En enero de 2025 Bloomberg informó sobre un comportamiento profundamente preocupante en varios hospitales privados, desde Uganda hasta Filipinas, con el apoyo de fondos de la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo de inversión privada del Banco Mundial. Estos hospitales, cuando se enfrentaban a personas que no podían pagar las tarifas de los usuarios, supuestamente negaban la atención de emergencia, detenían a los pacientes e incluso guardaban los cadáveres hasta que se recibía el pago, lo que sumía a las familias en la pobreza. Esta denuncia complementa las investigaciones anteriores de Oxfam (véase el Observador de Primavera de 2024).
Los mecanismos de Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) se han transformado en modalidades de financierización, es decir, de reestructuración económica en interés del sector financiero (véase el Informe, Financialisation, human rights and the Bretton Woods Institutions: An introduction for civil society organisations). En las últimas dos décadas, el financiamiento de los servicios esenciales se ha alejado de la simple privatización por parte de las empresas para centrarse en la inversión privada de las empresas financieras y en los flujos de ingresos de los fondos de pensiones y otros fondos. Tal como explican Julia Ngozi Chukwuma y sus colegas, el Banco Mundial ha respaldado estrategias que buscan oportunidades financieras lucrativas y que prioricen una alta rentabilidad para los accionistas en lugar de un impacto social positivo. En el ámbito de la asistencia sanitaria, se han integrado nuevos actores y enfoques financieros en los sistemas sanitarios nacionales.
Estas modalidades refuerzan la agenda de “miles de millones a billones” del Banco Mundial, que sostiene que, dada la insuficiencia de fondos públicos, se necesitan billones de dólares bloqueados en fondos de pensiones y otros fondos privados para alcanzar los ODS (véase el Observador de Verano de 2023). Definido por la economista Daniela Gabor como el “Consenso de Wall Street”, este enfoque implica convertir los bienes y servicios de desarrollo en activos financieros, con la AOD y las finanzas estatales canalizadas cada vez más como “financiamiento combinado” para ayudar a compensar los riesgos de los inversores y garantizar sus beneficios. De esta manera, el paradigma de “desarrollo como reducción de riesgos“ coloca la carga sobre el público, particularmente en el Sur Global. Tal como demuestra Ana Carolina Cordilha, uno de los efectos de la financierización en el sector sanitario es la internalización en su seno de comportamientos corporativos y financierizados, con consecuencias perjudiciales para la prestación de servicios.
Los ODS no se alcanzarán si dependemos de bienes y servicios comercializados.
La CFI ha sido un actor importante en la privatización y financierización de la salud, con más de USD 9.000 millones invertidos en la salud privada desde 1999. Por ejemplo, la CFI asesoró al gobierno de Lesotho en la estructuración de un contrato con inversores para desarrollar un hospital nacional de gestión privada. Una nota informativa de Oxfam del 7 de abril de 2014 informaba que la CFI ganó honorarios sustanciales tras la firma del contrato, mientras que los inversores privados obtuvieron un rendimiento anual de la inversión de entre el 17% y el 25%, muy por encima de las expectativas mundiales típicas.
Las inversiones de la CFI en salud impulsan los abusos contra los derechos humanos y aumentan los costos
Las evaluaciones de las inversiones de la CFI en servicios esenciales revelan importantes consecuencias negativas para las personas, los gobiernos, los sistemas, la rendición de cuentas democrática y la soberanía nacional. Por ejemplo, la Iniciativa Health in Africa, establecida en 2008, tenía como objetivo atraer USD 1.000 millones en inversiones. La revisión intermedia de 2012 destacó que se beneficiaron principalmente las poblaciones urbanas más ricas, se descuidó la equidad de género y la transparencia y, como era de esperar, los intermediarios priorizaron los rendimientos financieros sobre los resultados en salud. La investigación realizada por la New York University y Feminist Africa en la sanidad privada llegó a conclusiones similares. Dar prioridad a las instalaciones y la atención curativa sobre la atención primaria de salud y los servicios esenciales, como el agua potable, distorsionó la prestación de servicios.
La CFI promueve ampliamente las asociaciones público-privadas (APP) para atraer inversiones, suponiendo que el sector privado está mejor financiado y es más eficiente en la prestación de bienes y servicios. A pesar de la considerable evidencia sobre los riesgos, los bancos multilaterales de desarrollo y el Fondo Monetario Internacional (FMI) siguen presionando a los gobiernos para que creen entornos regulatorios y normativos que posibiliten las APP (véase el Observador de Otoño de 2022). La consecuente captura empresarial del desarrollo ha impulsado el crecimiento del endeudamiento público y la disminución del acceso a servicios públicos de calidad.
Dinámica actual: reciclar un modelo roto
En la actualidad, el financiamiento del desarrollo se está viendo perturbado. Los países endeudados asignan porciones cada vez mayores de sus escasas finanzas públicas para pagar inversiones comerciales y préstamos exorbitantes. A la hora de proporcionar el apoyo que tanto necesita, las instituciones financieras internacionales exigen medidas de austeridad y la intensificación de cambios estructurales para atraer a los inversores, lo que reduce el margen fiscal y de políticas para cumplir con las obligaciones en materia de derechos humanos relacionados con agua, sanidad y educación, todas ellas incluidas en los ODS (véase el Observador de Invierno de 2023).
La congelación de los programas de la USAID y el desvío de los fondos para el desarrollo por parte de Reino Unido hacia el gasto militar anuncian nuevas direcciones de la AOD, lo que enriquece a los inversores y carga a los países prestatarios con una deuda impagable. Aunque el economista jefe del Banco Mundial Indermit Gill declaró que la agenda de miles de millones a billones es “una fantasía”, es probable que las narrativas del Norte Global vuelvan a enfatizar la atracción de inversiones privadas que aún no se han materializado. Es probable que los costos estatales aumenten asumiendo más riesgos del sector privado y/o garantizando más ganancias.
En junio de 2022 los actores de la educación presionaron con éxito a la CFI para que dejara de financiar la educación privada, ya que el Banco Mundial congeló inversiones directas e indirectas en escuelas preescolares, primarias y secundarias privadas con fines de lucro (véase el Observador de Verano de 2022). La CFI debe volver a hacer lo mismo y honrar los llamamientos de larga data para que deje de financiar la atención médica con fines de lucro.
