En la 29ª Conferencia de las Partes (COP29) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada el 14 de noviembre, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI), el brazo de seguros contra riesgos políticos del Banco Mundial, presentó la plantilla de una Carta de Autorización (LoA, por su sigla en inglés) destinada a reducir el riesgo de los mercados de carbono para los inversores privados en virtud del artículo 6.2 del Acuerdo de París. El Artículo 6.2 facilita el comercio bilateral de créditos de carbono, es decir, permite que los países y las empresas alcancen los objetivos de ‘cero neto’ mediante la compra de créditos de proyectos de reducción de emisiones en el Sur Global (véase Al interior de las instituciones, The role of the World Bank in carbon trading markets).

Esta medida se produce a pesar de la evidencia de que los mercados de carbono no han logrado reducir las emisiones. Una investigación conjunta de enero de 2023 de The Guardian y otros medios reveló que más del 90% de las compensaciones de carbono de la selva tropical certificadas por Verra, el principal certificador del mundo, eran efectivamente “inútiles”. El 12 de noviembre una coalición de grupos de justicia climática emitió un comunicado de prensa en el que se afirma que los mercados de carbono sólo sirven como “una cortina de humo para que los grandes contaminadores sigan emitiendo a expensas de las personas y la naturaleza”.

Los mercados de carbono, a menudo apodados el ‘salvaje oeste’ debido a la mala regulación, han cultivado esquemas que benefician principalmente a los comerciantes extranjeros a expensas de las comunidades locales. Mientras que la COP29 experimentó mejoras marginales en la transparencia de conformidad con el Artículo 6.2, al final no se logró establecer medidas sólidas de rendición de cuentas. Un artículo de Climate Home News del 23 de noviembre puntualizó: “las reglas para los intercambios bilaterales en virtud del Artículo 6.2 podrían abrir la puerta a la venta de créditos de carbono basura”. Mientras tanto, si bien Verra introdujo un nuevo sistema de créditos de carbono para mejorar la integridad del proyecto, se mantienen las preocupaciones sobre las metodologías. El 24 de noviembre, The Guardian citó a Injy Johnstone, investigadora de Oxford, quien advirtió que “el riesgo de abuso sigue vivo y coleando”.

El OMGI tiene un largo historial en la facilitación de proyectos de combustibles fósiles y, hasta el día de hoy, sigue apoyando plantas de energía a base de gas fósil. Con esta nueva carta de autorización, el Grupo del Banco Mundial está contribuyendo una vez más a prolongar la era de los combustibles fósiles, aunque sea de manera indirecta, al ayudar a los grandes contaminadores a obtener vía libre para continuar con sus negocios sucios.Marjorie Pamintuan, Recourse

¿Reducir el riesgo de los créditos de carbono ‘basura’?

 El OMGI introdujo la LoA para “definir los derechos legales a los créditos de carbono y mejorar la asegurabilidad de las inversiones”, garantizando compromisos exigibles del Estado anfitrión a través de procedimientos de compensación y resolución de disputas. La plantilla, aún en discusión, establece que los países anfitriones “permiten, consienten y autorizan expresamente [e irrevocablemente] la transferencia, venta o cualquier otra disposición” de los créditos de carbono y los derechos asociados transferidos internacionalmente. Esto se aplica a las transferencias realizadas por el inversor, los destinatarios o los futuros titulares, tanto dentro como fuera del país anfitrión.

El texto provisional de la LoA sugiere que los gobiernos anfitriones podrían enfrentar responsabilidades financieras si modifican o revocan los créditos dentro del plazo acordado, con una compensación que incluya “el valor de mercado prevaleciente de los créditos afectados [y las pérdidas de ingresos estimadas]”. Esto puede plantear riesgos significativos para los países receptores, teniendo en cuenta los notorios problemas que han tenido los esquemas de créditos de carbono hasta la fecha. De hecho, algunos países argumentan que la revocación debería ser permitida en casos de fraude o violaciones de los derechos humanos. A pesar de que el OMGI tiene normas de desempeño ambientales y sociales, en el caso de los proyectos que asegura, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han cuestionado durante mucho tiempo su enfoque sobre la rendición de cuentas (véase el Observador de Otoño de 2020).

A medida que algunos gobiernos anfitriones comenzaron a regular los mercados de carbono, como en el caso del anuncio de Zimbabue de mayo de 2023 de que retendría la mitad de los ingresos del proyecto y consideraría anular los contratos existentes, la OSC estadounidense Oakland Institute advirtió, en julio de 2023, que las garantías propuestas por el OMGI “beneficiarían directamente a los inversores, promotores e intermediarios del Norte Global”, aislándolos de las medidas regulatorias de los países anfitriones (véase el Observador de Otoño de 2023).

Marjorie Pamintuan, de la OSC holandesa Recourse comentó: “el OMGI tiene un historial de permitir proyectos de combustibles fósiles, y sigue apoyando centrales eléctricas de gas fósil hasta el día de hoy. Con esta nueva LoA, el Grupo Banco Mundial está contribuyendo una vez más a prolongar la era de los combustibles fósiles, aunque sea indirectamente, ayudando a los grandes contaminadores a obtener un pase libre para continuar con sus negocios sucios. En lugar de respaldar mercados voluntarios de carbono no probados e ineficaces, el OMGI debería dar prioridad a las garantías para proyectos de transición energética justos y limpios en los países más vulnerables al clima”.