Mientras la comunidad internacional se esfuerza por responder a múltiples crisis apremiantes, el caso de Sri Lanka presenta una advertencia sobre los costos de la incapacidad del FMI, el Marco Común del G20 (véase el Observador de Invierno de 2020) y el sistema general internacional para prevenir y responder a las devastadoras consecuencias sociales y políticas de la deuda insostenible en materia de derechos humanos.

Tras el impago de su deuda en 2022, en marzo de 2023 Sri Lanka entró en su 17º programa del FMI. En marzo, más de 60 sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales enviaron una carta al equipo del FMI que visitó el país para la segunda revisión del acuerdo en curso sobre el Servicio Ampliado del FMI (SAF), en la que destacaban numerosas preocupaciones y planteaban varias demandas, entre ellas la abolición de los recargos y un “proceso transparente y democrático de toma de decisiones sobre las reformas, proporcionando información pertinente… utilizado para preparar la Evaluación de la Sostenibilidad de la Deuda”.

Tal como dejó claro un documento de trabajo del Political Economy Research Institute de diciembre de 2023, las explicaciones dominantes dadas por las instituciones financieras internacionales, y algunos académicos, no reconocieron adecuadamente las consecuencias estructurales y a largo plazo de las condiciones de política liberalizadora contenidas en los 16 programas anteriores del FMI, lo que creó una creciente dependencia del financiamiento costoso y voluble del mercado de capitales. El artículo se enfoca en otro tema contemporáneo apremiante: la insuficiencia de la Evaluación de la Sostenibilidad de la Deuda (DSA, por su sigla en inglés) del FMI. La Ley de Servicios Digitales de Sri Lanka refleja una tendencia bien documentada hacia proyecciones de crecimiento demasiado optimistas, lo que tiene importantes consecuencias en materia de derechos humanos para la población, a los efectos de garantizar que se pague a los acreedores (véase el Observador de Invierno de 2022 y el de Invierno de 2020). El caso de Sri Lanka es una prueba más de la necesidad urgente de que el FMI preste atención a los llamamientos del ex Experto Independiente de la ONU sobre la deuda externa y los derechos humanos, y de la sociedad civil mundial, para que integre las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos en las DSA.

Las obligaciones de deuda por sobre los derechos humanos y justicia climática perpetúan ciclos de pobreza, violencia y desigualdadDr Thiruni Kelegama y Melanie Gunathilaka

Escapar de las discusiones tecnocráticas para abordar las necesidades humanas inmediatas

Es preocupante que, tal como señaló el Dr. Ahilan Kadirgamar, de la Universidad de Jaffna, en un artículo publicado en marzo en el periódico en línea Daily Mirror, “la narrativa hegemónica actual está pasando por un cambio; la crisis de insolvencia (incapacidad para pagar la deuda) se está construyendo ahora como una crisis de liquidez (falta de fondos a corto plazo para hacer frente a los pagos de la deuda). Se afirma que si hay suficiente derrame de fondos, incluidos nuevos préstamos a esos países endeudados, entonces la reestructuración de la deuda no será necesaria”. Esto se puede ver, por ejemplo, en la propuesta de enero del Laboratorio de Financiamiento para el Desarrollo titulada “A bridge to climate action: A tripartite deal for times of illiquidity”.

La cuestión del camino de Sri Lanka hacia la sostenibilidad de la deuda se da en el contexto más amplio de la continua resistencia del FMI a aceptar que la actual situación de la deuda mundial debe clasificarse como una crisis sistémica, que requiere esfuerzos reales para lograr soluciones integrales, incluida la cancelación de la deuda y el establecimiento de un mecanismo independiente de reestructuración de la deuda basado en las Naciones Unidas (véase el Observador de Invierno de 2022). Tal como subrayan los colaboradores de investigación del Institute for Political Economy, el Dr. Thiruni Kelegama, de la Universidad de Oxford, y Melanie Gunathilaka, de Climate Action Now Sri Lanka, el sistema actual garantiza que “el reembolso se vea siempre a través de la lente de la necesidad económica y esto exacerba las violaciones de los derechos humanos… Las obligaciones de deuda por sobre la cuestiones de derechos humanos y justicia climática perpetúan los ciclos de pobreza, violencia y desigualdad”.