La influencia de las instituciones financieras internacionales no reformadas y los intereses de los acreedores en las soluciones de la deuda en los países de ingreso bajo y medio plagados de retrasos e ineficaces cuando se emprenden.
Mientras el mundo celebra el 75.º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es hora de que los accionistas del FMI aprovechen las oportunidades que brinda el aniversario y los crecientes llamados a reformar la arquitectura financiera internacional para rediseñar las estructuras de gobernanza y los programas del FMI a fin de garantizar que estén en consonancia con los compromisos esbozados en 1948 y con la legislación internacional en materia de derechos humanos.
La sociedad civil insta al FMI a responder a la carta de la ONU y finalmente tomar medidas para revisar su política de recargos.
El nuevo programa EFF de Egipto probablemente profundizará la crisis de deuda del país, en lugar de ayudar a mejorar sus condiciones socioeconómicas.
57 OSC destacan la necesidad de cambios operativos en el nuevo esquema de rendición de cuentas del Banco Mundial para garantizar su eficacia.
El nuevo informe de Debt Justice destaca la necesidad urgente de mecanismos de renegociación de la deuda internacional, ya que los países se ven obligados a priorizar los pagos de la deuda.
Este Al Interior de las Instituciones analiza el tema de los sobrecargos, que son pagos de intereses adicionales que el FMI impone a países con grandes deudas pendientes con el FMI.
Este Al Interior de las Instituciones analiza los derechos especiales de giro del FMI, incluidos su historial y uso, con un enfoque en la asignación más reciente, que representa el 69 por ciento de los DEG desembolsados.
A medida que los países reanudan las obligaciones de pago de la deuda en medio de una recuperación desigual de la pandemia, las OSC piden la cancelación de la deuda y un mecanismo multilateral de renegociación de la deuda.
El Marco Común del G20 quedó como el único mecanismo multilateral para la suspensión de la deuda, mientras que el sector privado aún se niega a participar.
El asesoramiento del FMI dificulta que los países alcancen los objetivos de financiamiento de la educación acordados en la declaración de la ONU.
La sociedad civil y los académicos piden que se elimine la ventana del sector privado de la AIF20 y la reasignación de recursos para apoyar las respuestas del sector público a la pandemia.
Comprender la accidentada historia del Banco con la participación del público, la comunidad y la sociedad civil es clave para comprender qué está en juego y qué hacer a continuación.
