La Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo de préstamos al sector privado del Banco Mundial, está bajo escrutinio por no abordar los daños causados por su apoyo a Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC), que financió diez centrales eléctricas de carbón en Filipinas. El proyecto produjo desplazamientos forzados, problemas de salud y daño ambiental. Sin embargo, un informe sobre la gestión de diciembre de 2024 de la CFI no indicó planes para abordar estos daños. Por otra parte, un informe de enero del Defensor del Pueblo (CAO, por su sigla en inglés), el mecanismo independiente de rendición de cuentas de la CFI, confirmó que, si bien la CFI identificó riesgos específicos, los impactos reales siguen sin abordarse.

Este caso es un ejemplo más de los riesgos asociados a los préstamos de los intermediarios financieros, en los que los bancos públicos de desarrollo invierten en bancos privados, priorizando el beneficio sobre la normas ambientales y sociales (véase el Observador de Primavera de 2024 y el de Invierno de 2023). Las organizaciones de la sociedad civil han calificado esto como un “fracaso moral y un riesgo para la reputación” del Grupo del Banco Mundial, especialmente debido a los compromisos de remediar los daños asociados con sus actividades de financiamiento.

“Ocho años después de la presentación de la denuncia, y cuatro años después de que el CAO determinara que la CFI había violado sus Normas de Desempeño, las comunidades afectadas continúan exigiendo soluciones mientras enfrentan las realidades diarias de contaminación, enfermedad, desplazamiento, falta de agua y amenazas y represalias, que solo han empeorado desde entonces”, señaló Aaron Pedrosa, del Movimiento Filipino por la Justicia Climática. “El nuestro no es solo un caso de testeo de los reclamos iniciados bajo la nueva política del CAO, es una prueba para que la CFI, y el Grupo del Banco Mundial en general, ofrezcan soluciones cuando sus inversiones directas o indirectas causen daño a las personas y al planeta”, subrayó.