El fallo de la Corte Internacional de Justicia desencadena un ‘terremoto’ sobre las obligaciones de los países de abordar la crisis climática
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Resumen de artículo
- Landmark opinion affirms states have a binding legal duty to prevent climate harm, including due to expanding fossil fuel production.
- The wide-ranging opinion has implications for governments’ voting positions on climate-related issues at the World Bank and other IFIs.
Una nueva opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Países Bajos, el 23 de julio fue aplaudida por los defensores del clima, por considerar que reivindica “la ciencia del clima como ley”.
La opinión histórica afirmó que los países tienen el deber legal vinculante de prevenir el daño climático y proteger los derechos humanos de los impactos del cambio climático. Es probable que el fallo tenga implicaciones de gran alcance, incluso en el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales (IFI).
“Este fallo trascendental del tribunal más importante del mundo no solo marca un punto de inflexión en el derecho internacional, sino un punto de no retorno en el camino hacia la justicia climática y la rendición de cuentas” dijo Nikki Reisch, del Center for International Environmental Law de Estados Unidos. “El mensaje es claro: no hay excepción para la destrucción del clima, según el derecho internacional, y no existe ningún impedimento legal o técnico para responsabilizar a los países por el daño resultante”, agregó.
Según los defensores del clima que contribuyeron con pruebas al caso de la CIJ, el fallo podría requerir políticas climáticas más estrictas en las IFI, para que los países cumplan con sus obligaciones. Incluso retirarse del Acuerdo de París, como hizo Estados Unidos, no libera a los países de sus obligaciones, según el fallo de la CIJ.
Si bien varios países se han movido para fortalecer sus posiciones de ‘voz y voto’ en el Banco Mundial para alinearse con una eliminación más amplia del apoyo público a los combustibles fósiles desde el lanzamiento de la Alianza para la Transición a la Energía Limpia en la COP26 en 2021 (véase el Observador de Invierno de 2021), es probable que el fallo de la CIJ traiga consigo un mayor escrutinio a las actividades del Banco Mundial, dado que los países accionistas son sus propietarios finales.
Fin de la impunidad climática para las empresas de combustibles fósiles y sus financiadores privados
Según el bufete de abogados británico Leigh Day, la CIJ concluyó que el cambio climático es una amenaza urgente y existencial y que la falta de acción de los países para abordar esta crisis constituye un “acto internacionalmente ilícito”. Los abogados señalaron que “los países [que no actúan] podrían ser considerados responsables según el derecho internacional y que otros países podrían emprender acciones legales contra ellos”, lo que podría resultar en dictámenes legales “para que cesen sus actividades dañinas y rectifiquen los problemas que han causado o proporcionen una compensación”.
La CIJ identificó “actividades específicas que dañan el clima, como la producción, el consumo, las licencias de exploración y los subsidios de combustibles fósiles, que ahora podrían considerarse actos internacionalmente ilícitos”. Indicó que los países deben “regular adecuadamente las actividades de los actores privados y podrían ser considerados responsables de los daños causados por sus emisiones si no lo hacen”.
El fallo de la CIJ contrasta con los tribunales de solución de controversias entre inversores y Estados, incluido el Centro Internacional de Solución de Controversias, auspiciado por el Banco Mundial, donde se ha presentado una cantidad récord de reclamos de inversores relacionados con proyectos mineros y de combustibles fósiles en 2025, en busca de compensación de los países que intentan eliminar gradualmente las actividades intensivas en carbono (véase el Observador de Otoño de 2022).
