El FMI y Milei, socios en la autocracia neoliberal argentina
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Resumen de artículo
- El FMI aprueba nuevo préstamo de USD 20.000 millones para Argentina en 2025, pese al desastroso programa de 2018
- Nuevo programa apoya el mayor ajuste fiscal de la historia del país
- El FMI es cómplice de los impactos en los derechos humanos de las políticas neoliberales autocráticas del gobierno
Después de siete años, y 20 acuerdos desde 1956, en el marco de los programas del FMI, Argentina sigue en crisis económica. Tras un breve período de ausencia, el FMI regresó en 2018 en medio de una crisis que ha durado desde entonces. La actual presidencia ortodoxa de Javier Milei está implementando un plan de austeridad regresivo que está en desacuerdo con la legislación internacional en materia de derechos humanos, mientras el FMI refuerza su complicidad.
El gobierno de Milei asumió el cargo en diciembre de 2023, prometiendo en campaña el mayor ajuste fiscal de la historia del país. Esta propuesta de política económica choca directamente con el Estado de Derecho. Con una pequeña minoría de legisladores en el Parlamento, sin gobernadores ni alcaldes, Milei ha gobernado sobre la base de decretos ejecutivos, sin mayor discusión ni aprobación parlamentaria. De hecho, no hay un presupuesto nacional aprobado para 2025. La razón dada por el ministro de Economía para eludir la Constitución es que el gobierno no acudió al Parlamento según la ley de endeudamiento nacional porque no tenía los votos para aprobarla.
La política económica ortodoxa tiene efectos nocivos sobre la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones internacionales jurídicamente vinculantes en materia de derechos humanos. En 2024 el gasto público cayó un 25%, del cual un tercio venía de los recortes en el sistema de pensiones, lo que provocó persistentes protestas de los jubilados, que han sido duramente reprimidas. La policía reprimió incluso a periodistas que cubrían los hechos. El ajuste ha supuesto la interrupción de programas dirigidos a la primera infancia, a las víctimas de violencia de género, al sistema de alerta temprana de fenómenos meteorológicos extremos y a la provisión de medicamentos para tratamientos prolongados, entre otros ejemplos dramáticos. Los sistemas de educación, ciencia y tecnología tienen los presupuestos más bajos en dos décadas.
El gobierno festeja el superávit fiscal obtenido porque oculta, en las cuentas públicas, el crecimiento de los intereses devengados asociados a la expansión de la deuda pública. El gobierno de Milei está utilizando el ajuste fiscal como ancla para reducir la inflación. Para lograrlo, también está utilizando otras dos anclas: la caída de los salarios reales y el tipo de cambio. A pesar de la evaluación del FMI sobre el éxito del programa, el ancla requiere un flujo creciente de dólares entrantes. Y estos dólares se han agotado debido a los persistentes pagos de intereses de la deuda. En ese contexto, el FMI reaparece para sumar un flujo de dólares para extender por algún tiempo el plan de austeridad de Milei.
El dañino (autopercibido) “rescate” del FMI
Argentina tiene una larga y nefasta historia con el FMI. Desde que firmó un Acuerdo Stand By en 2018, el país se ha visto atrapado en una espiral descendente de recesión e inflación (véase el Observador de Verano de 2018). Tal como ha reconocido el entonces director ejecutivo de Estados Unidos en el FMI, Mauricio Claver-Carone, el acuerdo tenía como objetivo apoyar al entonces presidente Mauricio Macri. El FMI prestó unos USD 44.500 millones, que financió una fuga de capitales por una cantidad equivalente, hasta que el gobierno perdió las elecciones. En medio de una crisis cambiaria y financiera, Argentina entró en incumplimiento parcial en 2019.
En 2022 firmó un nuevo acuerdo de línea de crédito ampliado, para financiar el reembolso del acuerdo de 2018 (véase el Observador de Primavera de 2022), con el compromiso de realizar un ajuste fiscal, reducir la emisión monetaria y acumular reservas. A pesar de la crítica revisión de su propia Oficina de Evaluación Independiente, el FMI no hizo nada al respecto. No concedió el alivio, por el contrario, sobrecargó el país, a través de su política de contraproducentes e ilegales recargos, por el monto prestado y los plazos de pago. Después de siete años bajo la supervisión relacionada con el programa del FMI, el país no recuperó el acceso a los mercados de capital, lo que hace que la posibilidad de reembolso a la organización no sea creíble.
En 2025 el FMI profundizó su apuesta con Argentina, al financiar el ajuste de un gobierno ultraortodoxo con un préstamo de USD 20.000 millones. Convencido de que se trata de una tarea dolorosa pero necesaria, el Fondo omite toda consideración y, de hecho, no mide los efectos sociales de estas políticas. A propósito de la declaración del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, de que el FMI debe volver a concentrarse en sus misiones centrales, el fracaso reiterado de la participación del FMI en Argentina y el fuerte apoyo de Estados Unidos al programa actual ponen de relieve el impacto de la distribución desigual del poder de la institución y el déficit democrático en la capacidad del Fondo para promover la estabilidad macroeconómica. El préstamo fue reforzado por las promesas de USD 22.000 millones adicionales del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
La Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, llegó a expresar la necesidad de apoyar al gobierno en las elecciones legislativas de 2025, aunque luego buscó retractarse de su declaración. Con estos fondos viene la presión para avanzar en reformas laborales y en materia de seguridad social regresivas, junto con la privatización de empresas públicas. Ninguno de los requisitos está asociado a la mejora de las condiciones de vida o el bienestar de la población. Desafortunadamente, esto no es nada nuevo, ya que el FMI continúa promoviendo ampliamente las políticas de austeridad, que debilitan los derechos humanos a medida que avanzan.
Más allá de eso, y bajo los propios términos del Fondo, la pregunta central es qué acreedor privado le prestará a la Argentina, si el FMI es considerado como un acreedor privilegiado, y tiene un saldo de casi USD 60.000 millones a su favor. El retorno al mercado de capitales sólo parece posible en condiciones que serían desastrosas para el país. Para superar estas dificultades, se espera que el crecimiento de las exportaciones primarias (agricultura, minería e hidrocarburos en yacimientos no convencionales) ayude al pago de la deuda. Estos sectores generan pocos empleos dignos y tienen graves impactos ambientales. No parece ser una salida que vaya a mejorar la vida de los argentinos. Tal vez por esta razón, el gobierno de Milei se ha vuelto cada vez más represivo. Sabiendo esto, el FMI decide seguir adelante. Judicialmente, a esto se le llama complicidad.
