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Un nuevo informe desmiente las afirmaciones del Banco Mundial y del FMI de que la protección social universal es inasequible

Granddaughter visiting her grandmother at a care facility room. Photo: Unai Huizi Photography/ Shutterstock
Nieta visitando a su abuela. Foto: Unai Huizi Photography/ Shutterstock

Resumen de artículo

Un nuevo informe de Development Pathways y Act Iglesia of Sweden se suma a la base de evidencia que contradice las afirmaciones del Banco Mundial y el FMI, entre otros, de que la protección social universal es inasequible.

El 4 de diciembre de 2025 las OSC Development Pathways y Act Church of Sweden lanzaron un informe titulado “Beyond the unaffordability myth: a pragmatic approach to universal social security“. Mientras los Estados se encuentran bajo una presión cada vez mayor para hacer frente a sus supuestamente insuperables restricciones fiscales, recortar los servicios sociales y adoptar medidas de austeridad (véase el Observador de Verano de 2025 y el de Primavera de 2025), el informe realiza una importante contribución empírica a la bibliografía que rebate el argumento de que la protección social universal es inasequible. De hecho, este argumento ha sido utilizado durante mucho tiempo por el Banco Mundial y el FMI como justificación de su firme apoyo a las medidas de protección social focalizadas (véase el Observador de Primavera de 2024 y el de Otoño de 2023), a pesar de los problemas de focalización bien documentados, como las elevadas tasas de exclusión, tal como sostiene el nuevo libro de Matthew Greensdale, “Beyond the World Bank: The Fight for Universal Social Protection in the Global South».

El informe, que va acompañado de una herramienta de cálculo de costos, se aparta del enfoque metodológico basado en la línea de pobreza (como el utilizado por la OIT en 2024) y opta, en su lugar, por utilizar como punto de partida los niveles de apoyo existentes en otros países de ingresos similares. Tal como destaca el documento, este enfoque le permite mantener la “coherencia con un marco de derechos humanos, ya que [el informe] proporciona estimaciones de costos que los Estados pueden financiar de forma realista con recursos nacionales”. También sostiene que el enfoque seleccionado permite introducir los regímenes de forma gradual, lo que garantiza que el derecho a la seguridad social se “haga realidad progresivamente” de acuerdo con las normas de derechos humanos. Lena Simet, de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, subrayó: “la legislación sobre derechos humanos es clara en cuanto a que el derecho a la seguridad social debe realizarse progresivamente utilizando el máximo de los recursos disponibles. Este informe muestra que los sistemas universales están al alcance de la mano, incluso en contextos fiscales restringidos. Lo que se necesita ahora es la voluntad política para hacerlo realidad”.