El FMI inicia una revisión de su estrategia de participación de la sociedad civil en medio de crecientes protestas contra sus políticas
•
Resumen de artículo
La consulta pública sobre la revisión de su Estrategia de Participación de la Sociedad Civil de 2015 del FMI se abre en medio de un aumento de las protestas contra las políticas del FMI en los países con programas.
En octubre el FMI anunció que había abierto una consulta pública, que cerrará el 13 de enero de 2026, sobre la revisión de sus Directrices de 2015 relativas a la Colaboración del Personal del FMI con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). La revisión tiene por objeto “hacer un balance de los avances desde que se publicaron [las] directrices en 2015… [y] considerar… la mejor manera en que, en el FMI, podemos colaborar con la comunidad de OSC en el ámbito nacional, regional y mundial”.
La revisión surge a raíz de la presión de larga duración de la sociedad civil para mejorar la colaboración, incluida una carta de las OSC de septiembre de 2024 que exigía una revisión de las directrices de 2015 (véase el Observador de Otoño de 2024). La revisión se lleva a cabo en el contexto de una creciente inestabilidad social y política y de protestas contra la austeridad exigida o respaldada por el FMI (véase el Observador de Otoño de 2025, el de Invierno de 2024 y el de Verano de 2021), con dos revisiones clave del FMI en materia de políticas en curso (véase el Observador de Otoño de 2025 y el de Verano de 2025).
El FMI ha reconocido desde hace tiempo lo que la revista The Economist denominó en junio de 2024 su “problema de las protestas”. Un evento de alto nivel en las Reuniones Anuales del FMI en Washington en octubre, titulado “Strengthening governance through the IMF: Lessons from Kenya and beyond”, reflejó tanto el reconocimiento del Fondo de la necesidad de mejorar su colaboración con diversas partes interesadas, como un desafío clave: la propensión de la institución a evadir la responsabilidad por las consecuencias de sus propios programas.
Andrés Arauz, del Centre for Economic Policy Research, con sede en EE. UU., enfatizó que, “El Fondo debería reconocer a la oposición parlamentaria como una parte interesada válida con la que colaborar, ya que es más probable que las preocupaciones de las OSC entren en el diálogo en materia de políticas a través de la oposición” y añadió que, “también debería abrir el diálogo con las OSC sobre la legislación internacional en materia de derechos humanos universalmente aplicable, sobre la naturaleza vinculante de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sobre el estatus legal de los acuerdos del FMI como tratados internacionales sujetos a la convención sobre tratados entre estados y organizaciones internacionales”.
