El 11 de febrero el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) celebró su Séptima Reunión intersesional sobre los Derechos Humanos y la Agenda 2030, subrayando las consecuencias para los derechos humanos de la evolución de la crisis de la deuda (véase el Observador de Primavera de 2024 y el de Otoño de 2023) y el hecho de que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) están muy fuera de curso. Las palabras de apertura del evento, incluidas las de Volker Türk, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, destacaron la necesidad de aprovechar la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de la ONU (FpD4), que tendrá lugar del 30 de junio al 3 de julio, para reformar la arquitectura financiera internacional (IFA, por su sigla en inglés) de modo que apoye de manera proactiva el respeto de los derechos humanos. Türk subrayó que “la arquitectura actual de la deuda no funciona… el servicio de la deuda no debe poner en peligro los compromisos internacionales de un Estado en materia de derechos humanos, que son un requisito legal”.

La reunión buscó proporcionar espacio y compartir perspectivas sobre los derechos humanos y la implementación de la Agenda 2030, explorar nuevas medidas que el CDH podría tomar para apoyar la realización acelerada de los ODS y fortalecer el financiamiento, e identificar oportunidades para mejorar la cooperación entre el Foro Político de Alto Nivel (HLPF) sobre el Desarrollo Sostenible y los derechos humanos. La jornada comprendió dos debates temáticos: “Reformar la arquitectura de la deuda mundial para acelerar el progreso en materia de derechos humanos y de los ODS” y “Aplicación de una lente de derechos humanos para ir más allá del PIB”.

Los participantes reiteran la necesidad urgente de reformar la arquitectura internacional de la deuda soberana

La sesión sobre la reforma de la arquitectura de la deuda, moderada por el Bretton Woods Project, exploró cómo las normas y estándares de derechos humanos pueden guiar la revisión de la arquitectura de la deuda mundial solicitada en el Pacto para el Futuro (Acción 50) a través de un debate entre un alto funcionario de Derechos Humanos, dos embajadores del Sur Global y un participante de la sociedad civil de Sri Lanka. La mesa redonda se complementó con las reacciones y declaraciones de los representantes de los países.

El servicio de la deuda no debe poner en peligro los compromisos internacionales de un Estado en materia de derechos humanos, que son un requisito legalVolker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos

En sus intervenciones, los países miembros hicieron hincapié en que la crisis de la deuda es una crisis de derechos humanos que solo puede resolverse mediante un cambio en el paradigma económico y una reforma de la arquitectura de la deuda que permita a los Estados cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, incluida la prevención del retroceso, la maximización de los recursos disponibles para los derechos económicos, sociales y culturales y la lucha contra la discriminación y las desigualdades.

Los panelistas coincidieron en que la actual arquitectura de la deuda internacional, respaldada por el FMI y el Banco Mundial, el Marco Común del G20 y la Mesa Redonda sobre la Deuda Soberana Mundial, no ha respondido a la evolución de las crisis de la deuda. Destacaron la necesidad de reformas significativas en todos los aspectos de los procesos relevantes, desde los análisis de sostenibilidad de la deuda (véase Al interior de las instituciones, What is the World Bank & IMF debt sustainability framework for low-income countries?) a las negociaciones de la reestructuración de la deuda, y señalaron los desafíos que plantea el conflicto de intereses inherente del FMI como acreedor y actor clave en los procesos de análisis y reestructuración de la sostenibilidad de la deuda. Hubo consenso sobre varias cuestiones adicionales, entre ellas la urgencia de reformar el uso de los Derechos Especiales de Giro (véase el informe, Reconceptualising SDRs as a tool for development finance) y poner fin a los recargos punitivos del FMI (véase el Observador de Otoño de 2024). También se subrayó la necesidad de abordar los altos costes del capital en el Sur Global, la urgencia de revisar y regular el papel de las agencias de calificación crediticia y garantizar financiamiento adicional que genere financiamiento sin creación de deuda para apoyar el progreso en los ODS, incluso a través de los bancos multilaterales de desarrollo. Los panelistas destacaron la urgencia de garantizar la protección de los derechos humanos en tiempos de crisis y de mejorar la cooperación fiscal y la movilización de recursos domésticos.

Los participantes también hicieron hincapié en la necesidad de abordar la disparidad de poder dentro de los países y en el sistema multilateral general entre los encargados de la gestión financiera y fiscal y los responsables de las obligaciones en materia de derechos humanos. Destacaron la necesidad de que las Tesorerías y los Ministerios de Finanzas incorporen la salvaguardia de los derechos humanos en la formulación e implementación de políticas económicas y en sus esfuerzos por abordar los fallos estructurales de la IFA. En ese sentido, se reconoció que el Consejo de Derechos Humanos y la comunidad de derechos humanos en general deben hacer más para desarrollar herramientas concretas que los países, las instituciones multilaterales y la sociedad civil puedan utilizar en las negociaciones de reestructuración de la deuda, y en los casos en que el FMI realiza análisis de sostenibilidad de la deuda y diseña sus programas de financiamiento, a fin de garantizar que los países puedan cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.