El cierre del caso Tata Mundra por parte del Defensor del Pueblo envía un mensaje escalofriante a las comunidades afectadas por el proyecto en busca de justicia
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Resumen de artículo
Las comunidades de Tata Mundra quedan sin justicia ni reparación tras el cierre del caso por parte del CAO, lo que exacerba las preocupaciones sobre la falta de rendición de cuentas en proyectos financiados por la CFI.
La organización de la sociedad civil estadounidense EarthRights informó el 10 de octubre que el mecanismo independiente de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo de préstamos al sector privado del Banco Mundial, el Defensor del Pueblo (CAO, por su sigla en inglés), cerró su investigación sobre el proyecto de central eléctrica de carbón Tata Mundra en India, que se abrió en 2011 (véase el Observador de Verano de 2014 y el de Invierno de 2013). El CAO cerró el caso a pesar de concluir que el “proceso ha sido insatisfactorio para los denunciantes, cuyas preocupaciones sobre la salud, los medios de vida y el medio ambiente siguen sin resolverse”.
La búsqueda de justicia de las comunidades resultó en una demanda judicial histórica en 2015, seguida por la decisión histórica de la Corte Suprema de EE. UU. en 2019 de que la CFI no tiene el beneficio de la inmunidad absoluta ante la ley, tal como había afirmado (véase el Observador de Verano de 2022 y el de Primavera de 2019). La perseverancia y las luchas de las comunidades de pescadores afectadas se plasmaron en un documental de 2024, The Fisherman and the Banker, pero a pesar de los esfuerzos de larga data, las comunidades siguen sin obtener reparación ni compensación.
Joe Athialy, del Centre for Financial Accountability, con sede en India, lamentó: “Al cerrar este caso sin garantizar una reparación para las personas, el CAO está recompensando a la CFI por violar sus propias políticas y por no tomar ninguna medida correctiva. No se puede permitir que esto siente un precedente para que la CFI o cualquier institución financiera internacional eluda la responsabilidad por los graves impactos que han causado sus inversiones”.
La difícil situación de las comunidades de Tata Mundra no es única, tal lo demuestran casos en Filipinas e Indonesia, entre otros. Aaron Pedrosa, del Philippine Movement for Climate Justice, enfatizó: “Es un día triste para todas las comunidades afectadas por proyectos, incluidas las de Filipinas, que esperan que el CAO brinde reparaciones significativas por los daños. Esto será una mancha indeleble en el historial del CAO: un fracaso flagrante del mecanismo de rendición de cuentas de la CFI. El CAO envía un mensaje escalofriante a aquellos de nosotros que todavía luchamos por la justicia y la rendición de cuentas por las inversiones perjudiciales de la CFI”.
