La sociedad civil lleva mucho tiempo criticando al FMI por la falta de participación significativa de las partes interesadas en el diseño y desarrollo de sus políticas. La falta de consultas es un problema constante que afecta a múltiples áreas de las operaciones del FMI, incluidas las misiones a los países y los informes del Artículo IV, además de las actualizaciones de los préstamos y los procesos y políticas dirigidos por la gerencia (véase el Observador de Verano de 2021).
En septiembre de 2024, más de 70 organizaciones de justicia económica, derechos humanos, justicia ambiental y climática, y organizaciones feministas de la sociedad civil (OSC) pidieron una revisión de las directrices de 2015 del FMI sobre el compromiso del personal técnico del FMI con las organizaciones de la sociedad civil y su eficacia. También pidieron que la Junta Directiva apruebe una política clara que “establezca reglas sistemáticas y obligatorias para la participación de la sociedad civil, incluso en el ámbito nacional”.
En la carta se afirmaba que este es un momento crucial para revisar y actualizar las directrices de casi una década de antigüedad a la luz de la expansión del Fondo a “nuevas” áreas, como el género y el clima.
Iolanda Fresnillo, de la organización de la sociedad civil Eurodad, con sede en Bélgica, declaró: “Esto es vital para poder llevar a cabo nuestro trabajo de supervisión y promoción de políticas y programas que son clave para avanzar en los objetivos de desarrollo y que tienen un impacto directo en el bienestar de millones de personas”.