Alcanzar el “cero neto” para hacer frente a la emergencia climática es un imperativo en materia de derechos humanos. Pero el camino más probable hacia ese objetivo requiere una enorme aportación de minerales para las tecnologías de energía renovable. Ahí radica un dilema fundamental: la industria extractiva de minerales es uno de los principales violadores de los derechos humanos, incluido el desplazamiento forzado de innumerables comunidades que se encuentran en el camino de las operaciones mineras.
Mi organización, Inclusive Development International, ha apoyado comunidades de todo el mundo, desde Guinea hasta Indonesia, cuyas tierras, ríos y bosques han sido destruidos por algunas de las empresas mineras más grandes del mundo. Hemos visto de primera mano la devastación que la minería causa en paisajes preciosos, medios de subsistencia basados en la tierra y vidas de las personas, así como lo difícil que es remediar estos impactos en los derechos humanos después de producidos.
No cabe duda de que se necesita urgentemente un nuevo enfoque. Es encomiable que el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, haya dejado claro que está de acuerdo. En septiembre, un grupo de expertos convocado por el secretario general dio a conocer una serie de principios cuyo objetivo es guiar la “revolución de las energías renovables… hacia la justicia”. El primer principio del panel afirma acertadamente que “los derechos humanos deben estar en el centro de todas las cadenas de valor de los minerales”.
El enfoque de la CFI para la adquisición de tierras ha fallado sistemáticamente a las comunidades
Todas las miradas se centrarán ahora en los bancos multilaterales de desarrollo (BMD), como el Grupo Banco Mundial (GBM), que proporcionan financiamiento y otro tipo de apoyo a los países en desarrollo ricos en recursos y a la industria minera, para ver cómo ponen en práctica las recomendaciones del panel. Es importante destacar que se espera que el brazo del Banco Mundial para el sector privado, la Corporación Financiera Internacional (CFI), actualice sus Normas de desempeño medioambientales y sociales en 2025. Estas normas configuran cláusulas en los acuerdos de préstamo y establecen un estándar mundial para otras instituciones crediticias, lo que ofrece un vehículo crucial para hacer realidad la visión del secretario general. Al revisar sus normas, la CFI debe centrarse en esta pregunta esencial: ¿cómo pueden las comunidades que viven en tierras ricas en minerales ser tratadas con el respeto y la dignidad que merecen y tener capacidad de acción en la toma de decisiones sobre futuras operaciones mineras?
Es urgente un cambio de enfoque
El enfoque actual de la CFI para la adquisición de tierras y al reasentamiento en la Norma de desempeño 5 (PS5, por su sigla en inglés) ha fallado sistemáticamente a las comunidades. La evidencia en el terreno es abrumadora. Este fracaso tiene sus raíces en una falsa premisa subyacente de las normas, que asumen que un enfoque verticalista que presupone el uso de expertos a corto plazo para evaluar los riesgos del proyecto, junto con procesos de “consulta” comunitaria, evitará efectivamente el daño. En realidad, esto es, frecuentemente, cumplir con la formalidad para asegurar el financiamiento, lo que deja a las comunidades totalmente sin poder y vulnerables a perder tierras ancestrales, acceso a los recursos básicos y a toda su base económica.
Ese enfoque fallido debe transformarse en uno que respete la voluntad y el conocimiento de la comunidad, así como su derecho a tomar decisiones sobre su propio desarrollo, y que haga rendir cuentas directamente a los desarrolladores cuando violen sus derechos. Las comunidades deben recibir la información, los recursos y las herramientas que necesitan para determinar los términos de acceso a la tierra, las salvaguardas contra daños y los beneficios que recibirán si aceptan una mina. Deben ser tratados como socios del proyecto, permitiéndoles determinar si el proyecto sigue adelante y en qué términos. Una nueva PS5 de la CFI debe reflejar este nuevo enfoque.
El mecanismo independiente de reclamos de la CFI, el defensor del pueblo (CAO, por su sigla en inglés), también tiene un papel que desempeñar. El CAO debe estar preparado para facilitar el tipo de mediaciones intensivas para prevenir los daños en lugar de, tal como se suelen utilizar, tratar de repararlos después de producidos. Las mediaciones que equilibran el poder entre las partes pueden ayudar a las comunidades y a las empresas a llegar a acuerdos justos sobre los términos de acceso a la tierra y a los recursos naturales antes de que comiencen los proyectos, así como a abordar los problemas que surjan a lo largo del ciclo del proyecto. Las comunidades deben recibir el apoyo técnico y legal independiente que necesitan para negociar de manera efectiva acuerdos entre la comunidad y la empresa o tomar decisiones informadas para rechazar la explotación de sus tierras.
Pero nada de esto funcionará a menos que los operadores mineros rindan cuentas directamente a las comunidades. Los acuerdos deben ser ejecutables por las comunidades, ya sea a través de los tribunales o, cuando eso no sea posible, a través de otros mecanismos como el arbitraje.
Si la minería de minerales de transición avanza de acuerdo con el modelo extractivista histórico, causará un enorme daño y resistencia social y ambiental entre las personas afectadas, lo que desestabilizará las cadenas de suministro de minerales. Es inaceptable y miope obligar a las comunidades que menos han contribuido a la crisis climática mundial a sacrificar su bienestar por la solución.
El panel de la ONU reconoce que la transición energética debe llevarse a cabo de una manera que promueva la justicia, la equidad y los derechos humanos. La CFI debe estar a la altura de las circunstancias preparándose para derribar el viejo y fracasado Manual de Estrategias e introducir un nuevo enfoque que brinde a las comunidades el respeto que merecen.
