En medio de los debates en curso sobre la necesidad del Banco Mundial de alinear sus operaciones con el Acuerdo de París, el Banco se comprometió a dejar de financiar la minería y generación de energía de carbón, mientras que su brazo de préstamos privados, la Corporación Financiera Internacional (CFI), impedirá que sus clientes intermediarios financieros financien nuevos proyectos de energía de carbón. Sin embargo, las persistentes lagunas indican que incluso estos cambios no impedirán que el Grupo Banco Mundial financie el nuevo carbón para siempre.
Durante un discurso pronunciado en las recientes Reuniones Anuales del Banco Mundial y el FMI celebradas en Marrakech (Marruecos), el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, se refirió al apoyo del Banco a la infraestructura energética de los países en desarrollo, incluido “Dios no lo quiera, el carbón, en los viejos tiempos”. Sin embargo, si bien el Banco impuso una moratoria al financiamiento directo para proyectos de carbón en 2013 (véase el Bulletin de Diciembre de 2013), no ha logrado asegurar que sus clientes intermediarios financieros dejen de financiar nuevo carbón. Este financiamiento del carbón no solo contribuye a importantes emisiones de gases de efecto invernadero, exacerbando los ya desastrosos niveles de calentamiento global, sino que también tiene importantes efectos nocivos en las vidas y los medios de subsistencia de las comunidades en las inmediaciones de los proyectos de carbón, tal como se ha visto con las nuevas y enormes centrales eléctricas de carbón de Java 9 y 10 en Indonesia (véase el Observador de Verano de 2021).
El Banco Mundial sigue financiando el carbón a pesar de un consenso emergente de que esto es incompatible con limitar el calentamiento global a 1,5°C. En los últimos años se han asumido una serie de compromisos mundiales para reducir el consumo de carbón en la COP26, por parte de los gobiernos de China, India e Indonesia, y de más de 200 instituciones financieras públicas y privadas de todo el mundo. Otros bancos multilaterales de desarrollo (BMD), como el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura (BAII), descartan el apoyo a la energía del carbón.
Los préstamos de instituciones financieras son una forma de desarrollo ‘tercerizada’ que delega las decisiones en los financistas del sector privado, más motivados por (y expertos en) obtener beneficios que apoyar el desarrollo sostenible.
¿Cuáles son las inversiones de los intermediarios financieros de la CFI?
Los préstamos de intermediarios financieros (IF) son un tipo específico de inversión de las instituciones financieras de desarrollo (IFD) en una institución financiera, comúnmente un banco comercial o un fondo privado. Luego, la institución financiera presta o invierte en nombre de la IFD a empresas, otras instituciones financieras o consumidores en un país o región específicos donde la IFD tiene como objetivo tener un impacto. A menudo, las IFD argumentan que los préstamos a través de IF les permiten lograr un alcance e impacto más amplios en comparación con las inversiones directas en empresas individuales. De hecho, desde la crisis financiera de 2008 los préstamos para instituciones financieras se han vuelto cada vez más populares entre las IFD, representando poco más de la mitad de la cartera de la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo de inversión privada del Banco Mundial, y alrededor de una cuarta parte de las inversiones del BAII.
Sin embargo, los críticos argumentan que los préstamos de instituciones financieras son una forma de desarrollo ‘tercerizada’ que delega las decisiones en los financistas del sector privado, más motivados por (y expertos en) obtener beneficios que apoyar el desarrollo sostenible. A menudo, los fondos de la IFD pueden pasar por más de un intermediario antes de apoyar finalmente un ‘subproyecto’ específico (por ejemplo, una central eléctrica o un hospital privado). Esto no solo es malo para la transparencia (los subproyectos respaldados por inversiones de IF en la mayoría de los casos no se divulgan en los sitios web de la IFD y, lo que es más importante, a las comunidades), sino que también diluye las protecciones ambientales y sociales a medida que la cadena de inversión se hace más larga. Además, este tipo de préstamos puede actuar como un obstáculo para la rendición de cuentas, ya que las comunidades afectadas negativamente por proyectos respaldados por instituciones financieras rara vez saben que tienen derecho a presentar un reclamo de reparación ante el mecanismo de rendición de cuentas de la IFD, ya que desconocen sus vínculos con los proyectos.
