En noviembre de 2022, Indonesia comenzó a implementar su Alianza para la Transición Energética Justa (JETP, por sus siglas en inglés), con el objetivo de movilizar USD 20.000 millones en un plazo de entre tres y cinco años. Se espera que la mitad del financiamiento provenga del Grupo de Socios Internacionales, codirigido por Estados Unidos y Japón, junto con contribuciones de instituciones financieras internacionales. A cambio, Indonesia se comprometió a acelerar el retiro de las plantas de carbón y avanzar en las fuentes de energía renovable para lograr cero emisiones netas para 2050.

El Banco Mundial participa en la JETP, y el Reino Unido ofrece una garantía soberana para que el Banco pueda proporcionar USD 1.000 millones adicionales en financiamiento a Indonesia. Incluso en ausencia de financiamiento directo para la JETP, la influencia del Banco Mundial es evidente en las condiciones vinculadas a un préstamo de 2021. Estas condiciones obligaban a la empresa estatal de energía de Indonesia, Perusahaan Listrik Negara (PLN), a desprenderse de la propiedad de las instalaciones de generación de energía renovable al vencimiento de los acuerdos de compra de energía pertinentes. Esta influencia también se refleja en el Informe sobre clima y desarrollo de país de 2023, que contempla el enfoque liderado por el sector privado del Banco Mundial en el sector de la energía desde la década de 1990, con el objetivo de desagregar el monopolio de energía estatal existente para aumentar la participación del sector privado. Esto sigue a un caso similar en Sudáfrica, donde las reformas políticas emprendidas como parte de la JETP condujeron a la ‘desagregación’ de Eskom, la empresa estatal de energía de Sudáfrica, para crear un sector eléctrico más privatizado y basado en el mercado (véase el Observador de Invierno de 2022).

En el caso de Indonesia, la JETP está diseñada para acelerar el crecimiento de los productores independientes de energía (IPP, por su sigla en inglés) con fines de lucro, convirtiendo a la empresa estatal de energía PLN principalmente en un comprador de electricidad de generadores privados. Tal como argumentan los Sindicatos por la Democracia Energética, “la electricidad ya no será vista como un bien público generado para el desarrollo humano y la construcción de la nación; más bien, la electricidad se convertirá en una mercancía que PLN está legalmente obligada a comprar a empresas privadas”.

El impulso a la privatización, influenciado por instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, debe revertirse rápidamente, ya que sólo perpetuará un sistema que antepone las ganancias a las personas, poniendo en peligro no sólo el desarrollo equitativo sino también la sostenibilidad ambiental y la justicia social.Andri Prasetiyo, Senik Centre Asia

Este modelo privatizado suscita preocupación tanto en lo que respecta a la consecución de la transformación ecológica de Indonesia como a la garantía de una transición justa para los trabajadores (véase el Observador de Verano de 2023). En efecto, este modelo se basa en el uso de financiamiento público limitado para atraer inversión privada para la transición, con el Banco y otros bancos multilaterales de desarrollo desempeñando un papel de apoyo en estas iniciativas. Sin embargo, este modelo ha fallado: el capital privado no ha llegado a Indonesia ni a Sudáfrica. Y esto es solo la punta del iceberg: existen pruebas sustanciales que demuestran que los propios ciudadanos están asumiendo los costos asociados a la garantía de rendimientos del sector privado (véase el Observador de Verano de 2023).

El plan de inversión de la JETP también reveló que solo USD 1.300 millones de los USD 95.900 millones estimados proyectados para 2023-2030 se asignan al retiro anticipado y la eliminación gradual del carbón, ya que los inversores privados priorizan las empresas más rentables. Además, el plan no aborda el cierre de las centrales eléctricas de carbón cautivas, lo que crea lagunas en las emisiones (véase el Observador de Invierno de 2023).

Los fallos del modelo del sector privado del Banco, combinados con la urgencia de la crisis climática, han llevado a la sociedad civil, los académicos y los sindicatos a abogar por modelos alternativos. Tal como argumenta Andri Prasetiyo, investigador principal de Política Climática y Finanzas del Senik Centre Asia, “debe revertirse rápidamente el impulso a la privatización, influenciado por instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, ya que solo perpetuará un sistema que antepone las ganancias a las personas, poniendo en peligro no solo el desarrollo equitativo sino también la sostenibilidad ambiental y la justicia social”.