El FMI ha comenzado conversaciones con Pakistán sobre un nuevo préstamo al tiempo que finaliza su actual programa de USD 3.000 millones. En marzo el Fondo aprobó el “desembolso inmediato” del último tramo de USD 1.100 millones, exigiendo al Gobierno que implemente nuevas reformas de consolidación fiscal, como la eliminación de los subsidios a los sectores exportadores y la reducción de los derechos de importación en el próximo presupuesto, con posibles implicaciones negativas en el mercado local.
El gobierno está buscando otro préstamo a largo plazo del FMI en un intento por evitar el incumplimiento, ya que el país aún se está recuperando de una grave crisis económica después de las devastadoras inundaciones que afectaron a 33 millones de personas hace más de dos años (véase el Observador de Otoño de 2022 y el de Invierno de 2021). Con las reservas agotadas en USD 3.000 millones en febrero de 2023, el préstamo aumentó las reservas a USD 8.000 millones, lo suficiente como para cubrir más de ocho semanas de importaciones. Su economía está particularmente agobiada por las obligaciones de deuda. El país tiene una relación deuda/PIB que supera el 70% y necesita entre el 50% y el 60% de los ingresos públicos para pagar los intereses de la deuda. Solo Sri Lanka, Ghana y Nigeria, afectados por la suspensión de pagos, están en peor situación (véase el Observador de Primavera de 2023). Las organizaciones de la sociedad civil llevan mucho tiempo pidiendo que las instituciones financieras internacionales cancelen la deuda de Pakistán y antepongan los derechos y las necesidades de las personas al servicio de la deuda.
Cuando el ‘prestamista de última instancia’ se convierte en el acreedor principal
Mientras que el FMI destacó en su revisión final del programa actual, en mayo, que la “posición económica y financiera de Pakistán ha mejorado” en los últimos meses, con una inflación reducida y reservas de divisas más estables, estos indicadores económicos son un ‘espejismo’, porque la estabilidad percibida se debe a que llegan más préstamos. Pakistán está tratando de negociar un préstamo a largo plazo de mayor cuantía para ayudar a estabilizar la actividad económica y solicitar financiamiento adicional del FMI en el marco del Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad (véase Al interior de las instituciones, What is the IMF Resilience and Sustainability Trust?). Pero para hacerlo, el gobierno debe buscar la aprobación parlamentaria de importantes reformas económicas relacionadas con los sectores de la energía, la electricidad y los impuestos, así como sobre la privatización de empresas estatales antes de iniciar conversaciones formales para otro programa. Si se obtiene, el nuevo préstamo sería el 24º préstamo del FMI para Pakistán, ya que el país ya le debe USD 7.000 millones, lo que ilustra mejor el fracaso de las reformas del FMI para abordar los problemas económicos a largo plazo de Pakistán, al tiempo que somete al país a sanciones adicionales por depender excesivamente del financiamiento del FMI (véase Al interior de las Instituciones, ¿Qué son los sobrecargos del FMI?). Según un reciente informe de Human Rights Watch, la condicionalidad de los préstamos del FMI, enfocada en la consolidación fiscal y la tributación regresiva, tiene un largo historial de exacerbación de la pobreza y la desigualdad y de daños a los derechos humanos en Pakistán.
Pakistán se vio obligado a adoptar medidas perjudiciales con el fin de cumplir con las condiciones del FMI (véase al Observador de Primavera de 2022), en particular mediante el aumento de los impuestos sobre el incipiente mercado de las energías renovables del país, lo que amenaza sus obligaciones internacionales en materia de clima. Tal como el propio Fondo ha reconocido, es probable que medidas similares alimenten más protestas en todo el país durante el próximo año. En el último caso, varios miles de personas en el estado norteño de Azad Cachemira protestaron contra los altos precios de la harina y la electricidad entre el 8 y el 14 de mayo, tras los recortes de subsidios ordenados por el FMI y el giro a un tipo de cambio basado en el mercado.
“Todavía tambaleándose por las inundaciones de 2022, Pakistán se vio obligado a un año de brutal austeridad en virtud del Acuerdo Stand-by, lo que hundió a Pakistán en una crisis de deuda más profunda y envió a más de 4 millones de almas a la pobreza con una inflación de alimentos y energía en su nivel más alto en varios años. Tras una primera ronda de negociaciones sobre un nuevo préstamo, el gobierno paquistaní se ha visto obligado a aumentar la tarifa eléctrica otro 20% y el nuevo presupuesto inaugura una nueva ronda de eliminación de subsidios y devastadoras subidas de impuestos. A pesar de que los expertos independientes y las coaliciones locales han dado la voz de alarma sobre la naturaleza insostenible de las estrategias fiscales y el análisis de la deuda del Fondo, el Fondo se ha mantenido aislado e insiste en su enfoque habitual y amenaza con empujar a la nación más allá del punto de recuperación”, destaca Zain Moulvi, director de investigación de Alternative Law Collective.