Por lo tanto, los préstamos de instituciones financieras plantean varios desafíos a los esfuerzos de los bancos multilaterales de desarrollo para alinearse con el Acuerdo de París. Si bien las IFD sugieren que las instituciones financieras son esenciales para los mercados en desarrollo y para crear el tipo de soluciones basadas en el financiamiento de la energía renovable, fundamentales para el llamado “Consenso de Wall Street” (descrito por la profesora Daniela Gabor como un “esfuerzo por reorganizar las intervenciones de desarrollo en torno a la venta de financiamiento para el desarrollo al mercado”), las inversiones de las instituciones financieras son, por su propia naturaleza, más opacas y rinden menos cuenta ante las comunidades a las que afectan. Las IFD deben implementar sólidas salvaguardias ambientales y sociales, con exclusiones claras para los combustibles fósiles y otros proyectos nocivos para que las instituciones financieras avancen hacia una senda de inversión más sostenible que no viole las normas y leyes de derechos humanos. Sin embargo, garantizar que dichas políticas se apliquen a lo largo de toda la cadena de inversión es otro desafío, que requiere un nivel de supervisión detallada que las IFD no pueden implementar por falta de capacidad.
Los compromisos para retirar el financiamiento público de los combustibles fósiles se ven socavados por las lagunas legales
Por lo tanto, reformar la manera en que las IFD abordan los préstamos a las instituciones financieras y elevar los estándares en todos los ámbitos se ha convertido en una consideración crucial, ya que las IFD buscan reducir el riesgo climático en sus carteras. Tal como la sociedad civil ha documentado en detalle, el Banco Mundial y otros BMD se han visto sometidos a una presión cada vez mayor en los últimos años para que dejen de financiar proyectos de combustibles fósiles (véase el Observador de Invierno de 2021). Si bien el Banco se comprometió a dejar de financiar nuevos proyectos de carbón a partir de julio de 2013 – en la mayoría de las circunstancias – los acontecimientos posteriores, como el Acuerdo de París en 2015 y los repetidos informes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Agencia Internacional de la Energía, que piden una rápida eliminación gradual de los combustibles fósiles, han empujado a las instituciones financieras públicas a ir más allá.
En la COP26 de Glasgow, en 2021, 39 gobiernos nacionales e instituciones financieras públicas se comprometieron a “poner fin a las nuevas ayudas públicas directas” a los combustibles fósiles, excepto en circunstancias limitadas, en el plazo de un año. La declaración se aplica a la ‘voz y voto’ de los países signatarios en el Banco Mundial y otros bancos multilaterales de desarrollo, lo que significa que los accionistas no deben eludir o contravenir sus compromisos nacionales apoyando más combustibles fósiles en las instituciones multilaterales. Si bien se han planteado preocupaciones válidas sobre la redacción de este compromiso, que no se aplica al apoyo indirecto a los combustibles fósiles, y su implementación, la alianza para la transición a la energía limpia resultante aumentó aún más la presión sobre el Banco Mundial para que implemente una política similar (véase el Observador de Invierno de 2021).
De hecho, ya hay algunos cambios en marcha en el Banco. Además de la participación del Banco en el Grupo de Trabajo Conjunto del BMD sobre el alineamiento con el Acuerdo de París desde 2017, la CFI cambió su enfoque de la inversión a través de intermediarios financieros en 2018 para reducir la exposición de la CFI a los proyectos de carbón (véase el Observador de Invierno de 2018). Esto fue impulsado, en gran medida, por el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), incluidas Recourse, Inclusive Development International y el Philippine Movement for Climate Justice, para documentar la exposición de la CFI a 76 proyectos de energía de carbón a través de intermediarios financieros, lo que resultó en la presentación de un reclamo masivo ante el mecanismo independiente de rendición de cuentas de la CFI, el Defensor del Pueblo (CAO, por su sigla en inglés) con respecto al financiamiento de la CFI de plantas de carbón en Filipinas a través de su cliente IF, Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC).
