Más allá de los préstamos: los impactos de las condicionalidades del FMI en Argentina sobre los derechos humanos
•
Resumen de artículo
- Los programas del FMI, anclados en condicionalidades, han mantenido a Argentina atrapada en un ciclo de crisis, deuda y ajuste desde 2018.
- La reducción del sistema de pensiones, los salarios públicos, la inversión pública y las políticas de protección social revelan una política de acreedores primero, personas y ecosistemas al final.
- El FMI debe incorporar sistemáticamente evaluaciones de impacto distributivo de sus condicionalidades, para medir sus efectos reales sobre la desigualdad de ingresos, el género y la justicia ambiental.
La relación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es una de las más controvertidas en la historia de la institución (véase el Observador de Verano de 2025 y el de Otoño de 2019). Los programas del FMI, anclados en condicionalidades, han mantenido al país atrapado en un ciclo de crisis, deuda y ajuste desde 2018.
El debate sobre las implicaciones de las condicionalidades ha cobrado urgencia en 2025, mientras el FMI lleva a cabo la primera revisión del diseño y la condicionalidad de los programas desde 2018 (véase el Observador de Verano de 2019). Los funcionarios estadounidenses han exigido que el FMI ‘vuelva a lo básico’, centrándose en la supervisión fiscal, monetaria y financiera, en lugar de en ‘cuestiones emergentes’ como el clima, el género y la desigualdad. En 2023 Javier Milei, un negacionista climático de extrema derecha, ganó las elecciones presidenciales y el FMI le ordenó realizar el mayor ajuste fiscal de la historia del país, incluido un gran ajuste inicial de alrededor del 5% del PIB, un objetivo muy ambicioso. Éste se basó en la reducción del sistema público de pensiones, los salarios públicos, la inversión pública y las políticas de protección social.
¿Quién paga el costo?
La austeridad traslada la carga del ajuste a los menos capaces de soportarlo. Las mujeres, los pueblos indígenas, los migrantes y las comunidades de primera línea han soportado los costos más altos. Entre 2023 y 2025 el gasto social cayó un 17%, lo que marca el nivel más bajo desde 2010, mientras los programas ambientales fueron destruidos – los fondos para la conservación de los bosques se redujeron en un 80%, se recortaron más de dos tercios de la promoción de energías renovables y la capacidad de gestión de incendios se redujo en más del 35%.
El cierre del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad y el desmantelamiento de programas como Acompañar y Línea 144 dejaron a las sobrevivientes de violencia de género sin apoyo institucional. Se eliminó el programa de Educación Sexual Integral, mientras que el “Plan ENIA” para la prevención del embarazo adolescente perdió más del 80% de su financiamiento en comparación con 2021. En 2025 se cerraron 13 programas que dependían del financiamiento del antiguo Ministerio de la Mujer. Los recortes en la atención médica y la educación intensificaron la demanda de trabajo de cuidado no remunerado, un subsidio invisible extraído de las mujeres para compensar la reducción del Estado.
Mientras tanto, la protección de los pagos a los acreedores contrasta fuertemente con la erosión de la protección social y la acción climática. La deuda pública disminuyó un 21,2%, un porcentaje inferior al presupuesto general mientras la Secretaría de Inteligencia del Estado vio aumentar su presupuesto real en un 19,2%. Esto revela una jerarquía de prioridades: los acreedores primero, las personas y los ecosistemas al final.
Al privilegiar las exportaciones de combustibles fósiles, el programa respaldado por el FMI socavó los compromisos climáticos de Argentina en el marco del Acuerdo de París y aceleró la degradación ecológica. Estos proyectos se promueven como motores para generar divisas para el pago de la deuda, pero afianzan la dependencia de los combustibles fósiles de Argentina y ponen a las comunidades vulnerables en mayor riesgo de desastres relacionados con el clima. Promovidos como fuente de divisas, estos proyectos extractivos, como el fracking en Vaca Muerta, aceleran la degradación ecológica y amenazan los derechos fundamentales, incluido el acceso al agua potable y a un medio ambiente saludable (véase el Observador de Primavera de 2020).
Mirando hacia el futuro: revisión de la condicionalidad por parte del FMI
La RoC es una prueba clave de cómo la institución define la ‘sostenibilidad’ de la deuda. El caso de Argentina muestra por qué el FMI debe incorporar sistemáticamente evaluaciones de impacto distributivo de sus condicionalidades, para medir su efectos reales sobre la desigualdad de ingresos, el género y la justicia ambiental. Esto requerirá garantizar una participación y transparencia significativas y trabajar junto con el apoyo de las divisiones especializadas en derechos humanos de la ONU, las comunidades afectadas y las organizaciones de la sociedad civil.
Más allá de las reformas procesales que están dentro del alcance de la RoC, la sociedad civil pide la eliminación de los recargos del FMI (ver el Observador de Otoño de 2024), que drenan el escaso espacio fiscal de los países endeudados y un cambio hacia métricas no centradas en el PIB, que midan el éxito del programa no solo por las tasas de crecimiento sino también por los indicadores de bienestar, igualdad y equilibrio ecológico. También son esenciales nuevos enfoques para la sostenibilidad de la deuda, que hagan hincapié en los derechos humanos, la justicia de género y las consideraciones climáticas, así como un marco integral de alivio de la deuda, que incluya la cancelación total de la deuda para todos los países de ingreso bajo y medio que lo requieran, y un mecanismo permanente basado en las Naciones Unidas para prevenir y resolver las crisis de la deuda. El servicio de la deuda debe suspenderse en caso de crisis políticas, climáticas, ambientales, económicas o de seguridad, para proteger a los países de cargas financieras catastróficas en tiempos de crisis. En 2023, por ejemplo, Argentina enfrentó una sequía que exigió el 3% de su PIB. El FMI no modificó los pagos de la deuda.
Sin tales cambios, el FMI volverá a reproducir y profundizar las mismas crisis que dice resolver. Las condicionalidades que privilegian a los acreedores y al capital fósil sobre las personas y los ecosistemas no son un camino hacia la estabilidad, sino hacia una mayor desigualdad y vulnerabilidad climática. La RoC debe reconocer que la estabilidad macroeconómica no puede construirse sobre la erosión de los derechos, los sistemas de cuidado y el medio ambiente.
