Un mes después de que se anunciara el “histórico” acuerdo de reestructuración de la deuda de Zambia con los poseedores? de bonos, y tres insoportables años después de la declaración de insolvencia, el acuerdo se enfrenta ahora al descarrilamiento por desacuerdos sobre la “comparabilidad del trato” entre los acreedores comerciales y oficiales, quienes cuestionan la equidad de los términos de los recortes para cada uno. Si bien la Mesa Redonda Mundial sobre la Deuda Soberana –un foro destinado a encontrar un terreno común entre los acreedores bilaterales pertenecientes y no pertenecientes al Club de París, los prestamistas del sector privado y los países prestatarios, presidido por el FMI, el Banco Mundial y la ex presidencia del G20, India– acababa de elogiar el “impulso positivo” del acuerdo de Zambia, el rechazo del acuerdo está ahora generando un efecto dominó en otros países con problemas de endeudamiento, lo que desafía una vez más el ya casi inactivo Marco Común (véase el Observador de Primavera de 2023 y el de Invierno de 2020).
Mientras tanto, a pesar de que el FMI reconoció que los países pobres necesitan un alivio urgente de la deuda para hacer frente a la crisis climática y alentó la “reestructuración preventiva” en el último Informe sobre la Estabilidad Financiera Mundial, en las Reuniones Anuales de octubre, el personal técnico superior del FMI siguió haciendo hincapié en que “todavía estamos lejos de donde estábamos antes de la iniciativa de los países pobres muy endeudados [PPME] en la década de 1990” y se han negado a calificar la situación actual de crisis de la deuda. A raíz de los informes del PNUD, la UNCTAD, el Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre la Deuda y los Derechos Humanos y varias organizaciones de la sociedad civil (OSC) que demuestran los asombrosos impactos de la austeridad inducida por la deuda en los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad (véase el Observador de Otoño de 2023), la negativa a llamar a las cosas por su nombre porque no es “sistémica” parece una semántica inapropiada para las personas del Sur Global. Las observaciones del secretario general de las Naciones Unidas del 12 de julio dejaron claro que “debido a que la mayoría de estas deudas insostenibles se concentran en los países pobres, no se considera que representen un riesgo sistémico para el sistema financiero mundial. Esto es un espejismo. Tres mil trecientos millones de personas es más que un riesgo sistémico. Es una falla sistémica”.
De hecho, una nueva base de datos de Development Finance International muestra que “los ciudadanos del Sur Global se enfrentan ahora a la peor crisis de deuda desde que comenzaron los registros mundiales”, con un promedio del 38% de los ingresos estatales absorbidos por el servicio de la deuda, que se eleva al 54% en África. Según el autor, Matthew Martin, “Estas cifras son más del doble de los niveles a los que se enfrentaban los países de ingreso bajo antes de la Iniciativa para los PPME”, donde “el servicio de la deuda equivale al gasto total combinado en educación, salud, protección social y clima, y lo supera en un 50% en África”. Hace ya dos años, los países de ingreso bajo gastaban cinco veces más en el pago de la deuda externa que en la lucha contra el cambio climático (véase el Observador de Invierno de 2021). Esta proporción se ha multiplicado por 12.
Debido a que la mayoría de estas deudas insostenibles se concentran en los países pobres, no se considera que representen un riesgo sistémico para el sistema financiero mundial. Esto es un espejismo. Tres mil trecientos millones de personas es más que un riesgo sistémico. Es una falla sistémica.António Guterres, secretario general de la ONU
La sociedad civil insta a los responsables de la toma de decisiones a cancelar la deuda y priorizar la sostenibilidad de la vida
Los llamamientos de la sociedad civil a la adopción de un nuevo enfoque sobre la sostenibilidad de la deuda están creciendo de nuevo, impulsados por la creciente catástrofe climática que atrapa a muchos países vulnerables en un círculo vicioso de crisis climáticas, deuda y extracción de combustibles fósiles. Chad, otro solicitante del Marco Común, lo ejemplificó: su acuerdo de reestructuración de 2022 no otorgó ningún alivio de la deuda, ya que los precios del petróleo temporalmente más altos volvieron los préstamos respaldados por petróleo del acreedor Glencore repentinamente reembolsables, lo que obligó a Chad a seguir maximizando la extracción de petróleo (véase el Observador de Invierno de 2022). Y si bien el FMI sigue basando los supuestos de sostenibilidad de la deuda en predicciones de ingresos fósiles demasiado optimistas, como en el caso de Mozambique (véase el Observador de Verano de 2022), siguen sin ser tenidas en cuenta las necesidades fiscales de gasto en clima y desarrollo en estos análisis (véase el Observador de Otoño de 2023 y el de Otoño de 2022).
En septiembre la Declaración de Bogotá reunió a expertos de todo el Sur Global, quienes exigieron “la cancelación incondicional de todas las deudas insostenibles e ilegítimas de todos los acreedores, para todos los países del Sur” y subrayaron que “los impactos más graves los soportan millones de trabajadores, en particular las mujeres”. Una carta abierta de la Semana Mundial de Acción por la Deuda, el Clima y la Justicia Económica, en la que participaron 600 signatarios, entre ellos los renombrados economistas Thomas Picketty, Jayati Ghosh y Jason Hickel, destacó en noviembre que las economías avanzadas siguen eludiendo sus obligaciones de financiamiento para el clima. “Nos deben reparaciones por la enorme deuda ecológica y climática contraída por la explotación y el despojo históricos de los recursos humanos y ambientales del Sur”, subrayó la co-coordinadora de la carta, Lidy Nacpil, del Asian People’s Movement on Debt and Development.
