La sociedad civil de Zambia ha expresado su firme oposición a una nueva ley de semillas respaldada por el Banco Mundial, que el gobierno está decidido a impulsar para finales de junio. Los grupos argumentan que la ley beneficia a las grandes empresas agrícolas con fines de lucro, al tiempo que socava la seguridad alimentaria al perjudicar a los pequeños agricultores que producen la mayor parte de los alimentos de Zambia.

La aprobación parlamentaria de la Ley de Variedades Vegetales y Semillas es un indicador vinculado al desembolso del Programa de Oportunidades de Crecimiento de Zambia (ZAMGRO, por su sigla en inglés) del Banco Mundial, de USD 300 millones, con la estipulación de que el proyecto de ley “se compartirá con el Banco Mundial para su revisión antes de… su aprobación por parte del Gabinete del Ministerio de Agricultura”.

El sector semillero de Zambia está alineado con la revisión de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) de 1978, pero el proyecto de ley lo alineará con la revisión de 1991. La UPOV es un organismo de tratados externo a las Naciones Unidas que trabaja para privatizar semillas mediante la concesión de derechos de propiedad intelectual a los desarrolladores de variedades vegetales y, según la Alianza de Zambia para la Agroecología y la Biodiversidad (ZAAB, por sus siglas en inglés), “fortalece significativamente los derechos de los criadores y erosiona aún más y, en cierto sentido, criminaliza los sistemas de semillas gestionados por los agricultores”.

La armonización de la nueva ley con la UPOV de 1991 violaría los derechos de los pequeños agricultores a compartir y reutilizar semillas, prácticas que constituyen el núcleo de los sistemas tradicionales de uso de semillas. Esto es una violación directa de la Convención de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, de 2018, que Zambia ratificó y que establece que los campesinos tienen “el derecho de guardar, usar, intercambiar y vender sus semillas o material de reproducción guardados en la granja”.

Eugene Ng’andu, de la organización no gubernamental Caritas Zambia, dijo que “a pesar de que esta nueva ley puede no aplicarse adecuadamente cuando se promulgue, es preocupante que el alineamiento de la ley con la UPOV 91 imponga más restricciones a lo que los agricultores pueden propagar en comparación con la ley actual, [lo cual] socavará las prácticas agrícolas tradicionales”. Ng’andu agregó que, si bien no es un delito que los criadores se apropien de las características de las semillas autóctonas de los agricultores – en otras palabras, que los agricultores no tengan derechos sobre sus propias semillas – los derechos de los criadores que parten de las semillas de los agricultores están protegidos por la ley, e incluso la fertilización cruzada accidental en los campos de los agricultores podría considerarse un robo.

La política agrícola del Banco Mundial perjudica sistemáticamente a los agricultores pobres

Los pequeños agricultores producen alrededor del 96% del maíz de Zambia, un cultivo básico, mientras que la agricultura comercial se enfoca en las exportaciones más rentables, incluso mientras Zambia enfrenta una sequía récord, probablemente relacionada con el cambio climático. “Estas reformas promueven la agricultura comercial, pero no la seguridad alimentaria del país”, explicó Ng’andu.

El programa de mejoramiento agrícola del gobierno, el Programa Integral de Apoyo a la Transformación Agrícola (CATSP, por sus siglas en inglés) y el programa ZAMGRO del Banco Mundial promueven una solución única para los problemas del sector agrícola de Zambia, impulsando fertilizantes costosos y semillas híbridas que vinculan a los agricultores a relaciones de deuda y dependencia financiera.

Ng’andu dijo que Caritas ha visto cómo los beneficios de estos programas se destinan a la agroindustria, que suministra fertilizantes y semillas, mientras que las necesidades de los agricultores individuales han sido ignoradas. También existe una narrativa, señaló, de que las semillas híbridas comerciales son necesarias para abordar los bajos niveles de productividad en las pequeñas explotaciones agrícolas, pero hay muchos factores que influyen en la productividad, por ejemplo, el uso excesivo y el agotamiento de las tierras agrícolas, que pueden abordarse mediante enfoques agroecológicos.

Una investigación realizada por la organización de la sociedad civil (OSC) británica CAFOD constató que las intervenciones de política agrícola del Banco Mundial a nivel mundial se han enfocado mucho en la promoción de la agroindustria, presionando a los pequeños agricultores para que compren semillas híbridas y fertilizantes, al igual que la nueva ley de Zambia, al tiempo que socavan los sistemas de semillas gestionados por los agricultores e ignoran su papel en la lucha contra la pobreza y la mejora de la seguridad alimentaria (véase el Observador de Primavera de 2020). Tal como han señalado las OSC, la promoción de la agroindustria internacional por parte del Banco Mundial y la financierización de los sectores agrícolas en el Sur Global se está logrando a expensas de la seguridad y la soberanía alimentarias (véase el Dispatch Springs 2024 y el Observador de Verano de 2023).