Los Mecanismos de Rendición de Cuentas Independientes (IAM, por su sigla en inglés) del Banco Mundial existen para que las comunidades puedan buscar reparación por los daños causados por los proyectos del Banco. Sin embargo, ¿de qué sirve la rendición de cuentas si se ignora a las comunidades y no se las consulta en ninguna etapa del proceso? Los Pueblos Indígenas Chiquitanos han experimentado de primera mano las consecuencias de esta realidad.

El Proyecto Corredor de Santa Cruz, en Bolivia, financiado con USD 230 millones del Banco Mundial, se concibió con el objetivo de “mejorar la accesibilidad al transporte en el corredor vial entre San Ignacio de Velasco y San José de Chiquitos”, con la promesa de beneficiar a 125.000 habitantes. Desde 2018 el liderazgo chiquitano estuvo advirtiendo al Banco que el proyecto se estaba desarrollando e implementando sin consultar significativamente a las comunidades afectadas, lo que resultó en una amenaza a las tierras chiquitanas y un daño a sus medios de vida.

Durante tres años, los líderes chiquitanos, con el apoyo de la organización boliviana Fundación Tierra (FT), buscaron una solución negociando con el Banco Mundial y la agencia ejecutora del proyecto, la Administradora Boliviana de Carreteras. Estos esfuerzos dieron como resultado un Plan para los Pueblos Indígenas (IPP, por su sigla en inglés) parcialmente mejorado. Sin embargo, nada cambió en la forma en que se continuó implementando el proyecto. Sin otras opciones, en diciembre de 2022 los chiquitanos y la FT presentaron un reclamo al Panel de Inspección (PI), el IAM para las instituciones de préstamos soberanos del Banco (es decir, la Asociación Internacional de Fomento y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento). El informe de investigación del PI de marzo de 2023 fundamentó los reclamos de los chiquitanos, documentando varias áreas en las que el proyecto no cumplía con las políticas operativas básicas del Banco Mundial, incluyendo un inadecuado proceso de consentimiento libre, previo e informado.

Las autoridades indígenas, que habían alentado a las familias con que serían escuchadas si se comprometían con el Panel, ahora creen que el Banco las traicionó.Mario Paniagua, Fundación Tierra

El colmo de los males: el Banco no aborda las principales conclusiones del Panel de Inspección

En febrero de 2024 el Banco respondió al informe del PI con un plan de acción de gestión (MAP, por su sigla en inglés), que según la organización de la sociedad civil Bank Information Center (BIC), con sede en Estados Unidos, es inadecuado e insuficiente, ya que el Banco, además de no incluir a las comunidades afectadas en la creación del plan, ahora las excluye de su implementación. “Aunque, inicialmente, las comunidades afectadas se sintieron escuchadas por el Panel de Inspección, ahora sienten que el Banco las engañó”, dice Mario Paniagua de FT. “Las autoridades indígenas, que habían alentado a las familias con que serían escuchadas si se comprometían con el Panel, ahora creen que el Banco las traicionó”.

“No estaríamos en este punto si el Banco hubiera cumplido con los compromisos que exigen sus políticas”, agrega Rachel Nadelman, del Accountability Research Center, con sede en Estados Unidos.

En julio el pueblo chiquitano envió una carta al Banco, instando a la administración a garantizar su participación en todo el proceso de implementación del plan y en el desarrollo de protocolos de compensación, tal como se establece en el informe del PI. Sin embargo, aún no han recibido una respuesta. “El caso de Bolivia pone de manifiesto, una vez más, la necesidad de que el Banco Mundial ofrezca una solución real cuando sus proyectos dañan a las comunidades”, señala Carolina Juaneda, del BIC. “La revisión externa actual y en curso de los mecanismos de rendición de cuentas del Directorio del Banco llega en un momento crítico, ya que busca aumentar las inversiones y ampliar su cartera de préstamos como parte de su Hoja de Ruta de Evolución» (véase el Observador de Invierno de 2023).