En los últimos meses, el panorama político de Kenia ha estado dominado por una oleada de protestas. Con reminiscencias de la historia del activismo estudiantil universitario contra el autoritarismo en Kenia, los jóvenes manifestantes se están organizando en una autoproclamado movimiento sin líderes, sin tribus y sin miedo. Este nuevo grupo de activistas (en su mayoría personas nacidas entre mediados y finales de la década de 1990 y principios de la década de 2000, es decir, la Generación Z) denuncian la polarización etnopolítica y la desigualdad social de Kenia y se enfrentan al Estado, actualmente bajo el liderazgo del presidente William Ruto.

Un catalizador importante ha sido un proyecto de ley de finanzas presentado en la Asamblea Nacional en junio en el que se establecía el plan fiscal del gobierno para el año fiscal 2024/2025 (FY24/25). El proyecto de ley incluía la recaudación de USD 2.700 millones adicionales en impuestos mediante la ampliación del alcance de los bienes y servicios imponibles, con nuevos gravámenes sobre productos básicos como el pan, el azúcar y el aceite de cocinar. El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un comunicado de prensa sobre un acuerdo a nivel de personal técnico como parte de los múltiples acuerdos de financiamiento actuales de Kenia con el Fondo, incluso a través del Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad (véase Al interior de las instituciones, What is the IMF Resilience and Sustainability Trust?). El acuerdo contienen medidas que, según se argumenta, eran necesarias para salvaguardar la sostenibilidad de la deuda, incluidas las medidas que respaldan el presupuesto de Kenia para el FY24/25. Estas medidas habrían incluido la ampliación de la base impositiva nacional junto con el gasto público y la reforma de la masa salarial.

Lo que comenzó como una organización digital en las plataformas de redes sociales pronto condujo a protestas callejeras masivas, con llamadas a ocupar los edificios del parlamento en la capital, Nairobi, para presionar a los legisladores para que rechazaran el proyecto de ley. Las protestas se extendieron rápidamente a ciudades de todo el país y, finalmente, el presidente Ruto se vio obligado a retirar el proyecto de ley. Al tiempo que acusaban al gobierno de tomar decisiones financieras imprudentes, los manifestantes también centraron la atención en el FMI y el Banco Mundial por su papel en la creciente crisis social y de deuda de Kenia.

Al tiempo que acusaban al gobierno de tomar decisiones financieras imprudentes, los manifestantes también centraron la atención en el FMI y el Banco Mundial por su papel en la creciente crisis social y de deuda de Kenia.

Jóvenes kenianos rechazan las recetas económicas del FMI y el Banco Mundial

El FMI y el Banco Mundial desempeñan un papel fundamental en la definición de la política públicas de Kenya, incluidas las recientes medidas de austeridad introducidas en el marco de sus programas de préstamos con el FMI. En 2023 se creó un impuesto del 1,5% a la vivienda para las personas empleadas, a pesar de que el 69% de los kenianos se oponía, y una nueva serie de impuestos que golpearían más duramente a las personas más pobres. En el mismo año se reintrodujo un subsidio a los combustibles tras las protestas públicas por su eliminación, mientras que se duplicó el impuesto al valor agregado (IVA) sobre los combustibles, que pasó del 8% al 16%.

Las medidas fiscales propuestas llegaron a los titulares internacionales como la razón detrás de las protestas de este año, pero hay motivaciones más amplias y entrelazadas relacionadas con el colapso y la falta de recursos de los servicios públicos, el alto desempleo juvenil, la violencia de género, la corrupción desenfrenada, el mal uso de fondos públicos y la ostentación de estilos de vida adinerados por parte de políticos desconectados de la realidad. La ira pública se ha avivado aún más por la matanza de los manifestantes por parte de agentes de seguridad, así como las palizas, secuestros y desapariciones de manifestantes, lo que llevó al FMI a publicar una tibia respuesta a la violencia estatal en junio.

En el período previo a las protestas de #OccupyParliament y #RejectFinanceBill2024, los médicos de Kenia se declararon en huelga en marzo, citando el incumplimiento por parte del gobierno de un acuerdo de negociación colectiva firmado en 2017 tras la huelga de médicos más larga del país. Las huelgas de los trabajadores de la salud han sido sistemáticamente por los bajos salarios, las malas condiciones de trabajo y el estado pésimo de los centros de salud pública y con poco personal. Dos años antes de la huelga de 2017 el gobierno lanzó una controvertida asociación público-privada (APP) de arrendamiento de equipos médicos respaldada por el Banco Mundial por valor de USD 432 millones que generó importantes preguntas sobre en qué se basa el gobierno para establecer sus prioridades. Haciéndose eco de las opiniones de los trabajadores de la salud que sentían que estos fondos se habrían gastado mejor en la expansión de la atención médica materna, el auditor general de Kenia hizo la famosa descripción del proyecto como una “traición a la confianza del contribuyente”.

La violencia de género también ha estado en la agenda y algunas de las jóvenes involucradas en las protestas de junio contra el proyecto de ley de finanzas movilizaron a miles de manifestantes en enero, para denunciar el aumento de los feminicidios y la inacción del gobierno, entre otras cosas, al no financiar los servicios públicos necesarios para prevenirlo y responder a él.

El movimiento juvenil impulsa un gasto público más equitativo y transparente

Después de haber derrotado el proyecto de ley de finanzas, los jóvenes activistas han cambiado su atención hacia un nuevo modelo de financiamiento para las universidades públicas. Con el objetivo de abordar la falta crónica de financiamiento y, al mismo tiempo, poner fondos a disposición de los estudiantes de bajos ingresos, las críticas al modelo actual se centran en los posibles impactos en la calidad de la educación y la creación de una mayor desigualdad social. Desde entonces, cediendo una vez más a la presión de los manifestantes estudiantiles junto a los sindicatos de trabajadores universitarios, el presidente Ruto ha creado lo que muchos consideran un comité inflado para revisar el modelo.

Los jóvenes kenianos quieren que el gobierno sea más transparente sobre su endeudamiento y gasto, que recorte el gasto en artículos de lujo, que enjuicie a los funcionarios corruptos, que elimine los impuestos injustos y que preste servicios públicos universales. Un fenómeno reciente de inspecciones autorganizdas por parte de ciudadanos de los programas e infraestructura financiados con fondos públicos (muchos de los cuales se ha descubierto que son ‘elefantes blancos’), demuestra que este momento político nacional consiste simultáneamente en oponerse a los impuestos regresivos y garantizar la rendición de cuentas del Estado por los ingresos fiscales. Se trata de hacer que el financiamiento público funcione para los ciudadanos. También es una cuestión de soberanía. Con esta soberanía sistemáticamente socavada por las condicionalidades impuestas por el FMI y el Banco Mundial, esperamos que ellos, y la arquitectura financiera mundial antidemocrática en general, se vean sometidos a un escrutinio cada vez mayor por parte de los movimientos de protesta juvenil en los próximos meses.