria y la lucha contra los flujos financieros ilícitos, el cumplimiento de los objetivos de la Ayuda Oficial al Desarrollo por parte de los donantes, el financiamiento para el clima y la cancelación de la deuda. En su lugar, las IBW se centraron en la idea de “atraer” el financiamiento privado con un Laboratorio para la Inversión del Sector Privado en el Banco.

Los servicios públicos privatizados están plagados de problemas de equidad y calidad

La Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del Banco Mundial para el sector privado, se enfrenta a un escrutinio particular a medida que aumentan las pruebas de prácticas nocivas en el marco de los proyectos financiados por la CFI, incluido el reciente escándalo de Bridge International Academies (véase el Observador de Invierno de 2023). Las Reuniones Anuales de 2023 ofrecieron nuevas pruebas de los daños respaldados por la CFI, en este caso a los servicios sanitarios, tras un condenatorio informe de Oxfam Internacional en junio, titulado Sick Development. El informe mapea flujos de financiamiento entre las instituciones financieras de desarrollo (IFD), incluido el Banco Mundial, y los proveedores privados de atención médica con fines de lucro en el Sur Global. A través de estudios de casos en profundidad en India y Kenia, Oxfam descubrió que las promesas de la IFD de promover la cobertura sanitaria universal y proteger los derechos no se habían cumplido. En cambio, el dinero de los contribuyentes destinado a la lucha contra la pobreza y el logro de los objetivos de desarrollo, dado que las IFD se financian con fondos públicos, se está utilizando para respaldar hospitales privados costosos y con fines de lucro que niegan el servicio, quiebran o incluso retienen a los pacientes que no pueden pagar. Al tiempo que señala que el Banco tiene el mandato de ayudar a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, reducir la pobreza y apoyar el crecimiento inclusivo, el informe expone los graves daños a los pacientes en los hospitales financiados por la CFI, la falta de transparencia de las inversiones, los flujos cuestionables de dinero de los contribuyentes hacia paraísos fiscales y el fracaso final de las inversiones en atención médica de IFC para brindar apoyo adecuado a quienes más lo necesitan (es decir, los más pobres y vulnerables).

El FMI debería escuchar los llamamientos de la sociedad civil para que se preste apoyo universal a las madres y los niños, a los discapacitados y a los ancianos, financiado a través de una tributación progresiva suficiente, complementada con asistencia internacional en los países más pobres y durante las catástrofes.Barry Herman, Social Justice in Global Development

El informe explica que “la CFI ha estado a la vanguardia de la campaña para utilizar fondos públicos para maximizar el papel de los proveedores financieros privados y comerciales en los sistemas de salud en el Sur Global”, y agrega que “lo que falta es una teoría clara y evidenciada del cambio en cuanto a cómo las inversiones de las IFD en proveedores de atención médica privados con fines de lucro tendrán éxito en promover el acceso a una atención médica de calidad en favor de los pobres y con equidad de género sin dificultades financieras”.

En un evento del Foro de Políticas Relativas a la Sociedad Civil (CSPF, por sus siglas en inglés) en las Reuniones Anuales de este año, titulado Development finance to for-profit private healthcare: What implications for uhc, human rights and gender equality?, el representante de la CFI, Charles Dalton, respondió a una presentación de la autora principal del informe, Anna Marriott, de Oxfam, señalando que la CFI acepta que tales constataciones son inaceptables y los investigará a fondo. Sin embargo, subrayó, hay que encontrar una solución a las necesidades sanitarias y, lamentablemente, la consolidación fiscal es inevitable. Dalton respondió que estaba “personalmente molesto y enojado por las historias” y admitió que “podrían hacerlo mejor. El sector privado no tiene todas las soluciones y la CFI no lo afirma. Pero la demanda de suministro es muy grande y tenemos que pensar de manera amplia”.

Sin embargo, las principales instituciones mundiales no están de acuerdo en que el financiamiento privado sea la pieza que falta en la atención sanitaria y otros servicios públicos. La guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para lograr la atención médica universal, por ejemplo, establece que “los países deben reducir su dependencia del financiamiento privado y, en su lugar, avanzar hacia una atención médica financiada principalmente con fondos públicos, porque conduce a una mayor eficiencia, eficacia y equidad”.

La consolidación fiscal, cómplice de la austeridad

Human Rights Watch también ha publicado otras investigaciones críticas que exploran el enfoque del FMI para abordar la desigualdad. En un documento de septiembre, Bandage on a Bullet Wound, se analizaron 39 programas de préstamos del FMI desde el comienzo de la pandemia de Covid-19 hasta marzo de 2023 para evaluar la respuesta del FMI a las crisis desde una perspectiva de derechos humanos. El informe constató una preferencia abrumadora hacia la consolidación fiscal y subrayó que este es el caso a pesar de que el propio Informe de perspectivas de la economía mundial 2023 del FMI concluyó que “en promedio, las consolidaciones fiscales no reducen la relación deuda/PIB”.

Un documento de otoño de 2023, de Barry Herman, de la organización de la sociedad civil alemana Social Justice in Global Development, titulado IMF has a new policy on social spending: How should the Fund implement it?, analizó la forma en que el FMI ofrece asesoramiento y determina los requisitos de política para sus préstamos en el marco de su nueva estrategia de gasto social. El documento señaló que “los recientes programas nacionales y las recientes sugerencias en las consultas del Artículo IV siguen encarnando un grado injustificado de austeridad, lo que afecta negativamente a los ciudadanos pobres y vulnerables de los países afectados”. Herman señaló que el Fondo identifica criterios clave para evaluar los programas de gasto social: idoneidad, eficiencia y sostenibilidad fiscal. Herman comentó: “Bien, y ahora el FMI debería escuchar los llamamientos de la sociedad civil para que se preste apoyo universal a las madres y los niños, a los discapacitados y a los ancianos, financiado a través de una tributación progresiva suficiente, complementada con asistencia internacional en los países más pobres y durante las catástrofes”.

En medio de las discusiones en curso sobre la gobernanza mundial y la creciente preocupación por la paz y la estabilidad (véase el Observador de Invierno de 2023), los informes predicen un futuro difícil para los países prestatarios, con el desmoronamiento de los servicios públicos y de la capacidad del Estado, así como la consiguiente pérdida de confianza en las instituciones públicas, la escasa reducción de la deuda y los efectos negativos sobre los derechos humanos para miles de millones de personas.