Venezuela, el FMI y la ‘doctrina Monroe 2.0’ de Trump
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Resumen de artículo
La mayoría de la Junta del FMI debe reconocer al gobierno venezolano para liberar los DEG del país de la asignación general de 2021.
Preocupación constante entre las OSC de que estos fondos cruciales no lleguen a las personas que más los necesitan.
El destino de Venezuela, un país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, es una muestra del importante papel que desempeña el FMI en la geopolítica. Aunque la institución ha negado tradicionalmente que desempeñe un papel explícitamente político – afirmación desmentida por investigaciones académicas y de la sociedad civil (véase Al interior de las instituciones, What are the main criticisms of the World Bank and the IMF?) – puede influir en la política nacional de los Estados, entre otras cosas, mediante la concesión o denegación del acceso a los Derechos Especiales de Giro (DEG; véase Al interior de las instituciones, ¿Qué son los Derechos Especiales de Giro (DEG)?). El Fondo también tiene un largo historial de apoyo a regímenes autoritarios, al neoliberalismo y al extractivismo en América Central y América del Sur (véase el Observador de Verano de 2025). Su posición es especialmente significativa en el contexto de la ‘doctrina Monroe 2.0’ del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que prescinde del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas para lograr la hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental, y que hasta ahora ha desembocado en una operación militar contra Venezuela y ha contribuido a profundizar la crisis humanitaria en la vecina Cuba.
¿Aliviará el reingreso del FMI el sufrimiento económico del pueblo venezolano?
Para que un país pueda acceder a sus DEG, su gobierno debe ser primero ‘reconocido’ por una mayoría del Directorio del FMI. Se ha impedido a Venezuela acceder a USD 4.600 millones de sus DEG – la parte que le corresponde al país de la asignación de USD 650 mil millones del Fondo en 2021, lo que la habría convertido en uno de los mayores beneficiarios en términos de porcentaje del PIB – ya que los países con una participación de voto mayoritaria en el FMI se negaron a reconocer al gobierno de Nicolás Maduro. Esto plantea interrogantes sobre la hipocresía de la institución, dado que ha mantenido relaciones constantes con Estados que violan el derecho internacional, incluido el régimen del apartheid en Sudáfrica. Los llamamientos para que el FMI libere los DEG, que son cruciales para aliviar el sufrimiento económico del pueblo venezolano, dependen ahora del reconocimiento por parte del Directorio del FMI de la nueva administración de Delcy Rodríguez.
Estados Unidos ha indicado que estaría dispuesto a convertir los DEG de Venezuela a dólares estadounidenses al mismo tiempo que la industria petrolera del país, de importancia estratégica, se ha abierto a la privatización, revirtiendo las reformas introducidas bajo el mandato del difunto presidente Hugo Chávez. Mientras el Directorio del FMI debate el reconocimiento de las autoridades estatales, su análisis más reciente destacó la preocupación por la deuda externa del país, que estimó en un 180% del PIB a febrero de 2026. Esto podría sentar las bases para las reformas neoliberales que algunos analistas consideran necesarias, o podría utilizarse para justificar un mayor desarrollo de los activos de petróleo y gas, potencialmente bajo un préstamo del FMI, lo que significaría que se pagaría a los acreedores externos mientras los fondos de las ventas de petróleo fluyen hacia cuentas controladas por Estados Unidos.
Daniela Berdeja Ruiz, de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), explicó: “Las decisiones sobre la asignación y el uso de los recursos financieros internacionales no deben estar sujetas a consideraciones políticas que perjudiquen a los países con menos voz e influencia. Por lo tanto, los DEG deben asignarse a todos los miembros del FMI de forma directa e inmediata, sin impedimentos ni condiciones, y su uso debe seguir siendo plenamente soberano, de acuerdo con las necesidades y prioridades nacionales. El hecho de que no se respeten estos principios, como ocurre con Venezuela, pone de manifiesto la urgencia de una verdadera reforma de la gobernanza [en el Fondo]”.
