En diciembre la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI publicó su evaluación de la Política de Acceso Excepcional (EAP, por su sigla en inglés) del Fondo. Establecida en 2002, la EAP tenía por objeto imponer salvaguardias más estrictas a los países que solicitaban préstamos del FMI más allá de los límites normales – topes de endeudamiento estándar basados en la cuota de un país. Para calificar, los países deben cumplir con cuatro criterios, entre ellos experimentar graves presiones en la balanza de pagos y demostrar la sostenibilidad de la deuda.
Presiones políticas y falta de imparcialidad
La evaluación de la OEI planteó importantes preocupaciones, señalando que la EAP “no ha proporcionado un estándar sustancialmente más alto para los programas de acceso excepcional (AE) en comparación con los programas de acceso normal (AN)”. La visión ad-hoc del Fondo, “a menudo en respuesta a casos de alto perfil, creó una percepción de falta de imparcialidad”, lo que expuso al FMI a un “presión política para proporcionar AE incluso cuando las perspectivas de éxito eran malas o la carga de la deuda soberana probablemente insostenible, aumentando los riesgos para la posición financiera del Fondo”.
Un estudio de 2020 del Boston University’s Global Development Policy Center, con sede en Estados Unidos, constató que, en general, los países con mayor poder de voto en el FMI, lazos comerciales más fuertes con Europa Occidental o alineamiento con Europa Occidental en la Asamblea General de las Naciones Unidas tendían a recibir condiciones de consolidación fiscal menos estrictas en los programas del FMI.
A pesar de que Argentina no cumplió con las condiciones, el FMI aprobó el AE y continuó con los desembolsos hasta que el gobierno perdió las elecciones de 2019.Francisco J. Cantamutto, Universidad Nacional del Sur, Argentina
Empeoramiento de los riesgos de deuda y la dependencia económica
La OEI destacó que el exceso de optimismo en las evaluaciones de sostenibilidad de la deuda y las proyecciones macroeconómicas era más pronunciado en los programas de la EAP, en los que “el acceso al FMI se convierte efectivamente en un sustituto de la reestructuración necesaria”. Sean Hagan, ex consejero general del FMI afirmó en un artículo de enero de 2025 del Financial Times que “los acreedores privados temen quedar subordinados al FMI en caso de una futura – y potencialmente muy probable – reestructuración de la deuda”. La OEI declaró que la EAP era “generalmente ineficaz para catalizar las entradas de capital privado y rara vez implicaba la reestructuración de la deuda”.
El préstamo de USD 57.000 millones del FMI a Argentina en 2018, el mayor de su historia, ejemplifica estas preocupaciones (véase el Observador de Primavera de 2022). A pesar de las dudas sobre la sostenibilidad de la deuda argentina, el FMI procedió a otorgar préstamos en el marco de la EAP, admitiendo en su evaluación ex-post que se “entendía bien que era de alto riesgo”. La presión política también influyó en la decisión: el gobierno argentino dijo que el préstamo respaldaba la reelección del ex presidente Mauricio Macri (véase el Observador de Primavera de 2022).
Francisco J. Cantamutto, economista de la Universidad Nacional del Sur y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, afirmó: “A pesar de que Argentina no cumplió con las condiciones, el FMI aprobó el AE y continuó con los desembolsos hasta que el gobierno perdió las elecciones de 2019. Durante este período, el Fondo financió una salida de capital de USD 45.100 millones, en contra de su propio acuerdo constitutivo”.
La OEI formuló cinco recomendaciones a la EAP, entre ellas la realización de revisiones periódicas de los límites de acceso para evaluar si satisfacen adecuadamente las necesidades de la balanza de pagos de los miembros, y la introducción de una cláusula excepcional para situaciones en las que los programas de AE no cumplan los criterios de la EAP, aunque esto amenace con crear una laguna para el acceso al AE por motivos políticos, tal como advirtió Sean Hagan. En su respuesta formal, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, dijo que era “necesaria una revisión por parte del Fondo de las normas que rigen el AE para garantizar que la política siga siendo adecuada para su propósito en un contexto mundial en evolución”.