La Nota Orientativa Provisional sobre la Incorporación de la Perspectiva de Género es el último paso del compromiso declarado de la institución de incorporar una perspectiva de género en todas sus operaciones. Tras años de cabildeo por parte de organizaciones de la sociedad civil (OSC), feministas y activistas, en particular del Sur Global, exponiendo los impactos negativos del asesoramiento y la condicionalidad del FMI en materia de políticas para las mujeres y las niñas, el FMI publicó su primera estrategia sobre género en 2022, casi una década después de que ampliara su mandato para abarcar las cuestiones de género (véase el Observador de Primavera de 2022).

La ‘incorporación de la perspectiva de género’ del FMI se da en un contexto en el que se ha revertido el avance hacia la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 (ODS5) relativo a la igualdad de género, y de acuerdo con la nota orientativa, “las perspectivas de crecimiento mundial a medio plazo están en sus niveles más bajos en décadas”. La aplicación de las políticas de género como “nuevos motores del crecimiento económico” supone una correlación positiva entre el crecimiento y la igualdad de género y, tal como argumenta Farah Galal del MENA Fem Movement For Economic, Development And Ecological Justice, “enmarca la igualdad de género puramente como un medio para el crecimiento económico, lo que no puede ser la única métrica para la justicia de género”.

Décadas de políticas de austeridad promovidas por el FMI han tenido un impacto probadamente negativo en los derechos humanos y no han logrado mejorar la relación deuda/PIB, lo que ha generado peores resultados para los países de ingreso bajo y medio (PIBM). Los países de ingreso medio en crisis, que dependen mucho de los préstamos del FMI, se ven obligados además a destinar un mayor porcentaje del PIB al reembolso de la deuda en forma de sobrecargos (véase Al interior de las instituciones, ¿Qué son los sobrecargos del FMI?). Este ciclo de endeudamiento y crisis ha llevado a que el FMI exija más medidas de consolidación fiscal, como la reducción del sector público, la reducción de la masa salarial pública y el aumento de los impuestos regresivos, lo que, a su vez, tiene un impacto negativo en la igualdad de género. Galal argumenta que, al no reconocer esto, “el documento no aborda cómo los programas de reforma económica basados en la austeridad del FMI y la carga de la deuda afectan de manera desproporcionada a las mujeres en el Sur Global. Estas políticas a menudo resultan en recortes en las redes de seguridad social, la atención médica y la educación, áreas que son críticas para el bienestar y el empoderamiento de las mujeres”.

Las críticas de la sociedad civil a la estrategia de género 2022 del FMI y a la nota sobre género “How to” de 2018 para el personal se enfocan en tres elementos principales del trabajo del FMI en materia de género: la falta de una metodología uniforme para identificar la naturaleza “crítica en términos macroeconómicos” del género (es decir, las cuestiones que el FMI considera clave para el crecimiento y la estabilidad financiera macro); la solidez y transparencia de la recopilación de datos; la ausencia de compromiso con las economistas feministas, la sociedad civil y los organismos con experiencia en asuntos de género (véase el Observador de Primavera de 2022). Las recomendaciones básicas son que el FMI se abstenga de entrar en áreas de política que no estén dentro de su campo de conocimiento experto y deje de exigir una condicionalidad neocolonial en materia de género que vulnera la autonomía de los países del Sur Global. En su lugar, debería atenerse a un principio de ‘no hacer daño’ en todo su trabajo y considerar enfoques políticos alternativos, incluido el asesoramiento en materia de políticas anticíclicas que se aparten de las medidas de austeridad (véase el Informe, El FMI y la igualdad de género: Un compendio de críticas macroeconómicas feministas).

¿Hacer que las mujeres funcionen para la economía o que la economía funcione para las mujeres?

La nota orientativa es la segunda etapa de tres del proceso de incorporación de la perspectiva de género del FMI. Intenta establecer modelos para los tipos de cuestiones que el personal incorporará en un análisis de género, que servirá de base para la nota orientativa completa de la tercera etapa, que se publicará en 2026. Su orientación al personal no es obligatoria y se aconseja al personal que incorpore el asesoramiento en materia de políticas en las tres esferas de trabajo del FMI: la supervisión bilateral (informes del Artículo IV), la condicionalidad de los préstamos y la capacitación. El hecho de que la incorporación de la perspectiva de género no sea obligatoria y que la elección entre llevar a cabo un análisis de género ‘superficial’ o ‘profundo’ recaiga en las misiones del FMI en los países plantea interrogantes sobre la imparcialidad, es decir, la uniformidad del trato entre los países (véase el Observador de Otoño de 2013).

La nota proporciona ejemplos de ‘brechas’ de género, que demuestran el compromiso con áreas de la economía feminista, incluido el trabajo informal y el trabajo de cuidados no remunerado, aunque, tal como argumenta Galal, no “reconoce la naturaleza interseccional del género con otros significantes como la raza, la clase y la geografía”. Otras cuestiones abordadas, como las “normas” sociales y culturales y la condición jurídica, no entran dentro de la competencia del FMI, lo que genera dudas sobre la solidez de su enfoque de lo que constituye la naturaleza crítica en términos macroeconómicos, lo que pone en riesgo la puesta en práctica de cuestiones basadas en los derechos, como la igualdad de género en el acceso a las estructuras sociales, políticas y jurídicas.

Aunque se ha avanzado en el reconocimiento de algunas cuestiones de género, los ejemplos de asesoramientos ‘superficiales’ y ‘profundos’ sobre políticas comprenden un campo limitado de enfoques en materia de políticas. El financiamiento privado, las asociaciones público-privadas (APP) y la inclusión financiera se llevan adelante de manera acrítica como soluciones políticas, sin mencionar los efectos nocivos demostrables que suelen acompañarlas (véase el Observador de Invierno de 2023), y cuando se hace referencia a los resultados negativos en función del género de los enfoques macroeconómicos más amplios, la atención se centra en las medidas de mitigación, como las transferencias de efectivo, que han probado ser limitados en su efectividad, en lugar de en la búsqueda de alternativas.

Por último, la nota afirma que el fomento de la colaboración externa es “un pilar fundamental de la estrategia de género”, pero carece de requisitos concretos para que el personal consulte con la sociedad civil, las economistas feministas o el sistema de derechos humanos de la ONU. Galal afirma que el documento “posiciona al FMI como el único árbitro de lo que constituyen ‘buenas prácticas’ para la integración de género. Se ignora el conocimiento experto y las experiencias vividas por activistas feministas y organizaciones locales de la sociedad civil en el Sur Global, lo que reafirma la naturaleza opcional de la posibilidad de consultar con ellas”.

Para que la estrategia de género del FMI cumpla con sus objetivos declarados es necesario que se adopten medidas de política económica heterodoxas o feministas genuinas. Estas medidas, además de las consultas significativas y la transparencia en la recopilación de datos, son cruciales para avanzar hacia el ODS 5, en la reducción de la pobreza y la desigualdad y en materia de justicia climática y de género.