En julio, en vísperas del 75º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos (véase el Observador de Verano de 2023 y el de Primavera de 2023), el secretario general de la ONU, António Guterres, publicó un informe titulado A New Agenda for Peace (NAP) en el que pedía medidas inmediatas para hacer frente a las crecientes amenazas a la paz y la estabilidad. El informe sostiene que los desafíos a la paz y al orden multilateral, en términos más generales, tienen sus raíces en cuestiones de confianza, cooperación y solidaridad entre los países y dentro de ellos, y van más allá de la dinámica en situaciones individuales de fragilidad, conflicto y violencia (FCV). La NAP es una adición importante a los llamamientos por un ‘nuevo multilateralismo’, ya que hace hincapié en las implicaciones para la paz y la seguridad del actual sistema internacional injusto, del que las instituciones de Bretton Woods (IBW) –el Banco Mundial y el FMI– son componentes clave. El informe da una gran importancia a los viejos llamamientos de la sociedad civil para el establecimiento de un orden económico más justo y sostenible desde el punto de vista medioambiental que mejore el contrato social (véase el Observador de Verano de 2022).
Muchos árboles, ni un bosque a la vista: La visión miope de las IBW ignora los impactos de la austeridad y la privatización en la fragilidad
El FMI y el Banco Mundial han estado preocupados durante mucho tiempo por las consecuencias negativas de las situaciones de FCV. En marzo de 2022 el FMI publicó su Estrategia para los Estados frágiles y afectados por conflictos (véase el Observador de Otoño de 2022), que siguió al lanzamiento, en 2019, de la Estrategia sobre fragilidad, conflicto y violencia del Banco Mundial 2020-2025 (véase el Observador de Otoño de 2019). Las estrategias son adaptaciones bienvenidas a los enfoques de ambas instituciones sobre situaciones frágiles y afectadas por conflictos. Detallan acertadamente los impactos negativos de las situaciones de FCV en la pobreza, la inseguridad alimentaria y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), reconocen sus efectos indirectos dañinos y señalan que la gobernanza y capacidad administrativa débiles, la falta de confianza en las instituciones y el débil desarrollo de los recursos humanos contribuyen a las situaciones de FCV.
Sin embargo, ambas estrategias se limitan a las intervenciones en situaciones de fragilidad y conflictos y las tratan como si existieran en un vacío político e histórico, sin tener en cuenta la relación entre la posición de fragilidad y conflicto en una economía global desigual y los generadores locales de situaciones de FCV. No tienen en cuenta hasta qué punto las IBW han contribuido a lo que el Banco Mundial reconoce como una ‘crisis de desarrollo’ y lo que el Fondo reconoce como un aumento del malestar social (véase el Observador de Invierno de 2022) a través, entre otras cosas, de su apoyo a la austeridad, la privatización de los servicios sociales y los recortes en la masa salarial del sector público, incluyendo para la prestación de servicios de salud y educación (véase el Observador de Primavera de 2022, y el de Otoño de 2019). De hecho, estas políticas actúan como impulsores de situaciones de FCV al contribuir a la erosión del contrato social y a la desconfianza en las instituciones públicas en el ámbito nacional y mundial.
Corregir los desequilibrios históricos generalizados que caracterizan al sistema internacional... debe ser una prioridad.António Guterres, secretario general de la ONU
El fracaso de las reformas de gobernanza y políticas en el Banco y el Fondo amenaza la paz y la estabilidad
En contraste con el alcance limitado del enfoque del Banco y el Fondo sobre las situaciones de FCV, la NAP identifica las reformas del orden mundial como esenciales para la paz y la seguridad. Afirma que “corregir los desequilibrios históricos generalizados que caracterizan al sistema internacional, desde los legados del colonialismo y la esclavitud hasta la arquitectura financiera mundial profundamente injusta y las anacrónicas estructuras de paz y seguridad de hoy, debe ser una prioridad”. El documento establece un vínculo claro entre la distribución desigual de los beneficios del sistema actual y la creciente desconfianza en las instituciones, tanto nacionales como mundiales.
Desafiando la narrativa de la brecha de financiamiento de los principales accionistas y gerentes del Banco y el Fondo, la NAP enfatiza que financiar adecuadamente los ODS no es caridad, sino “eminentemente justo para reparar las injusticias pasadas y actuales, en particular las que se cometen en el comercio internacional y el sistema financiero mundial”. Señala el impacto de la deuda en la capacidad de los Estados para financiar las necesidades de desarrollo, el alto costo del capital para los países en desarrollo y la distribución desigual de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI (véase el informe, Reconceptualising Special Drawing Rights as a tool for development finance) y el sistema tributario mundial desigual. En el informe se subraya que “Es de interés de todos los países desarrollados y en desarrollo reformar la arquitectura financiera internacional a fin de restablecer la confianza en el sistema y evitar un mayor distanciamiento y una eventual fragmentación de las relaciones financieras y económicas internacionales”.
Por desgracia, los recientes acontecimientos en las IBW no son auspiciosos. El hecho de que no se haya llegado a un acuerdo sobre el reajuste de las cuotas, largamente postergado, en la 16ª revisión de las cuotas del FMI, junto con la falta de voluntad para actuar en respuesta al llamamiento del secretario general de las Naciones Unidas para un estímulo de los ODS basado en los DEG y el uso continuado de su política de recargos contraproducentes e innecesarios (véase el Observador de Primavera de 2023), apuntan a una falta de voluntad de los principales accionistas del FMI para comprender la naturaleza de las amenazas esbozadas en la NAP.
Del mismo modo, la resistencia del Banco a utilizar el proceso de la Hoja de Ruta de la Evolución para evaluar su contribución a la ‘crisis de desarrollo’ que identifica correctamente es muy problemática, en particular teniendo en cuenta las preocupaciones sobre el impacto negativo de su enfoque liderado por el sector privado sobre la desigualdad, la prestación equitativa de servicios sociales esenciales (véase el Observador de Invierno de 2023), la erosión de los derechos laborales y los impactos fiscales de las asociaciones público-privadas (véase el Observador de Primavera de 2023).
La eficacia de la New Agenda for Peace depende, en gran medida, de la voluntad de la dirección de las IBW y de los principales accionistas de ampliar su comprensión de la fragilidad y de apoyar activamente las recomendaciones de la NAP para reformar sus estructuras de gobernanza obsoletas e injustas y sus políticas contraproducentes. Tal como subraya la profesora Erin McCandless, de la Universidad de Witswatersrand, “esto requerirá reconocer las diversas causas profundas de la fragilidad, algunas de las cuales surgen en la elaboración y ejecución de los enfoques políticos de Bretton Woods. Las medidas transformadoras hacia una mayor paz en el mundo tendrán que comenzar aquí, y es poco probable que echen raíces con las reformas habituales”.
