Las elevadas tasas de interés y el menor acceso a los mercados mundiales de capital han dificultado aún más que muchos países en desarrollo paguen el servicio y refinancien partes significativas de su deuda externa en vencimiento, lo que limita su capacidad para realizar las inversiones necesarias para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y abordar el cambio climático (véase el Observador de Invierno de 2023 y el de Otoño de 2023).  Con la crisis del servicio de la deuda a la que se enfrentan los países en desarrollo de aquí a 2026, es necesaria una intervención urgente.

Un estudio reciente del Finance for Development Lab (FDL) sugiere que muchos de estos países se enfrentan a un problema de falta de liquidez, no de insolvencia, y aboga por una respuesta que incorpore la redefinición preventiva de la deuda combinada con un mayor apoyo a la inversión internacional para comenzar a financiar la transición ecológica. Pero más allá del problema de liquidez, también tenemos que hacer frente a una reforma más fundamental de la arquitectura financiera internacional y del sistema de deuda soberana, que debería haberse llevado a cabo hace mucho tiempo.

El entorno de bajo crecimiento mundial, el aumento de los costos de la deuda y los conflictos geopolíticos ya socavan los esfuerzos de los países en desarrollo para avanzar en sus agendas de desarrollo y comenzar a asumir el desafío climático.  Por lo tanto, tenemos que presionar para que se haga lo posible ahora, pero esto no debería distraernos del objetivo de búsqueda de una arquitectura financiera internacional reformada y centrada en el desarrollo nos distraiga (véase el Observador de Primavera de 2023). Necesitamos ambas cosas.

Más allá del problema de liquidez, también debemos afrontar una reforma más fundamental y muy esperada de la arquitectura financiera internacional y del sistema de deuda soberana.

En lo que respecta a la deuda soberana, la línea divisoria entre la iliquidez y la insolvencia depende en gran medida del “dolor” que un país esté dispuesto a soportar para evitar el impago (véase el Observador de Invierno de 2023). Y dado que los costos de incumplimiento en la actual arquitectura financiera internacional son altos, también lo son los “umbrales de dolor”. Enfrentados a procesos de renegociación de la deuda complejos, prolongados e ineficaces (véase el Observador de Invierno de 2021 y el de Invierno de 2020), los países están tomando la decisión imposible de privilegiar el servicio de la deuda sobre las inversiones en los ODS. Es posible que la propuesta del FDL de vincular el alivio de la liquidez con un programa del Fondo Monetario Internacional (FMI) no resuelva el problema, dado el tiempo que se tarda en negociar y aplicar dichos acuerdos (véase el Observador de Primavera de 2024). La propuesta tiene que responder dos preguntas clave: ¿Será suficiente? y, ¿brindará alivio a tiempo? A menos que estas preguntas puedan responderse de manera más definitiva, el proceso podría servir solo para empeorar la situación de los ciudadanos en el futuro.

La participación de los proveedores privados de crédito en la deuda de los países en desarrollo aumentó significativamente entre 2010 y 2021 (se duplicó en el caso de los LIC hasta el 13% y ahora es la principal fuente de financiamiento de los PIBM; véase el gráfico V.1 del Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2023).  Esto significa que, sin la participación del sector privado, cualquier proceso de renegociación de la deuda de los países en desarrollo está condenado a ser insuficiente e ineficaz. De los 36 países elegibles para el Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza que actualmente figuran en la lista del FMI como altamente endeudados o con problemas de sobreendeudamiento, a fines de 2023, casi una cuarta parte de su exposición externa es al sector privado, solo un poco menos que la exposición a los acreedores bilaterales (alrededor de un tercio de la deuda externa).  En un entorno en el que se está pagando el servicio de las deudas, hay pocos incentivos para que el sector privado se tome en serio los intentos de redefinirlas.  Incluso si se convence al sector privado para que se adhiera, tal como ha demostrado el Marco Común del G20, la falta de comparabilidad del trato para los diferentes tipos de prestamistas crea negociaciones prolongadas e improductivas entre los diferentes grupos de acreedores con altos costos para el país en cuestión. Es necesario hacer mucho más para garantizar la rápida reestructuración de la deuda a fin de limitar los daños a largo plazo para el prestatario.

Otra forma en la que podrían abordarse los problemas de liquidez soberana del tipo identificado por el FDL sería con una red de seguridad financiera mundial que funcionara mejor.  Hay varias mejoras que podrían introducirse en el sistema actual, entre ellas la reorientación efectiva de (más) Derechos Especiales de Giro no utilizados (véase el informe Reconceptualising Special Drawing Rights as a tool for development finance); la revisión de los límites de las cuotas del FMI que sustituyan a los existentes, sesgados y obsoletos, y ayuda a la recapitalización el FMI (véase el Observador de Invierno de 2022); la abolición de las tasas de interés escalonadas en el Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad (FFRS) del FMI para respaldar proyectos relacionados con el clima (véase el Observador de Primavera de 2024); y la eliminación de los recargos del FMI.  Estos últimos son una multa que se espera que imponga costos de USD 2.100 millones a 17 países en desarrollo solo en 2024 (véase el Observador de Otoño de 2022 y el de Primavera de 2022).

Estas mejoras podrían adoptarse con relativa rapidez y con un costo limitado.  Además, el FMI y el Banco Mundial deberían liderar el camino hacia la adopción universal de cláusulas de contingencia en los nuevos acuerdos de deuda que proporcionen salvaguardias en caso de catástrofes climáticas, desastres naturales y otras crisis, para aumentar resiliencia de los países en desarrollo a los shocks externos. Entonces habremos avanzado en la adopción de un sistema financiero mundial más centrado en el desarrollo.