Este otoño, el Banco Mundial dio a conocer su nuevo índice Business-Ready (B-Ready), sucesor del controvertido Informe Doing Business (DBR, por su sigla en inglés), que se suspendió en 2021 en medio de un escándalo de manipulación de datos (véase Dispatch Annuals 2023, el Observador de Verano de 2023 y el de Invierno de 2021). El nuevo índice, que promete una evaluación más exhaustiva de los entornos empresariales de los países, va más allá de considerar únicamente el entorno regulatorio e incluye medidas sobre la calidad de los servicios públicos y datos de encuestas empresariales. Aun así, el índice B-Ready mantiene el enfoque que convirtió al DBR en uno de los ‘favoritos’ de los inversores y en un producto estrechamente supervisado por los responsables políticos: una clasificación sencilla que reduce los procesos complejos del ciclo de vida empresarial a meras puntuaciones numéricas. Si bien este enfoque reduccionista puede funcionar para tareas comerciales operativas, como medir el acceso a la electricidad, su aplicación a las relaciones laborales tiene fallas fundamentales.

El índice revive el controvertido indicador de ‘empleo de trabajadores’, previamente eliminado del DBR después de años de críticas del movimiento sindical mundial y de las organizaciones internacionales por recompensar a los países con el nivel más bajo de regulaciones, incluidos los violadores de los derechos de los trabajadores, con el objetivo de hacer que sus economías sean más amigables para las empresas. El renovado B-Ready incluye ahora indicadores para medir si los países garantizan los derechos fundamentales de los trabajadores – desde la libertad sindical hasta la seguridad en el trabajo – y proporcionan planes de protección social clave, como el desempleo y el seguro de salud. Sin embargo, el nuevo análisis de la CSI revela que, al tratar la política laboral como una cuestión puramente tecnocrática, despojada de contexto social y político, el B-Ready perpetúa la agenda desreguladora proempresarial de su predecesor, fomentando una carrera a la baja en materia de normas laborales.

Un fallo metodológico importante radica en la dependencia del B-Ready de un puñado de abogados para evaluar las complejas instituciones y relaciones laborales. Georgia, el país con mayor puntuación en la sección laboral, obtiene todos los puntos por exigir la consulta social para establecer o actualizar el salario mínimo, a pesar de que el país no ha actualizado su salario mínimo desde 1999. Además, se le recompensa por tener un salario mínimo que está muy por debajo del nivel de subsistencia. Esta desconexión entre los marcos legales que protegen a los trabajadores y su implementación permea toda la sección laboral del índice. Si bien las encuestas empresariales capturan los impactos regulatorios en las empresas, el índice ignora las consecuencias del mundo real para los trabajadores. Los países pueden obtener una puntuación alta si mantienen costos sociales mínimos para los empleadores, creando una fachada de protección de los trabajadores sin una implementación significativa. En resumen, el B-Ready permite a los gobiernos parecer obedientes mientras socavan efectivamente los derechos laborales.

El índice revive el controvertido indicador de ´empleo de trabajadores´, previamente eliminado del DBR después de años de críticas del movimiento laboral mundial y de organizaciones internacionales por recompensar a los países con el menor nivel de regulaciones, incluyendo a los violadores de los derechos de los trabajadores, para hacer que sus economías sean más amigables para las empresas.

Humo y espejos: cómo la lógica de privatización del B-Ready socava los derechos y la protección de los trabajadores

La marcada desconexión entre las instituciones internacionales y las realidades locales está vívidamente ilustrada en Indonesia. Mientras que el Banco Mundial y el FMI elogian profusamente las reformas del mercado laboral en la Ley Ómnibus nacional de 2020 sobre la Creación de Empleo, los trabajadores indonesios han librado una batalla de cuatro años contra su asalto a las protecciones de los trabajadores. El pasado mes de octubre, su resistencia culminó con una victoria en la Corte Constitucional, que declaró la inconstitucionalidad condicional de la ley – es decir, el segundo fallo de este tipo desde 2021. Este abismo entre el elogio tecnocrático y la resistencia popular revela cuán peligrosamente divorciadas siguen estando las instituciones financieras internacionales (IFI) del impacto humano de sus recetas políticas. Esta distancia creciente no sorprende, dado que ni el Banco Mundial ni el Fondo se comprometen a conducir evaluaciones del impacto en los derechos humanos ex ante ni ex post.

La persecución de Indonesia de clasificaciones más altas en el B-Ready demuestra cómo estas métricas distorsionan las prioridades en materia de políticas en favor de una agenda de privatización más amplia. Aprovechando la pandemia de Covid-19, la administración del presidente Joko Widodo se apresuró a implementar políticas de flexibilización laboral al tiempo que aceleraba la privatización. La Ley Ómnibus amplía los acuerdos de trabajo precario y debilita la protección del salario mínimo, lo que proporciona a los empleadores una mayor flexibilidad en la gestión de su fuerza laboral y minimiza los costos salariales y de terminación de contrato en línea con las prescripciones del B-Ready. Se facilita así el desmantelamiento de empresas públicas como Perusahaan Listrik Negara (PLN), la empresa de servicios públicos, para beneficiar a los proveedores privados (véase el Observador de Primavera de 2024). El Estado trasladó los costos sociales de los empleadores al Estado, creando planes subfinanciados que socavan la protección social universal. A pesar de su mala posición en el Índice Global de los Derechos de la CSI, estas políticas hostiles a los trabajadores ayudaron a Indonesia a alcanzar el top 10 en categoría laboral en el B-Ready – lo que refleja el patrón del DBR de recompensar a los países con el deterioro de los derechos laborales. Por citar otro ejemplo, Filipinas, donde los sindicalistas se enfrentan a una persecución mortal, ocupa el sexto lugar en las métricas laborales de B-Ready, una ilustración sorprendente de cómo las mediciones tecnocráticas del índice enmascaran realidades brutales.

En su sentencia más reciente, el Tribunal Constitucional de Indonesia concedió al Estado dos años para redactar una nueva ley laboral, lo que ofrece a Indonesia la oportunidad de dar prioridad a los derechos de los trabajadores sobre la competencia por la clasificación. Sin embargo, mientras el índice B-Ready siga reduciendo los derechos y las relaciones laborales a puntuaciones simplistas que divergen de las realidades sobre el terreno, los responsables de la formulación de políticas se enfrentarán a la presión de luchar por la aprobación de los inversores internacionales por sobre los derechos y el bienestar de los trabajadores.