Bajo presión, el entonces director ejecutivo Philippe Le Houérou introdujo el Enfoque de Equidad Verde (GEA, por sus siglas en inglés) en 2018 en la CFI, que alentó a los clientes intermediarios como RCBC a eliminar gradualmente el carbón de sus carteras para 2030. A pesar de ello, el GEA no impidió que los intermediarios siguieran invirtiendo en nuevos proyectos de energía de carbón siempre que redujeran su exposición global a casi cero para 2030, una laguna que tendría consecuencias significativas menos de un año después de que se introdujera el GEA (véase el Observador de Invierno de 2020).
La CFI echa leña al fuego de carbón en Suralaya
En septiembre de este año las OSC de Indonesia, PENA Masyarakat y Trend Asia, junto con las OSC internacionales Recourse e Inclusive Development International, presentaron un reclamo ante el CAO en relación con el financiamiento indirecto de la CFI de dos nuevas plantas de carbón en Indonesia. La demanda alega que la CFI ha financiado dos nuevas centrales eléctricas de carbón masivas, conocidas como Java 9 y 10, en el complejo de carbón de Suralaya en la provincia de Banten a través de su cliente intermediario Hana Bank Indonesia. Menos de un año después de que la CFI comenzara a poner a prueba el GEA con Hana Bank Indonesia como su primer cliente, Hana Bank otorgó un préstamo de USD 56 millones al desarrollador de Java 9 y 10, PT Indo Raya Tenaga.
Si bien los impactos climáticos de dos nuevas plantas de carbón de este tamaño, que representan 1.000 MW de nueva capacidad de carbón cada una, serían lo suficientemente desastrosos por sí solos, los resultados se vuelven catastróficos cuando se combinan con las ocho unidades existentes en el complejo de carbón de Suralaya. Un elemento clave del reclamo es que los desarrolladores no tuvieron en cuenta los impactos acumulativos de Java 9 y 10 junto con las otras unidades de Suralaya, la mayoría de las cuales fueron financiadas por el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo en décadas anteriores.
La fase de construcción de Java 9 y 10 ya está teniendo impactos significativos en las comunidades locales y la vida silvestre, y estos empeorarán mucho cuando la planta esté en pleno funcionamiento. Se espera que el desarrollo contribuya a empeorar la contaminación del aire en lugares tan lejanos como Yakarta y es probable que las comunidades cercanas sufran un aumento de las infecciones y enfermedades respiratorias. Los documentos del proyecto no son claros en cuanto a cómo se eliminarán de manera segura los desechos tóxicos y las cenizas de carbón. Mientras tanto, la contaminación y las cenizas de carbón de las plantas de carbón existentes ya han dañado significativamente las poblaciones locales de peces, los arrecifes de coral y, por extensión, los medios de vida de los pescadores. Además de los impactos locales, que Greenpeace ha estimado que podrían provocar hasta 7.000 muertes prematuras en 30 años, Java 9 y 10 también contribuirán a importantes emisiones de gases de efecto invernadero, exacerbando los ya graves impactos climáticos y sin precedentes que se están sintiendo en toda Indonesia.
A pesar de la falta de espacio político en Suralaya, donde el proyecto tiene importancia nacional, las comunidades afectadas y las OSC locales están luchando. Trend Asia y PENA Masyarakat continúan destacando los impactos atroces que Java 9 y 10 tendrán en las comunidades locales y la biodiversidad, así como la naturaleza completamente innecesaria del proyecto (tal como detalla la denuncia, la red Java-Bali ya tiene un exceso de capacidad). Una de las partes que se beneficiará de este proyecto son los mineros del carbón, ya que se prevé que Java 9 y 10 requieran un promedio de 7.360.000 toneladas de carbón por año. Esto prolongará la vida útil del carbón y liberará importantes gases de efecto invernadero. El CAO ha determinado que la denuncia es elegible para ser investigada y ahora está evaluando cómo proceder con el caso.
La política porosa y la débil implementación dejan una serie de canales para el financiamiento continuo del carbón
La CFI ya ha dado un gran paso adelante. En abril de este año, anunció que ya no permitiría que sus nuevos clientes intermediarios financieros financien nuevos proyectos de carbón. Este es un paso significativo que las OSC han estado solicitando durante años, pero particularmente desde que el caso Java 9 y 10 expuso la laguna en el GEA. Si se hubiera asumido ese compromiso como parte del GEA original, probablemente se habría impedido que Hana Bank Indonesia financiara Java 9 y 10.
