En septiembre de 2023 el Banco Mundial acordó un préstamo de USD 1.000 millones para el Financiamiento de Políticas de Desarrollo (FPD) para apoyar la transición hacia una economía baja en carbono en Sudáfrica (véase Al interior de las instituciones, What is World Bank Development Policy Financing?). Este apoyo se consideró necesario debido a la crisis eléctrica de Sudáfrica, caracterizada por las altas tarifas, los apagones continuos y la importante deuda de la empresa estatal Eskom, que ascendió al 8,6% del PIB en marzo de 2022.
El préstamo impone ocho reformas en dos pilares, destinadas a privatizar aún más el sector eléctrico de Sudáfrica. El Pilar 1 tiene como objetivo la reestructuración del sector de la energía mediante el apoyo a la separación de las actividades de Eskom. El Pilar 2 se enfoca en apoyar la transición hacia una economía baja en carbono fomentando las inversiones del sector privado en energías renovables, lo que incluye la eliminación de los requisitos mínimos para la concesión de licencias a proyectos que venden electricidad directamente a los consumidores privados y la ampliación de los incentivos tributarios a las empresas.
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han estado pidiendo una revisión del enfoque liderado por el sector privado del Banco como parte de la Hoja de ruta de evolución, calificándolo de “paradigma de desarrollo defectuoso” porque “el tipo de proyectos diseñados para atraer a inversores privados con fines de lucro y generar rendimientos rápidos podría no coincidir con el interés público y las prioridades nacionales o locales ni apoyar la transformación económica sostenible” (véase el Observador de Verano de 2023).
Continúa la problemática participación del Banco en el sector energético de Sudáfrica
El FPD profundiza la influencia del Banco en el sector energético de Sudáfrica, tras el importante apoyo financiero y orientación en materia de políticas durante la última década (véase el Observador de Invierno de 2022). En 2010 el Banco otorgó un préstamo de USD 3.750 millones a Eskom para la construcción de la central eléctrica de carbón Medupi de 4.800 MW, el mayor préstamo energético de su historia (véase el Observador de Primavera de 2019). Este proyecto plagado de problemas ha generado críticas por parte de las OSC sudafricanas, que lo han etiquetado como ‘deuda odiosa’ y han pedido su cancelación.
Recientemente el Banco también desempeñó un papel de apoyo en la Alianza para la Transición Energética Justa (JETP, por su sigla en inglés) del país (véase el Observador de Invierno de 2022). La JETP, acordado en la COP26 de 2021, es una iniciativa de financiamiento climático de USD 8.500 millones que involucra a Alemania, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, la UE y el Fondos de Inversión Climática que pertenece al Banco Mundial. Este aglomera préstamos comerciales, préstamos en condiciones favorables y donaciones de los países ricos, al tiempo que anticipa la cobertura del sector privado del resto de las necesidades de financiamiento de la transición a través de asociaciones público-privadas (APP).
La JETP muestra una clara impronta del enfoque del Banco para la descarbonización en los países de ingreso bajo y medio liderado por el sector privado, alentando a los gobiernos nacionales a aplicar medidas de reducción del riesgo con el fin de que los proyectos sean ‘financiables’ para la inversión del sector privado (véase el Observador de Otoño de 2023 y el de Invierno de 2022). Este enfoque se basa en el supuesto de que miles de millones de dólares de financiamiento público liberan billones de dólares de inversores privados (véase el informe, Gambling with the Planet’s Future?).
Sin embargo, la JETP sudafricana no ha cumplido con el financiamiento prometido, lo que garantiza solo una décima parte de los fondos necesarios, un reto que también se ha visto en Indonesia y Vietnam, que también han puesto en marcha una JETP (véase el Observador de Primavera de 2024). Hasta noviembre pasado solo USD 308 millones de proyectos financiados por subvenciones en el marco del JETP habían avanzado a la fase de ejecución, mientras que la información sobre los préstamos, que constituyen un impactante 97% del apoyo respaldado por los donantes aún no se ha revelado. El hecho de que la mayor parte de la ayuda llegue en forma de préstamos, denominados en moneda extranjera – lo que los hace más caros – plantea nuevas preocupaciones, especialmente teniendo en cuenta la carga actual de la deuda de Sudáfrica (y de Eskom) (véase el Dispatch Annuals 2023).
Tal como argumenta Gilad Isaacs, del Institute for Economic Justice de Sudáfrica, “la JETP de Sudáfrica es una advertencia para todos los países del Sur Global. El acuerdo se negoció en secreto, ofrece muy poco financiamiento a través de subvenciones, no protege a los trabajadores de los sectores en transición, promueve la privatización y, en su inmensa mayoría, busca garantizar oportunidades de inversión rentables para el financiamiento privado. En cambio, el financiamiento climático debe tener lugar a través de un proceso multilateral transparente que reconozca la deuda climática histórica del Norte Global”.