Sin embargo, siguen existiendo brechas significativas que continuarán permitiendo que el financiamiento de la CFI se filtre al carbón. Tal como se indica en los documentos originales del GEA, la CFI no incluye la energía de carbón cautiva (unidades de carbón que apoyan las instalaciones industriales en lugar de alimentar de energía a la red principal) dentro de su definición de proyectos relacionados con el carbón. En la actualidad, el carbón cautivo se está expandiendo rápidamente en Indonesia, lo que representa dos tercios de los planes de expansión del carbón de Indonesia en la próxima década, ya que se construyen unidades de alimentación de las fundiciones para apoyar la creciente industria de los metales de transición (en particular el níquel). Significativamente, Hana Bank Indonesia está expuesto al carbón cautivo, ya que ha financiado una unidad que apoya una fundición de níquel en el parque industrial de la isla de Obi. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de que la CFI elimine este vacío legal para el carbón cautivo y evite que sus clientes IF financien su expansión.
Tanto el GEA como el alineamiento de los BMD a París fracasan al aplicarse únicamente al financiamiento de proyectos a largo plazo. Por lo tanto no se excluye el financiamiento del carbón proporcionado por los clientes IF en forma de financiamiento empresarial general o de suscripción, que representa el 33% del financiamiento de combustibles fósiles en el mundo.
También es necesario aclarar cómo la CFI está haciendo cumplir el compromiso de ‘no al carbón nuevo’ con sus clientes actuales. El GEA actualizado de abril de este año dice que los clientes de capital existentes deberán dejar de financiar nuevo carbón, pero una investigación publicada en octubre por Recourse, Trend Asia e Inclusive Development International demostró que los clientes existentes de la CFI están financiando 68 GW de carbón nuevo en todo el sudeste asiático, más que la capacidad de carbón de Alemania y Polonia combinadas.
Por lo tanto, es justo decir que los informes sobre la muerte del financiamiento del carbón por parte del Grupo del Banco Mundial son, contrariamente a lo que afirma Banga, exagerados. La política porosa y la débil implementación están dejando una serie de canales para que el financiamiento continuo del carbón se filtre de la CFI.
Abordar esta cuestión debe ser una prioridad urgente para la CFI y el Grupo Banco Mundial en general. Para la CFI, el financiamiento continuo del carbón es una vergüenza, mientras que instituciones pares, como el BAII y el BAD, han presentado exclusiones de carbón más claras y sólidas. Estas lagunas socavan gravemente las aspiraciones del Banco Mundial establecidas en el Manual de Evolución de convertirse en un ‘mejor Banco’. La gerencia del GBM no puede pretender estar centrada en apoyar resultados positivos en materia de desarrollo, o estar dispuesta a supervisar flujos financieros cada vez mayores y acelerados, si no puede poner en orden su propia casa con respecto al carbón. Pero aquí también hay una oportunidad, no solo para evitar más inversiones problemáticas, sino también para contribuir a una transición mundial más amplia alejada del carbón. La CFI debería asumir la responsabilidad del papel que desempeña como organismo normativo mundial. Debe escapar de su condición de rezagado en materia de carbón instituyendo una política robusta de ‘no al carbón nuevo’. Solo así podrá la CFI desempeñar un papel positivo en el establecimiento de normas demostrando a otras instituciones financieras públicas y bancos comerciales cómo trasladar las inversiones del carbón a proyectos de energía renovable sostenible que vayan más allá de ‘no hacer daño’ y que realmente protejan y mejoren los derechos humanos.
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Daniel Willis es un activista en temas financieros en Recourse, que rastrea las inversiones de MDB en carbón a través de intermediarios financieros. Tiene experiencia previa en políticas climáticas y de desarrollo, incluido el seguimiento de las inversiones realizadas por British International Investment en combustibles fósiles y atención médica privada, mientras trabajaba en Global Justice Now. Daniel es doctor en Historia y Estudios Latinoamericanos.
Novita Indri es una activista en temas de energía en Trend Asia, que trabaja en estrecha colaboración con las comunidades afectadas por las centrales eléctricas de carbón. Tiene experiencia en el movimiento climático en Indonesia y es licenciada en Ingeniería Ambiental.
